Ciudad de México.- Para muchas personas es normal que haya niños en las calles haciendo malabarismos, mendigando o vendiendo dulces; cargando grandes bultos en la Central de Abasto, limpiando zapatos agachados o cantando en el Metro, con la idea que son propiedad de sus padres, lo cual ha hecho que la sociedad cierre los ojos ante la explotación infantil.
Pese a los grandes esfuerzos de las autoridades federales y locales, el trabajo infantil en México es un cáncer que no se ha podido erradicar. Se estima que 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad trabajan en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y muchas ocasiones sin ningún ingreso económico.
Y en el contexto de la actual pandemia por el Covid-19, el número será mayor, porque muchos menores saldrán a buscar una actividad para ayudar a sus padres, quizá muchos de ellos perderán su empleo.
Las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual, que afecta principalmente a las niñas, suele aumentar cuando disminuyen las oportunidades de empleo y los ingresos familiares, alertó la Organización Internacional del Trabajo.
La presente crisis sanitaria puede propiciar que millones de niños vulnerables acaben en situación de trabajo infantil, al tener que contribuir a los ingresos familiares a una edad temprana. Las niñas corren un riesgo particular de realizar trabajo doméstico o de dedicar más horas al trabajo de cuidados en el hogar, y estarán más expuestas a accidentes y a abusos físicos o sexuales.
Bajo el lema, “Protejamos a los niños contra el trabajo infantil, ¡ahora más que nunca!, la OIT convocó a actuar de una manera decisiva y a gran escala, ya que efectivamente, con el Coronavirus, para muchos niños y sus familias, esta situación significa la interrupción de la educación, enfermedades en la familia y la pérdida potencial de los ingresos del hogar.
Este 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el organismo internacional subrayó que antes de la propagación del COVID-19, se había retirado a casi 100 millones de niños del trabajo infantil, por lo que el número de niños víctimas de este flagelo se había reducido de 246 millones en 2000 a 152 millones en 2016, 73 millones de los cuales realizaban trabajos peligrosos.
Cifras del Inegi revelan que esos 3.2 millones de infantes representa una tasa de 11.0 por ciento. De la cifra anterior, 2.3 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad se encuentran ocupados en actividades económicas. De ellos 2.1 millones laboran en trabajos no permitidos.
De los niños ocupados que no cumplen la edad mínima para trabajar, 17.9% no asisten a la escuela, situación que se presenta en 55.1% de los que están en trabajo peligroso.
La población más expuesta a los riesgos del trabajo infantil son los 1.3 millones de niños, niñas y adolescentes en ocupaciones peligrosas, entre las cuales se hallan las labores nocturnas, industriales, en obras de construcción o aquellas en las que se exponen a químicos contaminantes o residuos peligrosos.
Los trabajos considerados como “ligeros” (que, en principio, no perjudican su desarrollo, salud o asistencia a la escuela) pueden representar un riesgo si la jornada laboral es muy larga, de acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo.
En el marco de esta conmemoración, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta indicadores socio demográficos sobre la situación de la población ocupada de 5 a 17 años de edad en México, a partir de los datos del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
El trabajo infantil es un fenómeno predominantemente masculino. De los 2.3 millones de niñas y niños ocupados en una actividad económica, 1.6 millones son niños, con una tasa de ocupación de 10.8%, en tanto que el monto de niñas ocupadas asciende a 697 mil con una tasa de 4.8 por ciento. Tasa de ocupación de la población de 5 a 17 años, dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales 2007 – 2017.
Aunque la Ley Federal del Trabajo estipula que la edad mínima para trabajar es a partir de los 16 años y solo si se cuenta con la educación básica garantizada que, a partir del 2015, incluye la preparatoria. Empero, los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) muestran que en el 2008 el 17.2% de los niños entre 12 a 17 años trabajaban y a partir de 2016 ese porcentaje ha aumentado.
En México la legislación nacional a través de la Ley Federal del Trabajo define como trabajo no permitido aquel realizado por menores de 15 años de edad (edad mínima requerida para laborar), y las ocupaciones clasificadas como peligrosas o insalubres.
Tampoco está permitido, ya sea que por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, por la composición de la materia prima que se utiliza, o bien, por realizarse en horario prolongado o nocturno que representan situaciones de riesgo y pueden afectar el desarrollo y la salud física y mental de los menores de edad.
