Resuelto: plagió y mató a su tío y primo

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Álvaro Velázquez
TOLUCA, Méx., 6 de diciembre.- Luego de minuciosos trabajos de investigación, elementos de la PGJEM finalmente hicieron justicia, al aclarar los asesinatos que se cometieron el pasado 24 de octubre de este año contra conocido empresario transportista de esta ciudad y su hijo, cuyos cadáveres fueron encontrados con el tiro de gracia, amarrados de pies y manos y cubiertos del rostro con cinta canela, en el interior de una Jeep.
El responsable del doble homicidio resultó ser el sobrino del empresario transportista, Bernardo “N”, quien actúo en complicidad con otro hombre y una mujer y quien al ser detenido e interrogado por policías ministeriales confesó que había privado de la vida a su tío Guillermo Roja y “de paso” a su primo, porque no le quiso dar trabajo.
“Estaba muy dolido e indignado porque no me quiso dar trabajo y yo sabía que él me podía ayudar a superar mis problemas económicos, pero se negó y hasta se burló de mí, era prepotente y presumía que tenía mucho dinero y que hacía lo que se le daba la gana por eso decidí asesinarlo”, dijo a los ministeriales el presunto homicida.
Después de que mi tío me negó el trabajo, indicó, busqué la forma de vengarme de él para lo cual busqué el apoyo de dos amigos, un hombre y una mujer, con quienes me organicé perfectamente.
Después de haberlo organizado varios días, añadió, la mañana del pasado 24 de octubre intercepté junto con mis cómplices a mi tío cuando viajaba en su camioneta y llevaba a mi primo al colegio Simón Bolívar, en la ciudad de Toluca.
Sin darles tiempo de nada, dijo a los ministeriales, los amagué con un arma de fuego y enseguida mis cómplices los amarraron de pies y manos y cubrieron del rostro con cinta canela y una vez sometidos me trasladé a una zona poco transitada, donde finalmente los ejecuté de un balazo en la cabeza a cada uno para con ello consumar mi venganza.
Ante tal confesión, el presunto homicida, que no mostraba mínimo arrepentimiento, y sus cómplices, fueron trasladados a las instalaciones de la PGJEM, donde quedaron a disposición del ministerio público, a fin de que sea esta instancia la que determine la situación legal de cada uno de ellos.