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Envenenan a notario público de la CDMX

Por: Noel F. Alvarado

Corrupción, impunidad y omisión de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, son algunos de los abusos de autoridad que quedan al descubierto tras la muerte del notario público 180 del entonces Distrito Federal, Antonio Esperón Díaz Ordaz, de 64 años de edad, quien pese a que se han presentado pruebas de que éste fue muerto por envenenamiento por sus principales colaboradores al aplicarle una sustancia de xenobióticos que le aplicaron en el café y alimentos, el caso sigue archivado en la PGJ CDMX.

Las omisiones en las que incurrieron los funcionarios de la PGJ CDMX para investigar y aclarar la muerte del notario público Antonio Esperón Díaz Ordaz, llevó a Gabriela Esperón Melgar -hija del hoy occiso-, a presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ministerio público Javier Espinosa Martínez, por incurrir en el delito de falsedad en declaraciones porque dijo que ya había desahogado pruebas cuando no lo hizo y por no actuar conforme a derecho en la investigación, así como contra otros funcionarios de la Fiscalía de Investigación para Homicidios y de la Fiscalía Central de Investigación de Fiscalías Centrales, cuando estaba en ese cargo el actual Procurador Edmundo Garrido.

El caso ya se encuentra en análisis de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, desde el pasado 31 de agosto del presente año y mes con número de expediente CDHDF/I/122/CUAUH/13/D7810, a fin que se revise y se emita recomendación por actos constitutivos de delito y omisiones de funcionarios de la PGJ CDMX.

Debido a que se han presentado documentos en busca de justicia a diferentes dependencias del gobierno de la CDMX y federal, que incluye la Secretaría de la Función Pública, por recomendación de ésta, el órgano interno de la PGJ CDMX, se ha visto obligada a realizar el estudio técnico jurídico de la entonces averiguación previa.

La muerte del notario público 180 del entonces DF, Antonio Esperón Díaz Ordaz, ocurrió el pasado 28 de noviembre de 2010 en el departamento que se localiza en Hamburgo, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc; sus más cercanos colaboradores, Claudia Iveth Regino Sánchez, Román Espinosa Ávila y María Antonieta González Escalona, quienes son señalados de presentar testigos falsos y alterar las constancias que conforman el desglose.

En tanto que María de Lourdes Sabina Esperón y José Ramón Ayala Aranda, son señalados de suministrarle alguna sustancia en las bebidas y alimentos xenobióticos que lo llevaron a la tumba. El perito Vicente Francisco Zárate Noble determinó que falleció a consecuencia del suministro de sustancias que le ocasionaron una muerte lenta y no como lo dictaminó el médico de Gayosso, Francisco Javier Castillo Zárate, quien asentó tres causas de muerte que resultaron falsas: hipertensión arterial, infarto al miocardio y enfisema pulmonar.

Gabriela Esperón Melgar, hija del finado, declaró que todos esos resultados de muerte se vinieron abajo debido a que presentó pruebas del perito que la muerte de su padre -el notario 180 del DF, Antonio Esperón Díaz Ordaz-, fue envenenado con sustancias xenobióticas.

Ello lo vinieron a confirmaron estudios que le realizaron seis meses antes al notario cuando compró un seguro de vida por más de un millón de pesos, donde los resultados de los laboratorios Grupo Nacional Provincial determinaron que estaba en perfectas condiciones de salud y por ello le vendieron el seguro.

La hija del notario Antonio Esperón Díaz Ordaz también señala a María de Lourdes Sabina Esperón, como implicada en la muerte de su padre y, como quien le aplicaba las dosis de xenobióticos porque tenía una deuda fuerte de dinero con el notario y se negaba a pagarle y su acercamiento le permitió suministrarle las dosis en bebidas y alimentos, en tanto que Claudia Iveth Regino Sánchez, Román Espinosa Ávila y María Antonieta González Escalona y la abogada de la notaría, se empezaron a robar dinero y le exigían efectivo a los clientes sin conocimiento del notario.

