Nadie puede burlar un fallo judicial

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Carpeta de Investigación

Por: Noel F. Alvarado

Un total de 31 funcionarios y servidores públicos municipales, estatales y federales han sido destituidos, sancionados, inhabilitados y encarcelados por incumplir resoluciones de jueces de 1997 a la fecha. Entre éstos 31 están el jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, y el diputado de la ALCDMX del Partido de la Revolución Democrática José Manuel Ballesteros López.

Informes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revelan que en ese número de funcionarios y servidores públicos destituidos y sancionados por desacato a una orden judicial representan a 15 casos que han resuelto los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El caso anterior al de los ahora exjefes delegacionales en Venustiano Carranza Israel Moreno Rivera y José Manuel Ballesteros López, es el de Baltazar Chávez Garza, presidente municipal (actual y anterior) de Cuauhtémoc, Chihuahua; Jesús Zaragoza Albarrán, representante del municipio, y Olga Espinoza Perea, representante de los trabajadores, por haber incumplido la sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.

En esa ocasión fueron consignados los anteriores integrantes del Tribunal referido, esto es contra Patricia Ramírez Ceballos, representante del municipio, e Irma Chavira Castillo, representante de los trabajadores.

Ello porque los integrantes del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, señalados, acreditaron su excepción, en el sentido de que el actor tiene el carácter de trabajador de confianza, y partiendo de dicha premisa, resolviera lo que en derecho correspondiera.

También, en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó consignar a los anteriores titulares del Municipio Republicano Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza: Pablo Chávez Rossique, quien ocupaba el cargo de tesorero del municipio Torreón Coahuila; Roberto Flores Zamudio, quien ocupaba el cargo de jefe de Catastro Municipal; y Juan Ángel Salas Rocha, quien era el responsable de Verificación Física de Catastro Municipal.

Ello, por dejar insubsistente el cobro de pago de derechos por servicios catastrales, y regresar la cantidad pagada por ese concepto, sin perjuicio de que si pueden y desean las responsables, fundar y motivar debidamente el avalúo catastral relativo al inmueble adquirido, hagan el cobro correspondiente.

Otra resolución de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra funcionarios por desacato a la una orden judicial en la que establece la consignación, fue contra Omar Alí Sosa López anterior presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas.

La junta responsable deje insubsistente la resolución incidental dictada dentro del recurso de revisión, y emita otra en el que declare fundado el recurso y ordene la continuación del procedimiento de remate, en los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Todas estas resoluciones se resolvieron en 2013.

En el 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también resolvió la separación del cargo y consignación en contra de Reynaldo Austin, tesorero municipal de Etchojoa, y José Gilberto Almada Valdez, presidente municipal de Etchojoa, Sonora, por haber incumplido la sentencia constitucional.

Además se procedió a la consignación de Reynaldo Austin, Tesorero Municipal de Etchojoa; y José Gilberto Almada Valdez, presidente municipal de Etchojoa, Sonora, por haber incumplido la sentencia constitucional.

Una resolución más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2012, fue contra el presidente municipal Gabriel Alberto Navarro Rodríguez; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas René Garza Valdez; el síndico segundo Luis Édgar Nava Arias, y el secretario de Finanzas y Tesorería Municipal César González Garza, todos del municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Para que el presidente municipal, secretario de Obras Públicas y Servicios Municipales, así como el síndico segundo, todos del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, den cumplimiento a la resolución definitiva emitida por la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León.

La última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2011 por consignación fue contra Gustavo Nava Díaz Barriga, anterior presidente de la Junta Especial Número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en el Distrito Federal.

Ello, por dejar insubsistente el laudo reclamado y dictara otro en el cual, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, repusiera el procedimiento a fin de admitir la testimonial ofrecida por la quejosa y proveyera su desahogo; además de recabar de las empresas Calzado Puma de Cuautitlán, Sociedad Anónima de Capital Variable y Corporativo Cartgraf, Sociedad Anónima de Capital Variable, la documentación necesaria sobre las categorías y actividades desempeñadas por las mismas. Y porque el presidente responsable no acordó la promoción presentada el 7 de julio de 2010, en el expediente laboral 531/2005.

