El Sindicato de Personal Académico de la UAM (SPAUAM) pidió a la Fiscalía General de la República un alto a las amenazas y amedrentamiento en contra de 31 académicos de esa casa de estudios, que supuestamente, cuentan con una orden de aprehensión acusados de los delitos del uso de recursos de procedencia ilícita y organización delictiva.
Mediante un comunicado, el SPAUAM asegura que las acusaciones en contra de 31 académicas y académicos son falsas y lo delitos por los que se les pretende investigar no tienen fundamento, pues los recursos que supuestamente son de dudosa procedencia provienen del Presupuesto Federal, y las personas señaladas “se trata de científicos y colaboradores de instituciones altamente reconocidas por la sociedad mexicana”.
Entre los imputados se encuentran el Dr. Luis Mier y Terán, ex Rector General, y la Dra. Gabriela Dutrénit Bielous, Profesora Distinguida, que, de acuerdo al SPAUAM, “además de su labor académica y científica, generosamente aporta pro bono su dedicación y experiencia como parte de nuestro sindicato”.
Criticaron que los académicos son perseguidos por recibir recursos públicos mientras eran integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en la administración pasada.
Ello no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sentencia del 17/8/2021 (MI/SS/D/9941/2021), había señalado siete días antes que fue legal que el CONACYT le hubiera otorgado recursos públicos para su operación al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., desde 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del CONACYT el 17 de febrero de 2020, al estar apegado a la norma vigente
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Ante lo anterior, el SPAUAM condenó que las acusaciones carecen de una investigación pulcra, oportuna y objetiva sobre los señalamientos originados en una disputa política-académica, “enviando una señal ominosa que trata de acallar a las voces críticas con la actuación del Conacyt, en un momento donde la rectoría institucional de la ciencia mexicana debería ofrecer otra clase de ejemplos”.
Finalmente, exigen la atención a las determinaciones de la Suprema Corte y el desistimiento de esta solicitud de tal orden de aprehensión sin fundamentos, la conducción de la política científica sin venganzas ni coerciones, y el cese del uso faccioso de la justicia como principio de actuación en la política científica y académica de la nación.
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