/ sábado 5 de junio de 2021

Daniel Ortega inició nueva ola de persecución en Nicaragua

El periodista nicaragüense Douglas Carcache advirtió que ningún opositor está exento de ser considerado “golpista” o “terrorista”

El gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega está llevando a cabo una nueva ola de represión contra las voces críticas del régimen sandinista, un episodio que avivó la tensión en el país y despertó nuevamente el descontento internacional tras el arresto domiciliario de la figura opositora Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro quien derrotó en 1990 a Ortega en las elecciones presidenciales.

De cara al nuevo proceso electoral del 7 de noviembre, el presidente reactivó una persecución contra sus rivales a través de los órganos judiciales y electorales controlados por el régimen.

Para el periodista nicaragüense Douglas Carcache, el gobierno va a perseguir a quien represente un peligro para su permanencia en el poder, “de hecho, todos los precandidatos opositores están amenazados de ser inhibidos de este proceso electoral”, resaltó el director editorial del periódico El Nuevo Diario, uno de los medios que suspendió su labor informativa tras 40 años de existencia y tras los problemas económicos y técnicos originados por la opresión del régimen de Nicaragua.

En entrevista para El Sol de México, Carcache afirmó que toda imagen que represente una oposición para Daniel Ortega será perseguida como el caso de Cristiana Chamorro, como lo ha sido desde 2018 cuando iniciaron las rebeliones civiles antigubernamentales.

“La represión contra la población, los periodistas y activistas opositores ha sido constante desde el 2018”, destacó Carcache, quien agregó que desde ese año, más de 60 periodistas se exiliaron, la policía allanó y ocupó las oficinas de dos medios de comunicación, el canal de televisión 100% Noticias y el diario Confidencial.

Como parte de la persecución gubernamental, los colegas Lucía Pineda y Miguel Mora, que dirigían el canal 100% Noticias, fueron encarcelados durante seis meses acusados de promover el odio. Las nuevas oficinas de Confidencial fueron allanadas por segunda vez, por la policía, el 20 de mayo. Se llevaron todos los equipos, incluidos los de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche.

El arresto domiciliario de Chamorro por las acusaciones de lavado de dinero, activos y bienes sirvió para que la Fiscalía lleve a cabo un mecanismo de intimidación, agrega Douglas, ya que han sido citados a declarar más de 25 periodistas.

“Hay una nueva ola represiva del régimen, cuando solo faltan cinco meses para las elecciones, y uno deduce que tiene dos propósitos: eliminar del proceso electoral a candidatos con potencial para ganarle a Ortega y que haya pocos medios periodísticos independientes que informen bien a los ciudadanos”, sentenció.

En los últimos días, el Consejo Supremo Electoral anunció que prohibiría las candidaturas de opositores que hayan participado apoyando un golpe o intento de golpe de Estado, también negaría el registro a los participantes en actos “terroristas”. Para el gobierno, cualquier intento de manifestación es considerado como “terrorismo”.

Las manifestaciones sociales que iniciaron en abril de 2018 fueron reprimidas violentamente, luego de que una turba sandinista golpeó a unos ancianos que reclamaban por un impuesto aplicado a las pensiones de los jubilados, recordó Carcache.

Elementos de la policía de Nicaragua resguardan el domicilio de la opositora Cristina Chamorro luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra / Foto: Reuters

Ese incidente dio origen a protestas cívicas que fueron reprimidas con violencia. “Quien creó el terror fue el gobierno, cuando envió policías y paramilitares a dispararle a la población civil y causó más de 320 muertes en las semanas siguientes”, mencionó.

El periodista nicaragüense aseguró que ahora, cualquier ciudadano que haya participado en las marchas pacíficas y multitudinarias, enarbolando la bandera azul y blanco de la patria, como ocurrió en abril y mayo del 2018, es considerado “golpista” o “terrorista” por el gobierno y le han quitado sus derechos.

En el caso de las ONG, las reprimen por haber recibido fondos externos, de agencias de cooperación. A partir de octubre del 2020, Ortega creó leyes para sacar del juego político a activistas opositores y organizaciones no gubernamentales.

Una es la ley de agentes extranjeros, mediante la cual interviene a personas naturales y jurídicas para controlar el uso y destino del dinero y bienes que reciben del exterior, impidiendoles participar en política.

Otra es la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, que penaliza a quienes han realizado protestas que, según el régimen, han menoscabado la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país y han incitado a la injerencia extranjera en los asuntos internos.

“El gobierno trata de cercar a la oposición por todos lados, intentando llegar a las elecciones del 7 de noviembre sin oponentes fuertes y con una población atemorizada”, comentó Carcache.

PRESIÓN INTERNACIONAL

Cuestionado sobre el por qué considera que Chamorro está bajo arresto domiciliario pese a la orden de captura, consideró que existe mucha presión internacional contra el régimen.

