Entre 2018 y 2020 aumentó la carencia por servicios de salud, al pasar del 16 al 28%, lo que significa que 35.7 millones de personas en México no tienen acceso a ningún servicio público de salud.
Pero esta brecha de acceso a la salud se agudiza en el caso de las mujeres. De los 65 millones de mexicanos, solo 29 millones (45%) cuentan con afiliación a los servicios de salud de la seguridad social, ya sea IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Pemex, Defensa y Marina.
Ello se traduce en que 16 millones de mujeres (24.7%) se encuentran totalmente excluidas del derecho a la salud y 18 millones de mujeres (28%) se encuentran afiliadas al INSABI (antes Seguro Popular) e IMSS bienestar, según revelan datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La salud es un derecho humano consagrado en la Constitución, pero en la realidad no es para todos, ya que está sujeta a condiciones laborales, de derechohabiencia, e incluso, al acceso de cierto tipo de servicios o atenciones médicas contratadas en un seguro de gastos médicos de acuerdo a la capacidad económica de cada persona.
La doctora Arantxa Colchero Aragonés, del programa Acciones Ciudadanas Frente a la Pobreza, dedicada al análisis de la Salud y el Gasto de Bolsillo e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), advierte que “para garantizar el derecho a la salud se requiere un sistema de salud con cobertura universal, centrado en las personas, reducir el gasto de bolsillo, desvincular el acceso a la salud de las prestaciones laborales y priorizar un modelo de atención primaria que prevenga las enfermedades y sus complicaciones”.
En el Día Mundial de la Salud (7 de abril), cuyo lema este 2022 es “Nuestro Planeta, nuestra salud”, la doctora Arantxa Colchero y Norma Loeza, responsable del área Salud en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza informaron que en México más de la cuarta parte de la población carece de acceso a servicios de salud y menos de la mitad de los mexicanos tienen afiliación a la seguridad social.
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Las especialistas detallan que la institución con mayor cobertura es el IMSS, que atiende a poco más de la tercera parte de la población. Junto con el ISSSTE y los otros subsistemas de la seguridad social cubren al 44% de la población.
Otra cuarta parte de la población reconoce estar afiliada a los servicios públicos que pasaron a depender del INSABI, en sustitución del “seguro popular”. El IMSS Bienestar que cuenta con unidades de salud en zonas indígenas y rurales de alto rezago social, atiende a poco más de un millón de personas.
En el caso de la Ciudad de México, el acceso a la salud no es muy distinto de lo que se observa en el contexto nacional, ya que datos del INEGI de 2020, advierten que el 72.6% de la población capitalina tiene algún tipo de afiliación a servicios de salud. De ellos, 58% tiene IMSS, 18% INSABI, 17% ISSSTE o ISSSTE estatal, 0.3% IMSS Bienestar, 1.6% Pemex, Defensa o Marina; 6.6% institución privada y 1.4% otras instituciones.
¿TENER DERECHOHABIENCIA GARANTIZA ACCESO A LA SALUD?
La tasa de informalidad en México oscila alrededor del 60% de la población, según los reportes del INEGI; pero esto no significa que el 40% de la población en la formalidad y afiliada a la seguridad social sea un segmento de la población constante y sin cambios, advierten las doctoras Arantxa Colchero, investigadora del INSP y Norma Loeza, responsable del área Salud en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
En la realidad, las personas transitan entre la formalidad y la informalidad durante su vida laboral y lo pueden hacer varias veces, por lo que los conjuntos de población “con” y “sin” seguridad social no están separados y la distinción es solo administrativa.
“Las personas se mueven entre trabajos que cumplen la afiliación a la seguridad social, que no cumplen, o que ellos mismos buscan trabajar por “cuenta propia”.
“Tener o no tener seguro social también depende de las relaciones familiares, pues las personas pueden tener afiliación indirecta por relación con pareja, padres o hijos, y perderla por un cambio en la relación laboral, mayoría de edad (en el caso de los hijos) o por divorcio”, señalaron las especialistas.
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Hicieron especial énfasis en la población sin seguridad social, objetivo del INSABI y ahora de los convenios con el IMSS Bienestar, ya que su atención se ha convertido en un complejo rompecabezas en movimiento que requiere soluciones administrativas muy ágiles que hoy no están disponibles y no parecen estar consideradas. Otro tema poco analizado es el movimiento constante de “altas” y “bajas” del IMSS, el cual constituye un problema en la atención de la salud y su continuidad.
“La mayor parte de la población puede tener etapas de afiliación y etapas sin acceso a la seguridad social”, señala la investigación al precisar que "el promedio de la densidad de permanencia en el sistema para la generación que inició su vida laboral a partir de 1993, es de 42%. Este primer dato, significa que del total de la población que alguna vez ha tenido afiliación al IMSS, ha permanecido afiliada menos de la mitad de su vida laboral, en promedio”.
“La realidad ese promedio, está formado por dos extremos: 23% de personas han estado afiliadas al “sistema” más del 80% de su vida laboral. Y 55% de personas han estado afiliadas menos del 40% de su vida laboral”.
MÁS MEXICANOS PAGAN POR SERVICIOS DE SALUD
Entre 2018 y 2020, hay un aumento en el gasto de bolsillo en salud de 44% en el conjunto de la población. Los hogares pasaron de gastar 902 pesos en 2018 en promedio trimestral en salud, a 1,267 en 2020 (en pesos constantes).
