Entre 2013 y 2018 organismos independientes registraron 473 crímenes de odio en México, de los que 261 fueron cometidos contra mujeres trans, y Veracruz apareció como la entidad con mayor número de asesinatos, notificó Samuel Jair Martínez Cruz, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) e integrante de Letra Ese.
En promedio 79 personas de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT) pierde la vida de manera violenta al año, pero sólo 10% se ha investigado como crímenes de odio, puntualizó el investigador.
Tan solo la Ciudad de México y Aguascalientes, han reconocido como un agravante el crimen de odio en sus códigos penales, por ello la CIDH recomendó implementar un instrumento nacional sobre su registro, seguimiento a los protocolos y evaluación a su eficacia e impacto.
El experto detalló que desde hace más de 20 años, Letra Ese, realiza el seguimiento a estos casos, haciendo notar que la media general de edad de las víctimas es de 24 años, y que al menos 22 de ellas sufrieron violencia sexual antes o después de fallecer; los cuerpos de 60 mostraron “marcas de tortura o señales claras de ensañamiento”, dijo en el Primer Coloquio de Derechos Humanos UAM, realizado en la Casa Rafael Galván de esta universidad.
En ese sentido, puntualizó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoce que la violencia en contra de la población LGBT tiene por objeto castigar y corregir todo aquello que escape del binarismo de género, el heterosexismo y la heteronormatividad, sin embargo, la situación de vulnerabilidad no debiera ser motivo de miedo y aislamiento, sino un aliciente para exigir justicia y continuar la lucha por los dignos derechos.
El licenciado en psicología social por la Unidad Iztapalapa dijo que la CIDH, reconoce también que las mujeres trans son las personas más vulneradas de la sociedad, haciendo parecer que derechos como la adopción homopaternal o el matrimonio igualitario están lejanos a verse realizados.
El maestro Ricardo Felix Dos Santos, de la Universidad Federal Fluminense, quien realiza una estancia de doctorado en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), analizó la interseccionalidad de los encuentros en los que participan movimientos indígenas, estudiantiles y la comunidad LGBT en Brasil.
Desde 2012 el gobierno de Dilma Rousseff implementó una ley federal que obliga a las instituciones de educación superior a aplicar políticas de acción afirmativa para la inclusión de la población afrodescendiente, indígena y egresada del sistema público de educación básica, resultado de ello para 2017 hubo un incremento de 500% en el número de estudiantes autodeclarados indígenas homosexuales y una menor brecha entre la diferenciación de educación pública y privada.
En 2013 año en que se realizó el primer Encuentro de Estudiantes Indígenas se forjó en Brasil un círculo progresista que se ha insertado en institucionales públicas diversas, detonando un viraje en la revitalización de las políticas orientadas a la afirmación de la sexualidad diversa.
A estos encuentros se han sumado jóvenes de todo el mundo, de distintas culturas y disidencias sexuales, que han tratado de reinventar estéticas nuevas desde sus tradiciones, politizando sus historias personales y acotando las experiencias etnopolíticas.
Empero, muchas de estas políticas han sido fulminadas apabullantemente con el ascenso de la ultraderecha, tras la llegada de Jair Bolsonaro, quien considera que estos grupos han avanzado y ganado privilegios, por lo que poco a poco ha echado para atrás el avance conseguido durante años de organización.
EGS
