/ miércoles 17 de marzo de 2021

Precios de la canasta básica por las nubes afectan al 62% de los mexicanos

Los precios aumentaron hasta 81.82%, en promedio, informó la ANPEC, y alertó que así no se puede hablar de reactivación ni futuro

Ante la escalada de precios que registran los productos elementales de la canasta básica, el 62% de las familias admiten que ya no les alcanza su ingreso para adquirir estos productos, alertó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Al dar a conocer los resultados del monitoreo de precios de los productos esenciales de la canasta básica, realizado del 15 de febrero al 15 de marzo en la Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Tabasco; la ANPEC informó que los precios de la canasta básica registraron un aumento de hasta 81.82%, en promedio.

Los productos elevaron sus precios de la siguiente manera: 81.82% limón; 80% aguacate; 42% chile serrano; 57.59% frijol; 57% tomate; 50% lentejas; 23% azúcar; 16% huevo; 11% tortilla; 5.56% harina de trigo; entre otros.

Lamentablemente la previsión que hiciera el Banco de México, de que la inflación se dispararía en el segundo trimestre de este año, “está ocurriendo desde ahora”, declaró Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Detalló que en enero la inflación fue de 3.54%, en febrero de 3.84% y en marzo de 4%, debido al incremento de las gasolinas, cuyo precio ya rebasa los 20 pesos por litro, factor que encarece el abasto y suministro de los productos en el mercado nacional.

Otros factores que animan este proceso inflacionario es la inestabilidad de la paridad del peso frente al dólar, el factor estacional y las restricciones comerciales por pandemia. Este coctel genera las condiciones para la carestía de la vida en México; no es un asunto menor, al contrario, es un foco amarillo en la agenda nacional.

“Están por las nubes los precios de las proteínas (puerco, res, pollo, mariscos); granos (frijol, maíz, lentejas, arroz, habas); frescos (tomate, limón, chiles, aguacate); abarrotes (atún, harina, azúcar); de higiene y aseo personal. Es un aumento generalizado de precios en el mercado, prácticamente no hay un segmento que no lo haya resentido, acabando de complicar al poder adquisitivo de los consumidores. A la gente no le alcanza para comprar los productos de la canasta básica, 62% de los mexicanos no tienen para comprar los alimentos esenciales”, declaró Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Debido a esto, señaló que los consumidores mudaron su consumo a los productos genéricos y a granel, sabedores que son de menor calidad y que ofrecen una mayor merma, pero es lo que pueden comprar y les permite mantener su consumo esencial.

A partir de marzo, la carrera alcista también ha tocado a este segmento y han venido elevando sus precios hasta un 10%, de tal forma que ya no son tan asequibles y los consumidores no encuentran a dónde hacerse, por lo que cada vez dejan de adquirir más productos esenciales, sacrificando la calidad de su alimentación diaria.

ANPEC advierte de esta crisis alimentaria que atraviesa la sociedad mexicana porque es una parte de la factura económica que nos está cobrando la pandemia de Covid-19 a un año de padecer la ofensiva de este letal virus; en el 2021 enfrentamos esta secuela que pega en la zona hepática de nuestras vidas, ya que la gente se ve obligada a cercenar su consumo y debilitar su alimentación. No debemos olvidar que se puede dejar de comprar cualquier cosa menos los alimentos porque nadie puede dejar de comer ni vencer al hambre

“Este proceso inflacionario en una economía debilitada como la que tenemos por la recesión no es la mejor noticia que nos gustaría dar. Por ello llamamos al Gobierno Federal y a las fuerzas productivas a coordinarse y encontrar la mejor manera de ayudar a la población más vulnerable y desprotegida del país para que logren solventar los gastos que deriven de su manutención”, indicó Rivera.

Recordó que el subsidio a la población vulnerable en estos momentos ocurre en la mayoría de los países del mundo; muestra inobjetable de ello es el recién aprobado paquete económico de emergencia en Estados Unidos de 2 billones de dólares (2 mil millones de millones de pesos).

