Por el caso de Abril Cecilia Pérez Sagaón, asesinada el lunes pasado luego de que su ex esposo fuera liberado porque un juez reclasificó el delito por el que se encontraba preso, a sabiendas de que ella estaba en potencial riesgo de perder la vida, las titulares de las Comisiones Nacional de Derechos Humanos y de la Ciudad de México, Rosario Piedra Ibarra y Nashieli Ramírez Hernández, respectivamente, deben emitir cuanto antes recomendaciones hacia la titular de la Procuraduría General de Justicia, Ernestina Godoy; la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y el presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, Rafael Guerra Álvarez.
Demandó lo anterior la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, al exponer que resultan insuficientes la posición por escrito emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, en la que externa su “preocupación por la falta de debida diligencia en los casos de violencia de género contra las mujeres, en materia de atención y protección de las víctimas”, que “urge juzgar con perspectiva de género, y que -en lo que va del año- se han emitido seis recomendaciones por casos en los que se amenazan los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia”.
La bancada que coordina Verónica Juárez Piña consideró que no es suficiente el anuncio del magistrado Guerra Álvarez, respecto a que ordenó suspender a los jueces de Control del Sistema Penal Acusatorio, Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio “para no entorpecer el desarrollo de la indagatoria iniciada”.
Para los perredistas de San Lázaro es indispensable que se dé una razón, se apresuren las investigaciones y se informe con claridad qué fue lo que ocurrió con los procesos ministerial y judicial, además de cómo transcurre la investigación del crimen y que las autoridades den la cara, expliquen e informen.
Señalaron que la Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum, han tenido el tiempo suficiente para haber revisado las investigaciones y la integración de las carpetas para entender el por qué se dio la liberación del presunto asesino y comprobado agresor.
“La tardanza explica con mucha claridad la impotencia, el rencor social que se expresa en las manifestaciones de los últimos días; es la autoridad, es el gobierno, es el Estado el agresor, el asesino, el violador”, sostuvieron.
El grupo parlamentario externó que es preocupante ese fenómeno contra las mujeres en México y que, se debe actuar, “por eso queremos que las autoridades den la cara, expliquen, informen, es la única manera de atender los reclamos y lo que algunos califican como excesos”, cuando justicia es lo que reclaman las mujeres.
EGS
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