La Unión Europea y Estados Unidos exigen que la dejen en libertad y respeten todos sus derechos. Otros países, como España y Francia, han expresado también demandas similares a nivel individual.

“Es importante recordar que la economía de Nicaragua depende mucho de Estados Unidos y la Unión Europea en cuanto a cooperación y comercio”.

La aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro. Foto Reuters

Estados Unidos, a través del tratado de libre comercio con Centroamérica, es el principal socio comercial de Nicaragua. Si el gobierno estadounidense sacara a Nicaragua de este acuerdo, sería catastrófico para la economía de este país, consideró

“Creo que este mes de junio será clave en cuanto a la incidencia de la comunidad internacional, para obligar a Ortega a hacer elecciones en libertad, con justicia, transparencia y observación internacional. Veremos si lo logra”.

Estados Unidos ha sancionado a por lo menos 26 funcionarios y allegados al régimen, señalados de dirigir o cometer violaciones graves de derechos humanos y otras acciones contra la población nicaragüense; y en el Congreso norteamericano hay un proyecto de ley, Renacer, pendiente de aprobación que es para aplicar sanciones específicas a quienes impidan la realización de elecciones libres y, por ende, estén obstaculizando la democratización del país.

Actualmente para el periodista, el régimen irrespeta toda ley y le importan poco los acuerdos internacionales, porque está dispuesto a permanecer en el poder a cualquier costo.

En octubre pasado, la OEA aprobó una resolución demandando cambios fundamentales en el Poder Electoral de Nicaragua, para que este actuara con independencia, transparencia y responsabilidad, además de garantizar la libertad de expresión y la observación electoral internacional independiente y creíble en los comicios del 2021.

La OEA le dio a Ortega un plazo, hasta mayo, para que hiciera las reformas necesarias, pero él ha hecho lo contrario, recalcó el reconocido periodista.

Finalmente, respecto al ánimo de la sociedad de cara a las elecciones presidenciales “la población parece estar a la expectativa, pero en silencio. Es comprensible que exista temor ante tanta represión y amenazas”, recalcó Douglas.

La ley de ciberdelitos facultó a la policía y a la Fiscalía a vigilar lo que dicen u opinan los ciudadanos en sus comunicaciones privadas, por teléfono, correo electrónico, o redes sociales.

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Si alguien se atreve a salir a la calle enarbolando una bandera azul y blanco, corre el riesgo de ser detenido y encarcelado. En estos días han ocurrido pequeños piquetes de protesta en Managua, pero son relámpago.

Las encuestas de Cid Gallup han mostrado un creciente interés de los ciudadanos por votar en noviembre, pero eso dependerá de las condiciones que existan para entonces, sentenció el periodista nicaragüense.



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El gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega está llevando a cabo una nueva ola de represión contra las voces críticas del régimen sandinista, un episodio que avivó la tensión en el país y despertó nuevamente el descontento internacional tras el arresto domiciliario de la figura opositora Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro quien derrotó en 1990 a Ortega en las elecciones presidenciales.

De cara al nuevo proceso electoral del 7 de noviembre, el presidente reactivó una persecución contra sus rivales a través de los órganos judiciales y electorales controlados por el régimen.

Para el periodista nicaragüense Douglas Carcache, el gobierno va a perseguir a quien represente un peligro para su permanencia en el poder, “de hecho, todos los precandidatos opositores están amenazados de ser inhibidos de este proceso electoral”, resaltó el director editorial del periódico El Nuevo Diario, uno de los medios que suspendió su labor informativa tras 40 años de existencia y tras los problemas económicos y técnicos originados por la opresión del régimen de Nicaragua.

En entrevista para El Sol de México, Carcache afirmó que toda imagen que represente una oposición para Daniel Ortega será perseguida como el caso de Cristiana Chamorro, como lo ha sido desde 2018 cuando iniciaron las rebeliones civiles antigubernamentales.

“La represión contra la población, los periodistas y activistas opositores ha sido constante desde el 2018”, destacó Carcache, quien agregó que desde ese año, más de 60 periodistas se exiliaron, la policía allanó y ocupó las oficinas de dos medios de comunicación, el canal de televisión 100% Noticias y el diario Confidencial.

Como parte de la persecución gubernamental, los colegas Lucía Pineda y Miguel Mora, que dirigían el canal 100% Noticias, fueron encarcelados durante seis meses acusados de promover el odio. Las nuevas oficinas de Confidencial fueron allanadas por segunda vez, por la policía, el 20 de mayo. Se llevaron todos los equipos, incluidos los de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche.

El arresto domiciliario de Chamorro por las acusaciones de lavado de dinero, activos y bienes sirvió para que la Fiscalía lleve a cabo un mecanismo de intimidación, agrega Douglas, ya que han sido citados a declarar más de 25 periodistas.

