Mientras que han surgido posturas en contra de la denominada nueva normalidad, anunciada por el gobierno federal para combatir los estragos que en todas las áreas ha dejado la emergencia sanitaria por Covid-19, porque la autoridad no puede promover algo que se basa en omisiones, mentiras y descalificaciones, no paran las propuestas de integrantes de diversos partidos para enfrentar la otra crisis que se avecina.
Dentro de ese contexto, está la postura del PRD, instituto político que se ha mostrado en contra de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador descalifique a quienes proponen acciones alternativas para enfrentar la emergencia sanitaria y económica, sin coincidir con lo sugerido por el gobierno federal o el partido Morena.
En ese sentido, la coordinadora de la bancada de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, consideró que es indudable que mucho de lo que dejaron de hacer los distintos gobiernos en diversas materias, colocó al país y a los mexicanos en una mayor vulnerabilidad frente al coronavirus.
La pandemia marca, sin lugar a dudas, un antes y un después para el mundo y para cada una de las naciones y en el caso de México, la postura de Morena es que es menester garantizar que el gobierno federal cuente con recursos adicionales que le permitan atender los efectos del Covid-19 en temas de salud y economía, además de garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar.
Por ello el organismo político, representado por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, presentó una iniciativa para modificar 14 leyes y abrogar una, que tiene que ver con la extinción de 44 fideicomisos y la continuidad de 4 fondos.
REASIGNAR PEL RESUPUESTO
El PVEM se mostró a favor de la reasignación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para reactivar la economía del país, dirigiéndolo directamente al rescate y apoyo de empresas desde micro, pequeñas y medianas, e incluso algunas grandes, y generar empleos
Sin embargo, ante la inconformidad que ello causó en varios sectores, el coordinador de los morenistas en el recinto deliberativo de San Lázaro, Mario Delgado Carillo, tuvo que ceder.
Junto con Padierna Luna, el líder de la fracción parlamentaria anunció que la iniciativa para desaparecer los fideicomisos de la administración pública federal quedará en la congeladora, hasta realizar foros en parlamento abierto para atender todos los puntos de vista.
Los legisladores federales, impulsores de la propuesta, expusieron que de lo que se trata es eliminar los mecanismos opacos y discrecionales que permitían utilizar los recursos incluso en actos de corrupción.
Para Delgado Carrillo se requieren recursos para atender la emergencia sanitaria y la deuda pública no es una opción, porque no sería sostenible y pesaría sobre los ingresos del país, por lo que se tienen que buscar opciones para destinar dinero a la salud de los mexicanos.
Dolores Padierna es partidaria a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con las dependencias y entidades respectivas, realicen las previsiones presupuestales necesarias para asegurar, con cargo al presupuesto de cada ejecutor de gasto, la continuidad de los programas, proyectos, otorgamiento de apoyos, financiamiento y otras obligaciones de los fondos extinguidos.
Lo importante para Morena es garantizar la continuidad de los apoyos y financiamientos que actualmente se otorgan en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; prevención y atención de desastres naturales; ciencia, tecnología e innovación; desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, entre otros.
En su momento la legisladora morenista Dolores Padierna, dijo que se quiere que haya manejo claro y pulcro de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y que, a su vez, la Cámara de Diputados los audite y tenga reglas claras de su operación, porque por muchos años los fideicomisos fueron utilizados como instrumento para la corrupción y opacidad.
El hecho es que el coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con recursos suficientes por parte de la administración federal para enfrentar la crisis derivada del impacto de esta pandemia en la salud y economía nacional. Para mitigar estos efectos, se ha profundizado en la aplicación de los programas sociales prioritarios y en el otorgamiento de créditos a personas físicas y morales para que puedan mantener un nivel de actividad económica.
Dolores Padierna consideró pertinente terminar con la opacidad, la nula rendición de cuentas y el mal uso de los recursos públicos, por lo que con la iniciativa se formula extinguir algunos fideicomisos de los que están ordenados en diversas leyes.
Con esa propuesta, habría un fondo de alrededor de 91 mil millones de pesos que puede ser destinado para la atención de la pandemia del coronavirus y los efectos en materia de salud y economía, así como para apoyar con recursos a las familias, a través de los programas sociales.
La supresión de fideicomisos emprendida desde el gobierno de la República y que se propone en la iniciativa morenista, significa estrictamente el cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana y, en ese sentido, implica un esfuerzo adicional del Gobierno de México, acompañado por el Poder Legislativo, para orientar el gasto público hacia las acciones que mayor beneficio reportan para las y los mexicanos.
Mientras tanto, el Partido Verde Ecologista de México, se mostró a favor de la reasignación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para reactivar la economía del país, dirigiéndolo directamente al rescate y apoyo de empresas desde micro, pequeñas y medianas, e incluso algunas grandes, y generar empleos.
