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Alerta de género, en un hoyo negro por impunidad

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Alerta de género, en un hoyo negro por impunidad

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Carpeta de investigación

Por: Arturo R. Pansza

Es preciso modificar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque el artículo 60 en materia de sanciones, remite a un hoyo negro donde se pierde el tema de la responsabilidad de los servidores públicos.

Con la anterior propuesta dirigida a diputados federales, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete Gutiérrez, consideró prudente integrar un capítulo con perspectiva de género donde se plantee qué responsabilidad debe tener el servidor público que no emita una orden de protección a una mujer en situación de violencia, y qué se hará con autoridades que siguen patrones de omisión y maltrato.

Dentro de ese tema complejo, es de reconocer que la alerta de género nació muerta en muchas entidades. Es aberrante que las cifras de mujeres muertas crecen y las autoridades dicen que es solamente una estadística más, siendo lamentable que las personas del sexo femenino se vean como un número.

Ello fue fundamentado por la presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género de la Cámara de Diputados, la perredista, Karen Hurtado Arana, quien acotó que no existe suficiente información sobre la violencia que sufren las mujeres a nivel nacional; “en el país, sólo 31 entidades reconocen el tema”.

Así, en el marco del foro La Efectividad de las Declaratorias de Alerta por Violencia de Género y mecanismos alternativos para hacer frente a la violencia generalizada contra las mujeres en México, definió que es momento de que la sociedad civil alce la voz y exija a las autoridades lo que les corresponde hacer, en tanto que el Legislativo trabaje para garantizar una vida libre de violencia.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, en el recinto deliberativo de San Lázaro, Maricela Contreras Julián, de la bancada de Morena, externó que en 10 años se han registrado más de 26 mil asesinatos de mujeres, debido a la impunidad, falta de procuración de justicia y de castigo.

Añadió que los mecanismos de alerta de violencia en los estados implementan un procedimiento muy largo, al tiempo que comentó que Ciudad Juárez, Chihuahua, fue paradigma en este tema, porque a partir de que se registró la violencia contra la mujer, se comenzó a hablar del mismo en todos los estados.

Indicó que en la actualidad el Estado de México es la entidad más violenta de la República, “pero no hay un solo estado que se salve, no importa quién lo gobierne”.

En su oportunidad, también de Morena, la integrante de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara Baja, Concepción Villa González, dijo que el procedimiento para eliminar una alerta es tardado, lo que genera un estado de emergencia por violencia feminicida.

“Urge revisar y analizar el instrumento de las alertas de género, con el fin de implementar acciones que garanticen el cese de la agresión en contra de las mujeres”, consideró.

Tras señalar que las alertas de violencia de género contra las mujeres son un mecanismo para proteger sus derechos humanos y es único en el mundo, mencionó que los municipios que reportan una alerta no han presentado avances significativos en la reducción de la violencia contra mujeres asesinadas por su género.

Resulta que las instituciones no atienden ni sancionan los feminicidios, “los ministerios públicos siguen omitiendo acciones claves durante la investigación de este delito, además de que la coordinación intersecretarial para una efectiva implementación de políticas públicas de prevención es inexistente”.

En tanto que las estadísticas muestran que en los últimos 10 años la violencia contra las mujeres en México no ha disminuido, por ello, se debe trabajar más en el tema, pues no atenderlo y prevenirlo, dañará sus derechos humanos y su plena participación en la vida pública del país.

Para Pablo Navarrete Gutiérrez, “se debe sancionar a autoridades omisas, que lejos de ayudar y contribuir a la solución del problema de violencia, en muchos estados los agentes del ministerio público repliquen la violencia institucional”.

Al referirse a los retos y perspectivas del mecanismo de alerta de violencia de género, expuso que la violencia y discriminación son una práctica generalizada con arraigo y permisividad social; es decir, existe un contexto grave de criminalidad en el país que provoca, cada cuatro horas, la muerte violenta de una mujer, seis al día, según estadísticas de 2015.

“Es inadmisible que tengamos altísimos números de homicidios que nos hablan que al mes tenemos 180 mujeres asesinadas y al año 2 mil 190”, agregó.

Consideró que no se ha entendido la figura de alerta de género porque sigue siendo satanizada y sobredimensionada, es decir, “se cree que sólo con la emisión de la alerta se va a resolver un problema estructural y ancestral de violencia y no va a ser así”.