En documentos que obran en poder de El Periódico que Dice lo que Otros Callan dirigidos a las dependencias señaladas en párrafos anteriores revelan que: “Gabriela Esperón Melgan en mi carácter de albacea, de la sucesión testamentaria de mi finado progenitor Antonio Esperón Díaz Ordaz, quien fungía como titular de la Notaria 180 del Distrito Federal, me dirijo a Usted con respeto, para hacer de su conocimiento que tal como lo he referido anteriormente, entre los ilícitos que acontecieron en el interior de la Notaria, antes y después del fallecimiento de mi señor progenitor, fueron debidamente denunciados por mi persona, sin embargo como lo expuse en mi escrito de fecha 6 de Febrero de 2015, dirigido a su persona, en la autoridad competente para perseguir delitos, han cometido un curso de delitos, quienes han intervenido en la integración de la indagatoria, pues tal como se desprende de las actuaciones, el licenciado Edmundo Garrido Osorio, siendo el Fiscal adscrito a la Fiscalía Central de Investigación del delito de homicidio, remitió el expediente que conforma el desglose, para su archivo, a la coordinación de agentes del ministerio público auxiliares del Procurador 3 meses antes de la emisión de la sentencia de amparo, emitida por la juez octavo de distrito de amparo en materia penal, en el Distrito Federal, y 6 meses antes de que los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal en el DF, emitieran la sentencia respecto del R.P. 178/2012”.

En los escritos también se encuentra asentado textualmente que: “también fue él mismo -Edmundo Garrido- como subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, quien emitió el acuerdo de fecha 14 de noviembre de 2012, ocultando los hechos del delito de homicidio, ligado a los hechos denunciados, pues hice del conocimiento de la autoridad, que la empleada de la notaria, de nombre Claudia Iveth Regino Sánchez, falsificaba la firma de mi finado padre, haciendo uso indebido del sello de autorizar de la notaria, cuyo titular era mi padre y del libro del protocolo”.

Por lo que, ante la rotunda objeción, de investigar y sancionar esos hechos, en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, presenté escrito con fecha 16 de junio de 2017, dirigido a la Secretaría de la Función Pública, autoridad que giró dos oficios, que anexo al Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Otro de los documentos exhibido por Gabriela Esperón Melgar textualmente señala que: “además de los oficios, el escrito de fecha 7 de Septiembre de 2017, dirigido al Órgano Interno de Control de PGJDF,  pues como lo refiero en el mismo, el ministerio público Javier Espinosa Martínez desahogó diligencias, para efecto de ocultar los hechos, del instrumento 26,542, que obran en el testimonio que les fue entregado por la suscrita, de fecha 1o. de diciembre de 2010, que motivaron a la entonces subdirectora del notariado, licenciada Sandra Cuevas Reyes, a sellar el mobiliario, del interior del privado que ocupaba mi padre, en el interior de la oficina, que ocupaba la Notaria, y colocar en las puestas de acceso al mismo, chapas de máxima seguridad, para resguardar la documentación así como a desahogar la diligencia de apertura del cierre de la notaría, con carácter de urgente, con fecha 2 de diciembre de 2010.

“Pues como consta en dicho instrumento, acontecieron los siguientes hechos, en el interior de la Notaría, acabándole de privar la vida a mi progenitor de la Escritura 26,542 de fecha 1o. de diciembre de 2010, en la cual se hace constar, lo acontecido en la Notaría 180 del DF compulso lo siguiente:

“Que a continuación, caminando por el interior de la oficina, se acercó a la puerta de entrada que se encontraba como ya se dijo cerrada y custodiada, persona identificada por las solicitantes de esta diligencia como la licenciada Claudia Iveth Regino Sánchez, ante quien también me identifiqué plenamente en mi carácter de notario público en el desempeño de mis funciones y dicha persona conocida como la licenciada Claudia Iveth Regino Sánchez dijo que tanto la señorita Marcela Esperón Melgar como la licenciada Gabriela Esperón Melgar no podían entrar a la oficina y que tenían prohibido su acceso. Que había procedido a cambiar la combinación de las cerraduras para que las llaves antes existentes quedaran sin servir. Que lo anterior lo hizo en cumplimiento de lo ordenado por la hermana del notario de nombre María de Lourdes Sabina Esperón Díaz Ordaz, quien se había ostentado como albacea de la sucesión del finado licenciado don Antonio Esperón Díaz Ordaz.