“Si nuestra gente no tiene con qué comer, no podremos hablar de reactivación ni futuro alguno y de lo que seguramente estaremos hablando será de un pasaje de ingobernabilidad social”, alertó Cuauhtémoc Rivera.

La mala alimentación y los problemas relacionados con ella, no son un tema nuevo. Foto: Ignacio Huitzil

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NULAS POLÍTICAS A FAVOR DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE


Arturo R. Pansza | La Prensa

Derivado al Covid-19 se han observado las complicaciones y el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas que padecen diabetes, hipertensión y obesidad, ante el abandono en la prevención de la salud, así como nulas políticas a favor de una alimentación saludable y a la poca información sobre productos con alto contenido de azúcares, sin dejar a un lado la falta de regulación de éstos.

Resulta que en México, la mala alimentación y los problemas relacionados con ella, no son un tema nuevo.

El aumento considerable de mortandad derivado de la pandemia que se vive por el coronavirus proviene de problemas por mala alimentación, lo que hace evidente un trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía, para garantizar el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Por lo que hace al derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad en niños y adolescentes, el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, pugnó por abordar a fondo el tema, porque “los estragos que hoy estamos padeciendo por la emergencia sanitaria, tienen una relación innegable con nuestros hábitos y consumos”.

Estuvo a favor de avanzar en la construcción de un modelo transversal que permita establecer un proceso de transformación en materia de derecho a la salud y la sana alimentación.

El incremento del sobrepeso y la obesidad en edades tempranas, es uno de los principales problemas de salud que enfrentan los gobiernos. Foto: Ignacio Huitzil

“Tenemos el reto de garantizar derechos humanos. No se trata de generar una cultura prohibicionista, sino una posibilidad real de transformar los hábitos que han colocado a la población de la capital en una situación de riesgo”, expresó.

Mientras tanto, al participar en el foro “El derecho a una alimentación sana, nutritiva, y suficiente en niñas, niños y adolescentes”, la titular de la Secretaría de Salud de la capital del país, Oliva López Arellano, consideró que el contexto actual que se vive es una oportunidad para avanzar en garantizar el derecho a la salud de todas las personas que habitan en la Ciudad de México.

Se refirió a la importancia de ver el derecho a la salud desde una perspectiva integral y no sólo con enfoque de mercado como se ha venido haciendo desde hace años. “Parte de las regulaciones que se están implementando ahora tienen que ver únicamente con atención médica y sanitaria, regular los etiquetados, la venta de productos con alto contenido calórico”.

En ese foro organizado por la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, aludió que en la dependencia a su cargo, el derecho a la salud se ve desde una perspectiva integral y más amplia; “para nosotros la tarea de la salud requiere trabajar en políticas públicas que atiendan todos los aspectos que impactan en la salud de la personas, no es una tarea o una responsabilidad únicamente de las personas, debemos observar y atender sus contextos sociales, culturales, laborales y económicos”.

Reconoció que se debe construir una plataforma de garantía de otros derechos como mejores espacios públicos, acceso al agua, a la vivienda, a un ambiente sano, a una vida digna, además de los servicios médicos, a fin de lograr impactar de forma importante en las condiciones de salud.

“Si sumamos la perspectiva de regulación y monitoreo, atención médico–sanitaria, acciones de salud comunitaria, que las personas tengan acceso a alimentos de calidad, la disponibilidad de agua, un espacio público para que puedan hacer ejercicio, activación física y movilidad, entonces podremos avanzar en producir una vida saludable”, declaró.

Llamó a que no solo se actúe en el etiquetado, impuestos o regulaciones; “no será suficiente, debemos trabajar por una atención integral en donde se involucre gobierno, Poder Legislativo, sociedad civil y todas las personas”.

A su vez, la postura de la presidenta de la Comisión de Salud en el Legislativo local, Lourdes Paz Reyes, es que resulta fundamental el compartir reflexiones y propuestas con relación a la obesidad, sobrepeso, así como salvaguardar los derechos de los menores de edad al consumo saludable.