La herramienta de alerta debe servir para que las autoridades locales, municipales, estatales y federales generen y articulen de medidas para enfrentar una situación así.

Este tema no es presupuestal, es de voluntad política, de ahí que el funcionario de Inmujeres reconociera que “tenemos que ser muy serios con el tema de recursos; en la Cámara de Diputados se etiquetó un presupuesto único en América Latina, actualmente hay cerca de 27 mil 400 millones de pesos, y para el próximo año serán cerca de 70 mil millones”.

A su vez, la directora de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Elvia Lucía Flores Ávalos, puntualizó que la herramienta de alerta de género, aunque es muy importante, no resuelve el problema de feminicidio; es necesario implementarla en toda la República.

Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, son estados que no implementan este instrumento, afirmó y comunicó que se busca que estados y municipios atiendan el problema de violencia contra las mujeres y por tanto, hay mucho por hacer.

Estimó que a fin de lograr resultados en la implementación de alerta por violencia, se tiene que reconocer a la víctima y a sus familiares para reparar el daño, “se debe integrar la parte de conocer las conductas para tipificarlas bien”.

Calificó de urgente el investigar todas las violaciones de derechos humanos, y proporcionar a las víctimas atención psicológica y garantizar que no se repetirán esas conductas agresivas.

Además de que es necesario proporcionar atención a mujeres, niñas y adolescentes migrantes: “estas alertas deben aplicarse con el fin de asegurar un tránsito seguro a esta población que debe sentir que el estado las protege”, añadió.

La directora de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), Edna Guzmán García, en su oportunidad, destacó que para garantizar la implementación de alertas de género, hay que vincular a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las fiscalías de los estados para que se coordinen y enfrenten la problemática.

En tanto, la directora Ejecutiva del Centro de Investigación para la Equidad Política y Desarrollo (CIPE), Teresa Pérez Vázquez, precisó que no existe voluntad política para resolver la violencia de género.

Los servidores públicos deben olvidar la complicidad, omisión y falta de acciones que generan corrupción y retraso en la atención de la problemática e impide dar resultados eficientes. “Hay que buscar la forma de impulsar el quehacer de los servidores públicos, gobernantes y de quienes toman decisiones de forma ética”, acotó.

Por otra parte, por lo que hace al libro “Violencia Política contra las Mujeres con Elementos de Género”, la diputada panista Guadalupe González Suástegui se pronunció a favor de la prevención de éste y otros tipos de ataques hacia las mujeres, modificar los estereotipos y empoderarlas. “Generemos mecanismos para hacer efectivos sus derechos humanos”, sentenció.

Dejó en claro que esa publicación que recientemente se presentó en el Palacio Legislativo de San Lázaro y se editó en conjunto con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Igualdad de Género (CEAMEG), es un gran material de lectura que ayudará a confrontar este tema, además de que será de apoyo para al trabajo que la Cámara de Diputados realiza en la materia.

En su calidad de presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CCEAMEG), estipuló que “la violencia política contra las mujeres es una modalidad de ataques solo por ser mujer, por eso es de reconocer los esfuerzos para erradicarla”.

Fue la diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa Ávalos, integrante del comité del CEAMEG, quien opinó que el texto ayudará a identificar y sistematizar este tipo de violencia, para así conocer por lo que pasan las mujeres en esa situación.

Cuestionó que la iniciativa de violencia política contra la mujer aún sigue pendiente de discutirse, además de que a nivel local sólo en siete entidades se legisla en la materia.

En su momento, Gabriela Ceballos Hernández, directora del CEAMEG, explicó que el libro da cuenta del acoso y la violencia contra las mujeres, sólo por querer participar en las decisiones del país.

“La violencia política no tiene colores, se da porque la participación de las mujeres en un ámbito que se ha ido abriendo, incomoda a algunas personas”, sostuvo.

Detalló que la publicación abrirá los ojos de la gente para ver con mayor nitidez la violencia “y no quedarnos callados” para que las mujeres participen de verdad en equidad junto a otros candidatos”.

Blanca Judith Díaz Delgado, directora de Estudios Sociales de la posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género, del CEAMEG, comentó que se trata de desnaturalizar un asunto que vulnera el derecho de las mexicanas, tanto en sus aspiraciones políticas, como en el ejercicio de cargos públicos.

Teresa Hevia Rocha, autora del libro, destacó que algunos estados han empezado a incluir la violencia política de género en sus marcos legales, pero aún carece de una definición en las leyes federales.

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