En respuesta al amparo interpuesto por padres de familia ante el juzgado noveno de Distrito en Materia Administrativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) manifestó que no es competente para implementar los protocolos sanitarios anti Covid.
El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa requirió a la SEP informar, en un plazo no mayor de 24 horas, las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos de COVID19 por el regreso a clases, debido al amparo interpuesto por parte del movimiento Educación con Rumbo
Para Educación con Rumbo resulta preocupante que la SEP evada la responsabilidad que todas las autoridades tienen para garantizar el derecho a la vida de los niños y denota la falta de coordinación entre autoridades.
Derivado del amparo presentado por Educación con Rumbo, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa dentro del expediente 1016/2021, requirió a la SEP que exhibir de manera urgente las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos del COVID19 por el regreso a clases.
La SEP informó al Juzgado de Distrito que no cuenta con las atribuciones para instaurar o establecer medidas de protección y protocolos para mitigar los impactos de la enfermedad COVID19, en virtud de que ello es una cuestión sanitaria, y por otro lado, refiere que no se han instaurado medidas de protección y protocolos para el Ciclo Escolar 2021-2022, puesto que el referido periodo aún no inicia.
Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional del movimiento Educación con Rumbo, refirió que la postura de la SEP además de lamentable es preocupante pues denota la falta de coordinación entre Dependencias del Gobierno Federal y de acciones y protocolos concretos para asegurar las condiciones indispensables para el regreso presencial a clases y dar la tranquilidad a los padres de familia que la vida y la salud de sus hijos no corre peligro.
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Por su parte, Miguel Ángel Ortiz, Abogado Constitucionalista de la firma Cuatrecasas, destacó que la omisión de la SEP de exhibir los protocolos para el regreso a clases fue motivo suficiente para que el Poder Judicial de la Federación admitiera el amparo promovido y que permita que las Autoridades reconozcan el deber de protección de los derechos humanos y expongan de manera clara, transparente y objetiva que cuentan con la capacidad, la infraestructura y los recursos para garantizar de manera plena el derecho a la vida, la supervivencia y la salud de los niños en el regreso a clases de manera presencial.
Finalmente, Educación con Rumbo hizo un llamado a las Autoridades a actuar con diligencia y convocar a la Sociedad Civil a participar y aportar esfuerzos para trabajar de manera coordinada en la toma de decisiones para garantizar el interés superior de los niños y niñas de México.
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