Dijo que, en la actualidad, el incremento del sobrepeso y la obesidad en edades tempranas, es uno de los principales problemas de salud que enfrentan los gobiernos.

Mencionó que es importante revisar el estado actual del combate a la obesidad, con el objetivo de informar y desarrollar un criterio respecto a las acciones que se requieren para garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, además de contar con un marco jurídico y de información que permita a la población llevar una vida saludable.

En sus participaciones expertos coincidieron en que actualmente el país vive una crisis en padecimientos derivados de la obesidad y sobrepeso, mismos que deben atacarse desde la niñez para generar adultos sanos.

De ahí que se deban hacer cambios en los hábitos de consumo de alimentos chatarra e industrializados que son altos en azúcares y en grasas, para favorecer la ingesta de frutas, verduras y granos, entre otros, así como generar políticas públicas, cambios legislativos e incremento en el ingreso de las familias menos favorecidas, para modificar los hábitos de consumo en la población.

Con relación al panorama epidemiológico y consecuencias de la mala nutrición y consumo de alimentos de baja calidad nutricia en niños y adolescentes, así como la desigualdad alimentaria e ingerir alimentos de alto riesgo en la era de las pandemias, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, “Salvador Zubirán”, Abelardo César Ávila Curiel, recordó que hace 28 años se vislumbraba un panorama poco alentador en temas de salud, en cuanto a la relación de la alimentación y las enfermedades crónicas no transmisibles; “el futuro nos alcanzó sobre lo que se dijo en la reunión de agosto de 1992”.

Hizo notar que 80 por ciento de quienes llegan a los hospitales con síntomas de Covid-19 tiene comorbilidades por daño metabólico. “La pandemia revela que, en términos de mortalidad, ésta se adquiere cinco veces más por los padecimientos relacionados a la obesidad, sobrepeso y la diabetes”.

En su momento, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, puntualizó que las principales causas de mortalidad en México las encabezan las enfermedades cardiacas, seguidas de la diabetes, tumores malignos, enfermedades hepáticas, cerebro vasculares, respiratorias, accidentes e insuficiencia renal.

Por ello se trabaja en la transformación del sistema agroalimentario y del modelo de atención primaria de la salud, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), para establecer estrategias de prevención de la mala nutrición en niños y adolescentes.

El director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del Instituto de Salud Pública, Simón Barquera, estimó prioritario modificar aspectos del ambiente alimentario como impuestos, etiquetado, lineamientos en escuelas, protección de la lactancia, la regulación de la publicidad y la protección de la infancia para que no puedan acceder a los alimentos malsanos. Ello reduciría el gasto en consultas médicas y hospitalizaciones generadas por las enfermedades crónicas no transmisibles.

Dentro del desarrollo del tema de la desigualdad alimentaria y el consumo de alimentos de alto riesgo en la era de las pandemias, la especialista en temas de pobreza, desigualdad y alimentación, Paloma Villagómez, estimó que la alimentación tiene mucho que ver con las desigualdades económicas, que se reproducen en la “distribución inequitativa de los recursos sociales y económicos, en la segmentación y jerarquización económica y en especial del mercado, así como en la segregación de los espacios del consumo, sus relaciones sociales y sus prácticas”.

Mientras, el presidente del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, destacó que el país tiene el primer lugar en el consumo de alimentos procesados que originan obesidad, por lo que dio a conocer un decálogo que busca coadyuvar a controlar el problema de obesidad: regular la disposición de la comida chatarra y de bebidas azucaradas en los supermercados y las tiendas de conveniencia; regular que la venta de los paquetes infantiles no incluya refresco ni regalos; prohibir la instalación de máquinas vendedoras de comida chatarra en escuelas, hospitales y edificios públicos; prohibir la publicidad de ciertos productos en puntos de venta.