En 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió separación del cargo y consignación contra Leopoldo Martínez Martínez de su cargo de presidente municipal de Teotlalco, Puebla.

En ese entonces, se concedió el amparo en contra de la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla y en vía de consecuencia, en contra de sus actos de aplicación, a saber, el decreto expropiatorio y la declaratoria de utilidad pública relativa a la construcción de la autopista México-Tuxpan. Dejar insubsistentes todas las consecuencias naturales y legales que se hayan dado contra el quejoso, a raíz del decreto expropiatorio.

En 1997, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también resolvió separar del cargo y consignar a Juan José Flores González de su cargo de representante estatal en Baja California, dependiente de la Representación Regional Noroeste de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Ello, al considerar que el predio propiedad de la no quedó comprendido dentro de la resolución presidencial dotatorio se concede para que la Coordinadora Agraria en el Estado de Baja California, así como el del director general de Asuntos Jurídicos, ambos dependientes de la Secretaría de la Reforma Agraria, dejar insubsistentes los actos de ejecución de la resolución presidencial de que se trata, únicamente por cuanto ve a la superficie de terreno afectada propiedad de la quejosa.

Un caso más que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1997, por separación del cargo y consignación fue contra Martín Franco Nova, director de Permisos y Concesiones dependiente de la Dirección General de Servicios al Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Departamento del Distrito Federal.

Ello, porque para que el director de Permisos, Concesiones y Revalidaciones, dentro del término de 24 horas contadas a partir de la notificación de la resolución, procediera a entregar la totalidad de las placas de servicio público de pasajeros que les fueron retenidas a los quejosos.

A estos casos se suma el de quienes fueran jefes delegacionales en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera y José Manuel Ballesteros López; ambos por desacato a una orden judicial.

Y, es que la autoridad judicial de la Procuraduría General de la República (PGR) puede detener en cualquier momento y llevar a prisión, al jefe delegacionales en Venustiano Carranza Israel Moreno Rivera, por desacato a una orden judicial, luego de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo destituyeran del cargo.

De acuerdo al artículo 267 de la ley de amparo, el jefe delegacional en Venustiano Carranza Israel Moreno Rivera puede alcanzar de 5 a 10 años de prisión, además de multa de cien a mil días y la inhabilitación.

En tanto la Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALCDMX), tiene la obligación de iniciar el proceso de desafuero contra el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Manuel Ballesteros López, para que la autoridad judicial le pueda fincar responsabilidad penal por el mismo delito.

Serán los integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la ALCDMZ, integrada por Armando López Campa, presidente del Partido Movimiento Ciudadano; Nora Arias Contreras, del PRD; José Manuel Delgadillo, del PAN; Mariana Moguel del PRI y Carlos Candelaria, independiente, los que inicien el proceso de desafuero del exjefe delegacional en Venustiano Carranza y actual diputado local de la ALCDMX, José Manuel Ballesteros López, para luego darle vista al ministerio público federal de la Procuraduría General de la República, para que se le finque responsabilidad penal por el delito de desacato.

De acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la PGR está en disponibilidad de proceder contra el jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, por lo que el ministerio público federal tiene la facultad ordenar a la Policía Federal Ministerial de la PGR de detenerlo, para presentarlo ante un juez y responda por la acusación de desacato, delito por el que fue destituido.

El pasado martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo en que ordenó la destitución del cargo al jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, por incurrir en el delito de desacato.

El incidente de inejecución de sentencia 296/2016 de la SCJN textualmente señala que “queda destituido del encargo y se consigna ante el juez de distrito en turno al actual titular de la Delegación Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera (PRD); asimismo, se consigna al anterior delegado José Manuel Ballesteros López.

“Ello por haber incumplido con la sentencia de amparo que ordenó el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que ordenó expedir a los quejosos los nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos, así como otorgarles los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo”.

Hasta ahora, el jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, sólo se ha concretado a decir que es injusta su destitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el actuar del órgano institucional pareciera que el fallo dejó de tener fundamentos jurídicos y, obedece más a tintes políticos que a valoraciones jurídicas.

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