“Hay una nueva ola represiva del régimen, cuando solo faltan cinco meses para las elecciones, y uno deduce que tiene dos propósitos: eliminar del proceso electoral a candidatos con potencial para ganarle a Ortega y que haya pocos medios periodísticos independientes que informen bien a los ciudadanos”, sentenció.

En los últimos días, el Consejo Supremo Electoral anunció que prohibiría las candidaturas de opositores que hayan participado apoyando un golpe o intento de golpe de Estado, también negaría el registro a los participantes en actos “terroristas”. Para el gobierno, cualquier intento de manifestación es considerado como “terrorismo”.

Las manifestaciones sociales que iniciaron en abril de 2018 fueron reprimidas violentamente, luego de que una turba sandinista golpeó a unos ancianos que reclamaban por un impuesto aplicado a las pensiones de los jubilados, recordó Carcache.

Elementos de la policía de Nicaragua resguardan el domicilio de la opositora Cristina Chamorro luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra / Foto: Reuters

Ese incidente dio origen a protestas cívicas que fueron reprimidas con violencia. “Quien creó el terror fue el gobierno, cuando envió policías y paramilitares a dispararle a la población civil y causó más de 320 muertes en las semanas siguientes”, mencionó.

El periodista nicaragüense aseguró que ahora, cualquier ciudadano que haya participado en las marchas pacíficas y multitudinarias, enarbolando la bandera azul y blanco de la patria, como ocurrió en abril y mayo del 2018, es considerado “golpista” o “terrorista” por el gobierno y le han quitado sus derechos.

En el caso de las ONG, las reprimen por haber recibido fondos externos, de agencias de cooperación. A partir de octubre del 2020, Ortega creó leyes para sacar del juego político a activistas opositores y organizaciones no gubernamentales.

Una es la ley de agentes extranjeros, mediante la cual interviene a personas naturales y jurídicas para controlar el uso y destino del dinero y bienes que reciben del exterior, impidiendoles participar en política.

Otra es la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, que penaliza a quienes han realizado protestas que, según el régimen, han menoscabado la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país y han incitado a la injerencia extranjera en los asuntos internos.

“El gobierno trata de cercar a la oposición por todos lados, intentando llegar a las elecciones del 7 de noviembre sin oponentes fuertes y con una población atemorizada”, comentó Carcache.

PRESIÓN INTERNACIONAL

Cuestionado sobre el por qué considera que Chamorro está bajo arresto domiciliario pese a la orden de captura, consideró que existe mucha presión internacional contra el régimen.

La Unión Europea y Estados Unidos exigen que la dejen en libertad y respeten todos sus derechos. Otros países, como España y Francia, han expresado también demandas similares a nivel individual.

“Es importante recordar que la economía de Nicaragua depende mucho de Estados Unidos y la Unión Europea en cuanto a cooperación y comercio”.

La aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro. Foto Reuters

Estados Unidos, a través del tratado de libre comercio con Centroamérica, es el principal socio comercial de Nicaragua. Si el gobierno estadounidense sacara a Nicaragua de este acuerdo, sería catastrófico para la economía de este país, consideró

“Creo que este mes de junio será clave en cuanto a la incidencia de la comunidad internacional, para obligar a Ortega a hacer elecciones en libertad, con justicia, transparencia y observación internacional. Veremos si lo logra”.

Estados Unidos ha sancionado a por lo menos 26 funcionarios y allegados al régimen, señalados de dirigir o cometer violaciones graves de derechos humanos y otras acciones contra la población nicaragüense; y en el Congreso norteamericano hay un proyecto de ley, Renacer, pendiente de aprobación que es para aplicar sanciones específicas a quienes impidan la realización de elecciones libres y, por ende, estén obstaculizando la democratización del país.

Actualmente para el periodista, el régimen irrespeta toda ley y le importan poco los acuerdos internacionales, porque está dispuesto a permanecer en el poder a cualquier costo.

En octubre pasado, la OEA aprobó una resolución demandando cambios fundamentales en el Poder Electoral de Nicaragua, para que este actuara con independencia, transparencia y responsabilidad, además de garantizar la libertad de expresión y la observación electoral internacional independiente y creíble en los comicios del 2021.

La OEA le dio a Ortega un plazo, hasta mayo, para que hiciera las reformas necesarias, pero él ha hecho lo contrario, recalcó el reconocido periodista.

Finalmente, respecto al ánimo de la sociedad de cara a las elecciones presidenciales “la población parece estar a la expectativa, pero en silencio. Es comprensible que exista temor ante tanta represión y amenazas”, recalcó Douglas.

La ley de ciberdelitos facultó a la policía y a la Fiscalía a vigilar lo que dicen u opinan los ciudadanos en sus comunicaciones privadas, por teléfono, correo electrónico, o redes sociales.

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Si alguien se atreve a salir a la calle enarbolando una bandera azul y blanco, corre el riesgo de ser detenido y encarcelado. En estos días han ocurrido pequeños piquetes de protesta en Managua, pero son relámpago.

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