Además, regular la venta de comida chatarra afuera de las escuelas y la publicidad de estos productos a su alrededor; implementar la obligatoriedad de instalar dispensadores de agua en los centros comerciales, educativas, estaciones de autobuses, edificios y espacios públicos; ofertar agua gratuita como primera opción en los restaurantes; implementar un programa de venta de frutas y verduras en todos los barrios, y de un programa de revalorización de los productos del campo y nuestra cocina.

La diputada morenista Lourdes Paz Reyes, aludió la importancia de que se insista en el derecho a la buena alimentación, que ya se encuentra consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que es indispensable generar políticas públicas que lo garanticen.

“Es tarea del Poder Legislativo adecuar el marco normativo, teniendo en cuenta el interés superior de la niñez y los adolescentes”, que permitan el cumplimiento del derecho a la buena alimentación, acotó.

El planteamiento de representantes populares es que un Congreso democrático no sólo debe representar la pluralidad y la diversidad de la sociedad, también ser transparente en todas las funciones que desempeña, así como ser responsable por todas sus acciones, eficaz para la atención de las demandas y, lo más importante, ser un espacio público, dispuesto al escrutinio y participación de la sociedad.

Fue el diputado de Morena Ricardo Fuentes Gómez, quien comentó que en su Módulo de Atención Ciudadana se imparte un taller sobre el síndrome metabólico, que ahora se ofrece vía zoom, denominado “comer bien”, que ha sido muy exitoso, al explicarle a la ciudadanía cómo se transforma el sistema metabólico y por consiguiente los índices de obesidad, por la mala alimentación.

Discutir, aportar y aprender sobre un tema importante para la salud pública como es la alimentación, permitirá al Congreso vislumbrar alternativas para su regulación.

Tienen que abordarse abiertamente los beneficios y perjuicios de establecer una prohibición a la libre venta de comida chatarra en la Ciudad de México, lo que representa un esfuerzo considerable para fomentar un entorno alimentario saludable, además de permitir cambiar los hábitos de consumo de la población, e inculcar mejores costumbres alimentarias.

Una prioridad, es el atender la salud pública en temas de nutrición desde un enfoque de responsabilidad compartida entre gobierno, Congreso y sociedad.

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Ante la escalada de precios que registran los productos elementales de la canasta básica, el 62% de las familias admiten que ya no les alcanza su ingreso para adquirir estos productos, alertó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Al dar a conocer los resultados del monitoreo de precios de los productos esenciales de la canasta básica, realizado del 15 de febrero al 15 de marzo en la Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Tabasco; la ANPEC informó que los precios de la canasta básica registraron un aumento de hasta 81.82%, en promedio.

Los productos elevaron sus precios de la siguiente manera: 81.82% limón; 80% aguacate; 42% chile serrano; 57.59% frijol; 57% tomate; 50% lentejas; 23% azúcar; 16% huevo; 11% tortilla; 5.56% harina de trigo; entre otros.

Lamentablemente la previsión que hiciera el Banco de México, de que la inflación se dispararía en el segundo trimestre de este año, “está ocurriendo desde ahora”, declaró Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Detalló que en enero la inflación fue de 3.54%, en febrero de 3.84% y en marzo de 4%, debido al incremento de las gasolinas, cuyo precio ya rebasa los 20 pesos por litro, factor que encarece el abasto y suministro de los productos en el mercado nacional.

Otros factores que animan este proceso inflacionario es la inestabilidad de la paridad del peso frente al dólar, el factor estacional y las restricciones comerciales por pandemia. Este coctel genera las condiciones para la carestía de la vida en México; no es un asunto menor, al contrario, es un foco amarillo en la agenda nacional.

