/ lunes 30 de marzo de 2020

Legisladores buscan garantizar servicio eléctrico a los yucatecos durante la contingencia

"Se trata de un derecho humano que debe ser respetado", afirman Jorge Carlos Ramírez Marín, Dulce María Sauri y Felipe Cervera

•Interponen una queja ante la CNDH a fin de que se le restituya el servicio a quienes se les corte la luz.


Legisladores yucatecos solicitarán que se garantice el servicio de energía eléctrica a los usuarios durante el periodo que dure la contingencia sanitaria.

Las gestiones buscan que se mantenga el servicio a los consumidores que por cuestiones económicas no puedan pagar el recibo de luz, o que en caso de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya suspendido el servicio, proceda a restituirlo a fin de que la población más vulnerable tenga acceso a este derecho durante todo el periodo que dure la contingencia sanitaria.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, la diputada federal, Dulce María Sauri y el coordinador de los diputados locales del PRI, Felipe Cervera, presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a fin de que emita la recomendación correspondiente a la CFE.

La texto se sustenta en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (2a./J.30:2018), sobre las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

También, encuentra soporte en una resolución del Juzgado Quinto de Distrito de Mérida, Yucatán, en el que una usuaria obtuvo un amparo por el corte del servicio de energía durante esta contingencia.

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vincula el servicio de energía eléctrica al derecho a una vivienda adecuada, que consagra el artículo 4o. Constitucional.

"El servicio de energía eléctrica es un derecho humano que no puede ser vulnerado en una emergencia sanitaria, sobre todo cuando se le pide a los ciudadanos que permanezcan en sus casas para evitar la propagación del virus", destacaron los legisladores.

En un contexto en que la máxima autoridad del país ha llamado a la sociedad a permanecer en sus domicilios, resulta absolutamente ilógico y violatorio de derechos humanos la suspensión del servicio, pues no sólo afecta las condiciones de una vivienda digna, sino también a miles de negocios que son el pilar económico de Yucatán.


•Interponen una queja ante la CNDH a fin de que se le restituya el servicio a quienes se les corte la luz.


Legisladores yucatecos solicitarán que se garantice el servicio de energía eléctrica a los usuarios durante el periodo que dure la contingencia sanitaria.

Las gestiones buscan que se mantenga el servicio a los consumidores que por cuestiones económicas no puedan pagar el recibo de luz, o que en caso de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya suspendido el servicio, proceda a restituirlo a fin de que la población más vulnerable tenga acceso a este derecho durante todo el periodo que dure la contingencia sanitaria.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, la diputada federal, Dulce María Sauri y el coordinador de los diputados locales del PRI, Felipe Cervera, presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a fin de que emita la recomendación correspondiente a la CFE.

La texto se sustenta en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (2a./J.30:2018), sobre las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

También, encuentra soporte en una resolución del Juzgado Quinto de Distrito de Mérida, Yucatán, en el que una usuaria obtuvo un amparo por el corte del servicio de energía durante esta contingencia.

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vincula el servicio de energía eléctrica al derecho a una vivienda adecuada, que consagra el artículo 4o. Constitucional.

"El servicio de energía eléctrica es un derecho humano que no puede ser vulnerado en una emergencia sanitaria, sobre todo cuando se le pide a los ciudadanos que permanezcan en sus casas para evitar la propagación del virus", destacaron los legisladores.

En un contexto en que la máxima autoridad del país ha llamado a la sociedad a permanecer en sus domicilios, resulta absolutamente ilógico y violatorio de derechos humanos la suspensión del servicio, pues no sólo afecta las condiciones de una vivienda digna, sino también a miles de negocios que son el pilar económico de Yucatán.


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