Pueden juez pedir información a telefónicas en caso de secuestro: SCJN

  • Prensa OEM
  • en Policía

La Prensa en línea

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó respecto a la investigación del delito se trata de personas, que es constitucional la facultad del Ministerio Público para solicitar información a empresas de telecomunicaciones, por tratarse de información no sujeta a reserva judicial u otros requisitos constitucionales, además de que no incluye la geolocalización.
Se proponía en un proyecto que se declarara la validez de que el Ministerio Público durante la fase de investigación podrá solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable.
Al respecto el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, expuso que en el proyecto se propone reconocer la validez del precepto, al estimarse que éste se limita a establecer una facultad de mera solicitud de la intervención de comunicación, la cual no puede interpretarse de manera aislada, sino de manera sistemática a la luz del artículo 16 Constitucional, y la legislación aplicable.
Ese punto fue aprobado por mayoria, el único que votó en contra del proyecto fue el ministro Arturo Zaldívar, quien expresó que una disposición que autoriza solicitar intervención de comunicaciones en términos de legislación federal o local aplicable, no da las suficientes garantías para los ciudadanos de cuál es el ámbito de competencia, y si se respeta o no la Constitución; “porque estas leyes, primero tendríamos que hacer un análisis si la legislación aplicable es Constitucional o no”.
“Por lo menos, en mi opinión, me parece que, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, adolece quizás de algún problema de constitucionalidad en cuanto a intervención de comunicaciones privadas”
En el pleno también fue validado el artículo 57, fracción II, de la Ley contra la Trata, que establece que el Ministerio Público durante la fase de investigación podrá solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, limitándose esta facultad a aquella información que no esté sujeta a reserva judicial o a otros requisitos constitucionales, por lo que no podrá incluir la intervención de comunicaciones y la geolocalización.
Finalmente, el proyecto proponía la invalidez del artículo 57, fracción III, que establecía que el Ministerio Público podrá, durante la etapa de investigación, autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, sin que la misma tenga una duración mayor a seis meses, en términos de la normatividad aplicable.
Asimismo la ministra Margarita Luna Ramos, expuso que el delito de trata de personas, es un delito que se opera por redes internacionales, “y bien es sabido que el rescate de las víctimas puede hacerse con mucho tiempo después de que han sido explotadas, y bueno no es algo que pueda determinarse a priori, el tiempo que tienen que seguir o estar al pendiente de determinadas personas”. “Entonces, me parece que esto no es inconstitucional y que, en todo caso, se está dando dentro del artículo la existencia de motivos suficientes para ello, no es que lo quieran seguir nada más porque sí, es porque la investigación está arrojando datos necesarios que hacen necesario, también, el seguimiento de la persona y el determinar a priori un tiempo, me parece que en una investigación para un delito de esta naturaleza, no sería inconstituciona”.
Por su parte el ministro Eduardo Medina Mora, señaló que “si se invalida o no se invalida la norma, es un poco irrelevante, porque el seguimiento se va a dar, la observación de sitios se va a dar, eso no creo que sea invasión de la esfera privada de los particulares, un seguimiento puntual de una persona en la comisión de un delito, o sea, instantánea se va a dar y, también me parece que es legítimo, la invasión de su esfera privada en geolocalización, intervención de comunicaciones es totalmente legítimo, todos esos elementos concatenados entre sí, son los que pueden generar la evidencia para que el Ministerio Público pueda determinar que existe indicios de la comisión de un delito y, entonces, obrar en consecuencia”.