“Que por virtud de lo anterior nos retiramos del pasillo corredor del edificio en que nos ubicamos y fuimos abordados por persona que dijo ser y llamarse Samuel Llanos Salas, nos informó que es el vigilante del edificio, que tiene a su cargo saber quién entra y quién sale del propio inmueble por lo que dijo ser cierto y saber lo siguiente: que desde el día lunes 29 de noviembre del presente año, los señores licenciados Román Espinosa y Claudia Iveth Regino Sánchez permanecieron en el interior de la oficina del licenciado Antonio Esperón Díaz Ordaz.

“Que dichas personas salieron aproximadamente a las 2:25 del siguiente día o sea del día martes 30 de noviembre del presente año, habiendo permanecido dentro de las oficinas de la Notaría desde el lunes hasta la madrugada del martes. Que presenció como los licenciados Claudia Iveth Regino Sánchez  y Román Espinoza sacaron de la oficina del licenciado Esperón, cajas repletas de documentos, sobres y papeles varios.

“En el escrito, de fecha 7 de septiembre de 2017, dirigido al Órgano Interno de Control de la PGJCDMX, hago referencia, de las anomalías e ilícitos, cometidos por el ministerio público Javier Espinosa Martínez, para ocultar los delitos, en agravio del Archivo General de Notarías del DF y que por esa razón se negó a citar a la subdirectora del notariado y desahogar las diligencias tendentes a esclarecer los hechos, como lo es el peritaje en caligrafoscopía.

“E incluso, el agente del MP estuvo citando testigos, como es el caso del notario suplente Carlos Fernández Flores, para alterar y modificar sus declaraciones, para encubrir a María de Lourdes Sabina Esperón Díaz Ordaz, Claudia Iveth Regino Sánchez, Román Espinosa Ávila, por esos hechos y el delito de quebrantamiento de sellos, así como los hechos del instrumento 26,649 de fecha 31 de enero de 2011, que acredita, haber sido quebrantados.

“Hago de su conocimiento que dicho ministerio público, para encubrir a los presuntos responsables, intimidó a un testigo de nombre Arturo Laguna, para denunciar en 2011, al licenciado Hernández Arias, notario 152 del DF.

“Le reitero, con fecha 29 de noviembre de 2010, permanecieron dentro del interior de la oficina que ocupaba la Notaría, los empleados Claudia Iveth Regino Sánchez y Román Espinosa Ávila, hasta la madrugada y con el sello de autorizar sin resguardo alguno, y como consta en la carta ratificada por Lilia Cortés Ramírez, de fecha 6 de diciembre de 2010, mediante la cual manifestó:

“el pasado día 29 de noviembre de 2010, fecha en que se encontraba ya sin vida el licenciado Esperón, los licenciados Claudia Iveth Regino Sánchez y Román Espinosa Ávila, la obligaron a que asentara las notas complementarias, en el último Libro del Protocolo de la Notaria que estuvo a su cargo y al día siguiente ya se estaban estampadas las rúbricas y firmas en el mismo, siendo además que como consta en el instrumento 26,542, en el cual se hace constar entre otros hechos, con relación a esa fecha, que el notario suplente hasta el día 1o. de diciembre de 2010 pasó a recoger el sello de autorizar, mismo que permaneció sin resguardo y en poder de los referidos”.

Gabriela Esperón Melgar agrega que: “María de Lourdes Sabina Esperón Díaz Ordaz, en su carácter de albacea de la sucesión, citó a mi hermana Marcela Esperón Melgar, con fecha 17 de diciembre de 2010, para realizar el inventario, en el interior del privado que dentro de la Notaría ocupaba mi progenitor, el cual, con fecha 2 de agosto de 2010, fue cerrado con chapas de máxima seguridad, y en su interior todo el mobiliario fue sellado, por instrucciones de la licenciada Sandra Cuevas Reyes, quien era la subdirectora del Notariado, en ese momento, ya no estaban los sellos, ni las chapas de máxima seguridad, ya había sido cometido el delito de quebrantamiento de sellos, porque sustrajeron pagos de impuestos y borraron toda la información de los dos equipos de cómputo, que tenía en uso mi padre, al igual como lo hicieron con las demás computadoras, hechos que también ocultó el agente del ministerio público.