Al respecto, el diputado federal del PVEM, Ricardo Gallardo Cardona, dejó en claro que, se debe colocar el presupuesto donde en verdad se necesita; hacer una reasignación del PEF para tener suficiente recurso para la reactivación del país.
“Hoy más que nunca tenemos que ser claros, que México nos necesita a los legisladores”, afirmó y expuso que por ello la propuesta de redireccionar el presupuesto de este año y que sea para apoyar a las empresas de todos tamaños, incluida una que otra grande, que generan empleos, con lo que se beneficiaría a las familias, además de que se deben dar incentivos fiscales.
Ricardo Gallardo insistió que lo importante es trabajar juntos para sacar adelante a México, que se reactive la economía y evitar que la violencia azote a las familias mexicanas.
El representante popular por San Luis Potosí hizo ver que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados ya trabaja en el dictamen de modificación del PEF 2020, que contempla 600 mil millones de pesos, a fin de atender necesidades de estados, municipios y la ciudadanía en general, provocadas por la contingencia sanitaria del Covid-19.
Así en su calidad de secretario de dicha instancia legislativa, indicó que la modificación propuesta por el Ejecutivo corresponde al 10 por ciento del PEF y, aludió que su propuesta va en el sentido de que el ajuste contemple la urgente reactivación económica, mediante incentivos para pequeñas y medianas empresas, con la consecuente generación de empleos.
“Estamos buscando créditos a la palabra, estamos viendo que las familias sean subsidiadas con más programas sociales, ahorita el reporte que ya tenemos en ambas cámaras es que 18 millones de casas habitación ya tienen un programa social, y se espera llegar a la meta de 25 millones de hogares”, aseveró.
Reiteró que la reestructuración es necesaria dado a que las condiciones en las que se hizo, en noviembre pasado no estaba previsto que existiera una pandemia, una crisis de salud, o una crisis petrolera, “el presupuesto fue hecho cuando se tenía a 46 dólares el barril, y ahora vemos cómo no se llegará al presupuesto pensado a causa de la crisis económica”, dijo.
Por su parte, el grupo parlamentario del PRI en el recinto deliberativo de Sn Lázaro, propuso reformar el artículo 123 constitucional, para crear el Seguro Temporal de Desempleo, ante el riesgo de que millones de mexicanos se queden sin sustento económico para sus familias a causa de la pandemia por el Covid-19.
El representante popular priísta, Rubén Moreira Valdez, urgió a proteger el ingreso familiar, debido a que la crisis económica que se vive será la causante de que más de dos millones de personas pierdan su empleo y, que cientos de negocios quiebren por falta de liquidez en México.
Aclaró que no se puede perder de vista que la falta de un ingreso en el hogar pone en riesgo derechos básicos como la alimentación y, en muchos casos, puede agravar el fenómeno de la inseguridad y la violencia.
Por ello se pugna por ese tipo de seguro de manera temporal a utilizarse ante las emergencias sanitarias o crisis económicas como las que en la actualidad se viven. Se promueve que el artículo 123 de la Constitución diga con precisión “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”.
Se trata de que, ante la situación de desempleo, se garantice temporalmente un ingreso económico suficiente. “Al efecto, se promoverá la creación de empleos, la organización social del trabajo y el respaldo económico ante el desempleo conforme a la ley”, se lee en la iniciativa tricolor.
Para el subcoordinador de difusión y mensaje del PAN en San Lázaro, Carlos Castaños Valenzuela, dio cuenta que ante la situación que se vive, es preciso que la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), reduzca el cobro del consumo de energía, además de otorgar facilidades para las personas que por la falta de ingresos no podrán pagar el servicio en sus hogares.
Demandó producir electricidad con las opciones de generación más económicas, de tal forma que se reduzcan los costos para CFE y que el ajuste en el cobro del servicio no afecte las finanzas de la empresa, para que se puedan instalar de paneles solares en hogares para aumentar su capacidad de generación, así como abrir la opción de suspender temporalmente el corte del servicio de energía eléctrica a todos aquellos hogares que presenten situaciones de pérdida de empleo por la epidemia del virus y que puedan así demostrarlo.
La diputad del PRI Dulce María Sauri Riancho, exigió que la Secretaría de Energía deje sin efectos, de manera inmediata, el acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional por contravenir la Constitución, la legislación en materia energética, la Ley Federal de Competencia Económica, así como diversos acuerdos y tratados internacionales.
“Estamos ante el abuso de autoridades que, de manera oportunista, se aprovechan de la pandemia para violar la libre concurrencia y la competencia económica, para vender más cara la electricidad a todos los mexicanos”, declaró.JLP
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