“Están por las nubes los precios de las proteínas (puerco, res, pollo, mariscos); granos (frijol, maíz, lentejas, arroz, habas); frescos (tomate, limón, chiles, aguacate); abarrotes (atún, harina, azúcar); de higiene y aseo personal. Es un aumento generalizado de precios en el mercado, prácticamente no hay un segmento que no lo haya resentido, acabando de complicar al poder adquisitivo de los consumidores. A la gente no le alcanza para comprar los productos de la canasta básica, 62% de los mexicanos no tienen para comprar los alimentos esenciales”, declaró Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Debido a esto, señaló que los consumidores mudaron su consumo a los productos genéricos y a granel, sabedores que son de menor calidad y que ofrecen una mayor merma, pero es lo que pueden comprar y les permite mantener su consumo esencial.

A partir de marzo, la carrera alcista también ha tocado a este segmento y han venido elevando sus precios hasta un 10%, de tal forma que ya no son tan asequibles y los consumidores no encuentran a dónde hacerse, por lo que cada vez dejan de adquirir más productos esenciales, sacrificando la calidad de su alimentación diaria.

ANPEC advierte de esta crisis alimentaria que atraviesa la sociedad mexicana porque es una parte de la factura económica que nos está cobrando la pandemia de Covid-19 a un año de padecer la ofensiva de este letal virus; en el 2021 enfrentamos esta secuela que pega en la zona hepática de nuestras vidas, ya que la gente se ve obligada a cercenar su consumo y debilitar su alimentación. No debemos olvidar que se puede dejar de comprar cualquier cosa menos los alimentos porque nadie puede dejar de comer ni vencer al hambre

“Este proceso inflacionario en una economía debilitada como la que tenemos por la recesión no es la mejor noticia que nos gustaría dar. Por ello llamamos al Gobierno Federal y a las fuerzas productivas a coordinarse y encontrar la mejor manera de ayudar a la población más vulnerable y desprotegida del país para que logren solventar los gastos que deriven de su manutención”, indicó Rivera.

Recordó que el subsidio a la población vulnerable en estos momentos ocurre en la mayoría de los países del mundo; muestra inobjetable de ello es el recién aprobado paquete económico de emergencia en Estados Unidos de 2 billones de dólares (2 mil millones de millones de pesos).

“Si nuestra gente no tiene con qué comer, no podremos hablar de reactivación ni futuro alguno y de lo que seguramente estaremos hablando será de un pasaje de ingobernabilidad social”, alertó Cuauhtémoc Rivera.

La mala alimentación y los problemas relacionados con ella, no son un tema nuevo. Foto: Ignacio Huitzil

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Arturo R. Pansza | La Prensa

Derivado al Covid-19 se han observado las complicaciones y el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas que padecen diabetes, hipertensión y obesidad, ante el abandono en la prevención de la salud, así como nulas políticas a favor de una alimentación saludable y a la poca información sobre productos con alto contenido de azúcares, sin dejar a un lado la falta de regulación de éstos.

Resulta que en México, la mala alimentación y los problemas relacionados con ella, no son un tema nuevo.

El aumento considerable de mortandad derivado de la pandemia que se vive por el coronavirus proviene de problemas por mala alimentación, lo que hace evidente un trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía, para garantizar el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Por lo que hace al derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad en niños y adolescentes, el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León, pugnó por abordar a fondo el tema, porque “los estragos que hoy estamos padeciendo por la emergencia sanitaria, tienen una relación innegable con nuestros hábitos y consumos”.

Estuvo a favor de avanzar en la construcción de un modelo transversal que permita establecer un proceso de transformación en materia de derecho a la salud y la sana alimentación.

El incremento del sobrepeso y la obesidad en edades tempranas, es uno de los principales problemas de salud que enfrentan los gobiernos. Foto: Ignacio Huitzil

“Tenemos el reto de garantizar derechos humanos. No se trata de generar una cultura prohibicionista, sino una posibilidad real de transformar los hábitos que han colocado a la población de la capital en una situación de riesgo”, expresó.

Mientras tanto, al participar en el foro “El derecho a una alimentación sana, nutritiva, y suficiente en niñas, niños y adolescentes”, la titular de la Secretaría de Salud de la capital del país, Oliva López Arellano, consideró que el contexto actual que se vive es una oportunidad para avanzar en garantizar el derecho a la salud de todas las personas que habitan en la Ciudad de México.