“Antes del fallecimiento de mi progenitor, ingresaban sin hacerlo del conocimiento suyo, a la oficina en que se localizaba la Notaría, y a pesar de haberle insistido al ministerio público, el esclarecimiento de esos hechos, mediante el desahogo de las siguientes diligencias, porque están ocultando delitos cometidos contra el gobierno del DF.

“Es de vital importancia, para acreditar que la licenciada Claudia Iveth Regino Sánchez y el señor Edmundo Ruiz Rivera atendían clientes sin previa autorización de mi padre los fines de semana, y permitiéndoles el acceso, sin avisarle a mi progenitor Roberto Araujo Irazaqui como arrendador, ya que hacían uso indebido del sello de autorizar y falsificaban su firma usando la documentación de la Notaría.

“También por esa razón solicité girar atento oficio a la directora general jurídica y de Estudios Legislativos, del Archivo General de Notarías, para efecto de que se sirva habilitar fecha y hora para que los peritos en caligrafoscopía de la propia representación social, se presenten con carácter de urgente a cotejar la firma de mi progenitor que obra asentada en el libro de firma y sello, misma que deberá ser comparada con la de los instrumentos públicos otorgados en el protocolo a cargo de mi padre.

“Por haber denunciado ante el órgano Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como consta en el expediente CI/PGJ/D/00736/2017, le pido localizar en el último libro del protocolo que estuvo a cargo de mi finado progenitor, en cuales otros instrumentos, que refiere la testigo Lilia Cortés Ramírez, falsificó la empleada Claudia Iveth Regino Sánchez, la firma de mi progenitor, junto al sello de autorizar, con el objeto de hacerlo del conocimiento de la licenciada Mónica León Perea, en su carácter de titular del Órgano Interno de Control de PGJDF, asimismo hago de su conocimiento, haber denunciado  al citado ministerio público Javier Espinosa Martínez, ante la PGR como consta en la AP: PGR/DF/SPE-XXXI/4324/12-07, por haber girado un oficio manifestando que ya había desahogado las diligencias tendientes a esclarecer los hechos, antes de emitir un acuerdo de propuesta de reserva, siendo falso, pues se ha negado a permitirles intervenir en la averiguación FAE/A/T1/0008/11-01 y su desglose y fue quien ocultó también los hechos en agravio del Archivo General de Notarías del DF.

“La apertura del cierre de la Notaría 180 se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2010, con carácter de urgente, al haber informado el día 30 de noviembre de 2010, que Claudia Iveth Regino Sánchez y Román Espinosa Ávila, sustrajeron cajas repletas de documentos, y sobres del interior de la Notaría, habilitó conjuntamente con la entonces directora, licenciada Rebeca Albert del Castillo, fecha para la diligencia, con el objeto de resguardar la documentación de la Notaría, por esa razón se selló el mobiliario y colocaron chapas de máxima seguridad en las puertas de ingreso al privado que ocupaba mi señor padre, en el interior de la oficina.

“En caso de que considere necesario, que usted debe intervenir ante el Órgano Interno de Control de PGJDF le solicito gire un oficio a la licenciada Mónica León Perea, haciendo referencia que quieren intervenir en el número de expediente CI/PGJ/D/00736/2017, al igual en el expediente de la averiguación previa PGR/DF/SPE-XXXI/4324/12-07, en el que denuncié al ministerio público Javier Espinosa Martínez, manifestándole a la titular de la Mesa XVIII, que no desahogó las diligencias tendientes a esclarecer los hechos, pues les negó, a ustedes, el derecho a intervenir, siendo una de las causas por las que solicite al órgano interno de control de PGJDF estudio técnico jurídico de la averiguación previa FAE/A/T1/008/11-01 y su desglose”.

Así narra, denuncia y exige justicia Gabriela Esperón Melgar, hija del notario público 180, Antonio Esperón Díaz Ordaz.

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