Pese a las contradicciones y sin tomar en cuenta estudios que demuestran que Santa Lucia no es apto para edificar una terminal aérea comercial o ampliar la existente, el gobierno está empecinado en realizar el proyecto, para lo cual la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) ya facilita las cosas al afirmar en su portal de trámites que los impactos negativos al medio ambiente son mínimos, denunció el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.
Dentro de ese contexto la legisladora perredista Mónica Almeida López, conminó a la administración federal a que, más allá de persistir en cumplir una promesa de campaña sin fundamentos para su realización y altamente controvertido por sus impactos negativos, como la ampliación del Aeropuerto de Santa Lucía, enfoque su esfuerzo en preservar el patrimonio ecológico y cultural de los mexicanos y evite el derroche de dinero en un proyecto que tiene más contras que beneficios.
Refirió que en la promoción del proyecto además contribuye el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, mismo que expone que las principales afectaciones ocurrirán al interior de las instalaciones del aeropuerto “por lo que no se prevén repercusiones importantes a la población o la infraestructura”.
Señaló que, según se ha dado a conocer en la versión oficial, hubo una consulta para decidir si la obra era aceptada, pero no hay constancia de ésta en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que se encarga de la operación de las actuales instalaciones aéreas de Santa Lucía.
Almeida López expuso que, de acuerdo al presidente del Sistema de Agua Potable de Tecamac, Mateo Martínez Urbina, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que previo a colocar la primera piedra, dicha consulta debe ser libre, informada y culturalmente accesible.
Difundió que ello es de suma importancia porque son varias las comunidades que deberían ser consultadas, no solo Xaltenco, tal es el caso de Tonalitla, Nextlalpan, Tultepec, Zumpango, Tizayuca, Tecámac, Tultitlán y Temascalapa. En esta última selocaliza el cerro de Paula que, según algunas opiniones, interfiere en el proyecto aéreo.
Y declaró: “el compromiso del gobierno es atender las necesidades vitales de los mexicanos para que puedan desarrollarse de forma óptima, no obstinarse en cumplir a la ligera promesa de campaña y sin tomar en cuenta los estudios que denotan el gravedaño que se le causará a la zona de Santa Lucia tras culminar el nuevo aeropuerto”.
La diputada aludió la falta de transparencia con la que se ejecuta el proyecto. Ejemplificó que, aunque los temas aeroportuarios y de espacio aéreo son facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es la Sedena la que lleva a cabo las contrataciones respectivas; uno de ellos no tiene la fecha en que fue firmado, entre otros datos que el gobierno no ha transparentado.
Destacó que pareciera que la Cuarta Transformación continúa las viejas usanzas, debido a que hasta el momento no han compartido los cronogramas del proyecto y hasta hace muy poco negaban que existieran contratos con terceros para realizar estudios,los cuales presentan poca claridad en fechas y términos de servicios.