Se refirió a la importancia de ver el derecho a la salud desde una perspectiva integral y no sólo con enfoque de mercado como se ha venido haciendo desde hace años. “Parte de las regulaciones que se están implementando ahora tienen que ver únicamente con atención médica y sanitaria, regular los etiquetados, la venta de productos con alto contenido calórico”.

En ese foro organizado por la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, aludió que en la dependencia a su cargo, el derecho a la salud se ve desde una perspectiva integral y más amplia; “para nosotros la tarea de la salud requiere trabajar en políticas públicas que atiendan todos los aspectos que impactan en la salud de la personas, no es una tarea o una responsabilidad únicamente de las personas, debemos observar y atender sus contextos sociales, culturales, laborales y económicos”.

Reconoció que se debe construir una plataforma de garantía de otros derechos como mejores espacios públicos, acceso al agua, a la vivienda, a un ambiente sano, a una vida digna, además de los servicios médicos, a fin de lograr impactar de forma importante en las condiciones de salud.

“Si sumamos la perspectiva de regulación y monitoreo, atención médico–sanitaria, acciones de salud comunitaria, que las personas tengan acceso a alimentos de calidad, la disponibilidad de agua, un espacio público para que puedan hacer ejercicio, activación física y movilidad, entonces podremos avanzar en producir una vida saludable”, declaró.

Llamó a que no solo se actúe en el etiquetado, impuestos o regulaciones; “no será suficiente, debemos trabajar por una atención integral en donde se involucre gobierno, Poder Legislativo, sociedad civil y todas las personas”.

A su vez, la postura de la presidenta de la Comisión de Salud en el Legislativo local, Lourdes Paz Reyes, es que resulta fundamental el compartir reflexiones y propuestas con relación a la obesidad, sobrepeso, así como salvaguardar los derechos de los menores de edad al consumo saludable.

Dijo que, en la actualidad, el incremento del sobrepeso y la obesidad en edades tempranas, es uno de los principales problemas de salud que enfrentan los gobiernos.

Mencionó que es importante revisar el estado actual del combate a la obesidad, con el objetivo de informar y desarrollar un criterio respecto a las acciones que se requieren para garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, además de contar con un marco jurídico y de información que permita a la población llevar una vida saludable.

En sus participaciones expertos coincidieron en que actualmente el país vive una crisis en padecimientos derivados de la obesidad y sobrepeso, mismos que deben atacarse desde la niñez para generar adultos sanos.

De ahí que se deban hacer cambios en los hábitos de consumo de alimentos chatarra e industrializados que son altos en azúcares y en grasas, para favorecer la ingesta de frutas, verduras y granos, entre otros, así como generar políticas públicas, cambios legislativos e incremento en el ingreso de las familias menos favorecidas, para modificar los hábitos de consumo en la población.

Con relación al panorama epidemiológico y consecuencias de la mala nutrición y consumo de alimentos de baja calidad nutricia en niños y adolescentes, así como la desigualdad alimentaria e ingerir alimentos de alto riesgo en la era de las pandemias, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, “Salvador Zubirán”, Abelardo César Ávila Curiel, recordó que hace 28 años se vislumbraba un panorama poco alentador en temas de salud, en cuanto a la relación de la alimentación y las enfermedades crónicas no transmisibles; “el futuro nos alcanzó sobre lo que se dijo en la reunión de agosto de 1992”.

Hizo notar que 80 por ciento de quienes llegan a los hospitales con síntomas de Covid-19 tiene comorbilidades por daño metabólico. “La pandemia revela que, en términos de mortalidad, ésta se adquiere cinco veces más por los padecimientos relacionados a la obesidad, sobrepeso y la diabetes”.

En su momento, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, puntualizó que las principales causas de mortalidad en México las encabezan las enfermedades cardiacas, seguidas de la diabetes, tumores malignos, enfermedades hepáticas, cerebro vasculares, respiratorias, accidentes e insuficiencia renal.

