La Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura, (CNSUESIC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) rechazan la Ley General de Educación Superior (LGES) aprobada por el Congreso de la Unión.
Pues argumentan que debido a que en varios de sus artículos se viola el artículo 3° constitucional, particularmente se degrada el derecho a la educación superior y se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas.
En una videoconferencia, los representantes universitarios precisaron que el pasado martes 9 de marzo de 2021, se sorprendieron por la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados, con la sola excepción del PT y de cuatro diputados de MORENA, de una Ley General de Educación Superior (LGES).
Por lo que exigen al Presidente de México que no promulgue la LGES aprobada y la regrese a la Cámara de Diputados para que, por medio de procesos de consulta reales y profundos sin simulaciones pero sí con participación exhaustiva de las comunidades universitarias: trabajadores, académicos y alumnos, se subsanen, entre otras.
La LGES somete a todas las instituciones de educación superior a un control centralizado de los gobiernos federal y estatal, al dejar de manera exclusiva en sus manos la coordinación y desarrollo del Sistema Nacional de Educación Superior. También, incluye un Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, compuesto por 107 autoridades, y sólo nueve estudiantes y nueve profesores.
La cual en nada contribuye a resolver el problema de las Universidades e Instituciones de Educación Superior en México y que se aleja de la atención de los grandes problemas nacionales, dando continuidad al modelo neoliberal ya avanzado en los sexenios anteriores en materia educativa en general, y en educación superior y universitaria y en materia científica en particular.
“Al igual que en el pasado, no tomaron en cuenta a los principales protagonistas del quehacer educativo y científico, los trabajadores del conocimiento, administrativos y académicos, científicos, agrupados en organizaciones sindicales. Nos sentimos agraviados por tal circunstancia, más cuando tenemos una propuesta de Ley que no fue considerada”, indicó el líder del Situam, Jorge Dorantes.
Los representantes sindicales demandaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que no promulgue la LGES aprobada y la regrese a la Cámara de Diputados para que, por medio de una amplia discusión, se subsanen las deficiencias que a continuación detallamos.
Lamentable que en plena 4T se haya aprobado una ley con claros componentes neoliberales, los cuales refuerzan la privatización de la educación superior y el poder de las burocracias de las instituciones de educación superior. Es evidente que fueron estas burocracias agrupadas en la ANUIES y las organizaciones empresariales las que dictaron los contenidos de varios de los artículos de la LGES.
Llama la atención que la Cámara de Diputados haya omitido el llamado del Presidente quién en su conferencia mañanera realizada el 4 de enero del presente año, manifestó sus sospechas por la unanimidad con la que se había aprobado la LGES en la Cámara de Senadores, e hizo un llamado a las y los diputados a abrir un amplio debate sobre su aprobación, incorporando a los actores directos, profesores, estudiantes y trabajadores de las diversas instituciones educativas.
Sobre el contenido de la LGES, precisamos que su artículo 4° contraviene el artículo 3° constitucional, al degradar el derecho a la educación superior otorgando a todas las instituciones de educación superior la facultad de imponer requisitos adicionales a los estudiantes que, al concluir su bachillerato, soliciten realizar estudios superiores, reforzando con ello décadas de políticas neoliberales que han impedido que millones de jóvenes ejerzan este derecho.
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La autonomía, en tales circunstancias seguirá siendo una entelequia sólo para proteger manejos financieros poco claros pero no para una consolidación y crecimiento de las instituciones. Menos para cumplir con la obligación de proporcionar educación superior al universo de estudiantes solicitantes.
Basta mencionar a la mayoría de los maestros que tienen que trabajar por horas sueltas durante casi toda su vida laboral activa, sin estabilidad y con cada vez menos derechos.
La LGES podría ser en instrumento que facilite nuevas condiciones, más favorables, para los maestros precarizados, sin embargo, con las directrices que establece, permite agudizar la problemática y con ello la desigualdad y la discriminación, desafortunados males que se presentan cuando hay un estado general de carencia.
En suma, la LGES carece de un proyecto político orientado a la solución de los grandes problemas nacionales, los problemas de los sectores populares y la construcción de una nueva civilización. Muy por el contrario, continúa con el modelo neoliberal y profundiza la privatización y el autoritarismo en las Universidades.
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