Sin embargo, datos del 2017, se estima que 2.1 millones de niñas y niños estaban ocupados en trabajo no permitido. De ellos 38.7% no cumplen con la edad mínima para laborar y 61.3% realiza trabajo peligroso. Al igual que el total de población infantil ocupada, el total de niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas ha disminuido en los últimos 10 años.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) señaló que la mayoría de los menores (89.6%) desempeñan ocupaciones no permitidas, es decir, que afectan su salud, su desarrollo o son llevadas a cabo antes de la edad mínima permitida para trabajar.
La población más expuesta a los riesgos del trabajo infantil son los 1.3 millones de niños, niñas y adolescentes en ocupaciones peligrosas, entre las cuales se hallan las labores nocturnas, industriales, en obras de construcción o aquellas en las que se exponen a químicos contaminantes o residuos peligrosos.
MILES LABORAN EN EL ESPACIO EN LA CIUDAD DE MÈXICO
En 2017 había más niños que niñas trabajando en el Metro (54% contra 41%), más niñas en edad escolar que adolescentes; mientras que había menos niños y más adolescentes varones trabajando ahí: “El mismo patrón de género y edad se repite en niñas y niños que trabajan en otros espacios públicos, como paraderos, sitios turísticos, la calle”.
Llamó la atención sobre la autoadscripción indígena de niños trabajadores del Metro, que superó el promedio en toda la Ciudad, con 8 y hasta 11%; y que en otros espacios públicos alcanzó a ser de 16.5%: “Son familias indígenas que tienen a sus niños, niñas y adolescentes trabajando en la calle”.
Ello, lo reveló, el año pasado, el Informe Especial la situación del trabajo infantil y el trabajo adolescente en edad permitida en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Central de Abasto y otros espacios públicos de la Ciudad de México, que presentó la Comisión de Derechos Humanos local.
El problema de explotación laboral infantil tiene una dimensión metropolitana y la prevención y la orientación de este fenómeno social debe ir más allá de políticas públicas y de un cambio como sociedad, dado que la Ciudad de México es la principal receptora de personas trabajadoras del Estado de México.
“La mitad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en la Ciudad proceden también de municipios como Chimalhuacán, Netzahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Ecatepec, Chalco, Texcoco, Naucalpan, Cuautitlán, San Vicente Chicolapan, Ixtapaluca y Villa Nicolás Romero, principalmente”.
La CDHCM rechazó la normalización y justificación de la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes en espacios públicos y llamó a mostrar indignación social.
Su derecho a la educación no es el único lesionado, pero determina, en gran medida, sus condiciones de movilidad social y, sobre todo, el ejercicio de sus derechos durante toda la vida.
Ellos, no deben trabajar, por lo que se requiere eliminar los incentivos que llevan a que sus las familias continúen en condiciones de pobreza y de falta de acceso a la educación, entre otros factores.
Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa, así como de oportunidades de aprendizaje, no se podrá lograr la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, niñas y jóvenes en esta Ciudad, como en el resto del mundo, destacó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.
Resaltó que “las niñas, niños y adolescentes que trabajan, o acompañan a sus familiares, ven reducidas sus posibilidades de estudiar, pues las actividades laborales los van absorbiendo más horas conforme van creciendo; su rendimiento escolar se ve afectado y son más propensos a abandonar la escuela.
Además, existe una falla en la calidad del sistema educativo en las zonas de trabajo infantil y en la pertinencia del modelo educativo que les atiende”.
Dijo que, de acuerdo con el Informe, 40% de las personas entrevistadas en la Central de Abasto, principalmente recolectores de materiales, carretilleros y del área de subasta, sólo tienen primaria; es decir, seis años de estudios; y 7% no tiene estudios.
“El nivel de escolaridad de padres y madres de los niños que trabajan es apenas de primaria”.
En la Ciudad de México, la movilidad social es de 59%; es decir, sólo 6 de cada 10 personas podrán salir de la pobreza. Pero también aquí la movilidad intergeneracional está comprometida, y la situación se profundiza en el caso de las mujeres.
Ramírez Hernández subrayó que niñas y niños trabajadores están en una situación de precariedad, y que cuando asisten a la escuela, lo hacen en condiciones de desventaja, pues duermen menos para ir a laborar y tienen un desgaste físico que los coloca en una ruta de riesgo.
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