Por ello se trabaja en la transformación del sistema agroalimentario y del modelo de atención primaria de la salud, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), para establecer estrategias de prevención de la mala nutrición en niños y adolescentes.

El director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del Instituto de Salud Pública, Simón Barquera, estimó prioritario modificar aspectos del ambiente alimentario como impuestos, etiquetado, lineamientos en escuelas, protección de la lactancia, la regulación de la publicidad y la protección de la infancia para que no puedan acceder a los alimentos malsanos. Ello reduciría el gasto en consultas médicas y hospitalizaciones generadas por las enfermedades crónicas no transmisibles.

Dentro del desarrollo del tema de la desigualdad alimentaria y el consumo de alimentos de alto riesgo en la era de las pandemias, la especialista en temas de pobreza, desigualdad y alimentación, Paloma Villagómez, estimó que la alimentación tiene mucho que ver con las desigualdades económicas, que se reproducen en la “distribución inequitativa de los recursos sociales y económicos, en la segmentación y jerarquización económica y en especial del mercado, así como en la segregación de los espacios del consumo, sus relaciones sociales y sus prácticas”.

Mientras, el presidente del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, destacó que el país tiene el primer lugar en el consumo de alimentos procesados que originan obesidad, por lo que dio a conocer un decálogo que busca coadyuvar a controlar el problema de obesidad: regular la disposición de la comida chatarra y de bebidas azucaradas en los supermercados y las tiendas de conveniencia; regular que la venta de los paquetes infantiles no incluya refresco ni regalos; prohibir la instalación de máquinas vendedoras de comida chatarra en escuelas, hospitales y edificios públicos; prohibir la publicidad de ciertos productos en puntos de venta.

Además, regular la venta de comida chatarra afuera de las escuelas y la publicidad de estos productos a su alrededor; implementar la obligatoriedad de instalar dispensadores de agua en los centros comerciales, educativas, estaciones de autobuses, edificios y espacios públicos; ofertar agua gratuita como primera opción en los restaurantes; implementar un programa de venta de frutas y verduras en todos los barrios, y de un programa de revalorización de los productos del campo y nuestra cocina.

La diputada morenista Lourdes Paz Reyes, aludió la importancia de que se insista en el derecho a la buena alimentación, que ya se encuentra consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que es indispensable generar políticas públicas que lo garanticen.

“Es tarea del Poder Legislativo adecuar el marco normativo, teniendo en cuenta el interés superior de la niñez y los adolescentes”, que permitan el cumplimiento del derecho a la buena alimentación, acotó.

El planteamiento de representantes populares es que un Congreso democrático no sólo debe representar la pluralidad y la diversidad de la sociedad, también ser transparente en todas las funciones que desempeña, así como ser responsable por todas sus acciones, eficaz para la atención de las demandas y, lo más importante, ser un espacio público, dispuesto al escrutinio y participación de la sociedad.

Fue el diputado de Morena Ricardo Fuentes Gómez, quien comentó que en su Módulo de Atención Ciudadana se imparte un taller sobre el síndrome metabólico, que ahora se ofrece vía zoom, denominado “comer bien”, que ha sido muy exitoso, al explicarle a la ciudadanía cómo se transforma el sistema metabólico y por consiguiente los índices de obesidad, por la mala alimentación.

Discutir, aportar y aprender sobre un tema importante para la salud pública como es la alimentación, permitirá al Congreso vislumbrar alternativas para su regulación.

Tienen que abordarse abiertamente los beneficios y perjuicios de establecer una prohibición a la libre venta de comida chatarra en la Ciudad de México, lo que representa un esfuerzo considerable para fomentar un entorno alimentario saludable, además de permitir cambiar los hábitos de consumo de la población, e inculcar mejores costumbres alimentarias.

Una prioridad, es el atender la salud pública en temas de nutrición desde un enfoque de responsabilidad compartida entre gobierno, Congreso y sociedad.

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