De acuerdo con la investigación Eliminar todas las Barreras de Acceso para la Garantía del Derecho a la Salud, publicado en ocasión al Día Internacional de la Salud por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, las investigadores advierten que el gasto de bolsillo es un indicador de las carencias del Sistema de Salud al ser el gran obstáculo para el acceso efectivo a la salud, el cual dependerá de la capacidad de pago de cada persona.
Las autoras advierten que en algunos tratamientos de alto costo se vuelven impagables para quienes tienen bajos ingresos. Esos tratamientos privados también constituyen una fuente de empobrecimiento, pues el gasto de bolsillo en salud genera endeudamiento y pérdida de patrimonio, cuando los costos son más altos.
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Se define como gasto de bolsillo a la cantidad de recursos del ingreso familiar que se destinan a cubrir gastos de servicios sanitarios, intervenciones médicas o quirúrgicas, medicamentos, terapias y estudios clínicos, de manera directa. (INEGI, 2020). El gasto privado en salud incluye el gasto de bolsillo más el gasto por pago a seguros de “gastos médicos” y otras formas de aseguramiento privado para recibir atención médica en caso de necesidad.
“Un sistema de salud centrado en las personas y con capacidad de seguimiento a los casos de riesgo, a las personas con enfermedades ya detectadas y a personas que requieren atención permanente, debe considerar cómo se resuelve la transición constante de “altas” y “bajas” del seguro social”, señala la investigación.
Las personas que deben cubrir sus gastos de atención a la salud, por carecer de afiliación a un sistema público o por no contar con seguridad social constituyen el sector más vulnerable. Sin embargo, también hay personas que, aun contando con seguridad social, invierten recursos en la atención de la salud, debido a anomalías como las largas listas de espera para obtener citas, el desbasto de medicamentos o la falta de equipo para intervención, tratamiento o diagnóstico, puntualizan las doctoras Arantxa Colchero, investigadora del INSP y Norma Loeza, responsable del área Salud en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, autoras de la investigación.
También muchas personas refieren que prefieren acudir a una consulta privada, sobre todo en los consultorios adyacentes a farmacias, cuyo costo no les parece muy alto, por el tiempo que requieren para acudir para una cita en su unidad pública de salud (IMSS, ISSSTE u otra).
Puntualizan que el incremento del gasto de bolsillo de la población no solo corresponde a la pandemia, sino a la necesidad insatisfecha de personas con afiliación a servicios públicos de salud que optaron por acudir a consultas privadas. El 57% de personas afiliadas al ISSSTE acudieron a consultas privadas, también el 45% de personas afiliadas al IMSS, así como el 29% de quienes están afiliadas a otros servicios públicos.
CAÍDA EN LA ATENCIÓN
La caída de la capacidad de atención y del deterioro de la atención durante los años recientes ha sido cuantificada en el “Informe de Transparencia en Salud 2017-2021” del Colectivo Cero Desabasto.
Entre 2017 y 2021 las consultas otorgadas se redujeron 58%, los métodos de planificación familiar entregados cayeron en 53% y las cirugías practicadas fueron 28% menos.
Junto con la reducción del número de atenciones hubo un incremento en el número y proporción de recetas no cubiertas efectivamente. Durante 2021, en el IMSS el 10.3% de las recetas, un total de 22 millones 183 mil recetas no fueron surtidas efectivamente, de ellas casi 19 millones fueron totalmente negadas.
En los servicios de salud de PEMEX, 36% de las recetas no se surtieron efectivamente, casi 700 mil recetas. En los servicios de salud de la SEDENA, 17% de las recetas, esto es 328 mil, no se surtieron efectivamente. (Colectivo Cero Desabasto: 2022).
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ABUSO Y EXCESO DE COBRO EN SERVICIOS PRIVADOS
Las especialistas señalan que el gasto de bolsillo también muestra la urgente necesidad de transparentar los costos de los servicios privados y de contar con medios de defensa frente a posibles abusos en los cobros.
Entre el 1 de enero de 2019 y el 25 de septiembre de 2021, la Procuraduría Federal del Consumidor atendió 418 denuncias en contra de hospitales y clínicas. También se reportó un aumento de entre el 15 y 20% en los costos de servicios en hospitales privados, durante el periodo señalado. (Profeco, 2021).
La plataforma Data México de la Secretaría de Economía, acaba de publicar datos muy interesantes que son significativos, pues muestran las variaciones del costo de atención y del cobro de insumos cobrados por los hospitales privados a pacientes con Covid-19.
Las variaciones muestran el descontrol y potencial abuso en los cobros y precios de insumos y servicios provistos por hospitales privados. Así como los montos promedio cubiertos por las personas que acudieron a recibir atención médica por causa del Covid-19 en los servicios privados.
Resulta que los hospitales de “rango medio”, tienen un costo promedio por paciente en hospitales privados más alto (603 mil pesos) que los de rango alto (522 mil pesos), con una estancia promedio de menos días (13.7 vs 19.4). Es decir, hospitales de menos “lujo” cobran más por menos días de estancia promedio que los hospitales más caros (Data México, 2022).
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