Ciudad de México.- El presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México A.C. (AIEJA), Miguel Ángel Ochoa, señaló que derivado de los impactos generados por la pandemia del Covid-19, se estima que dicho sector se recupere en su totalidad hasta febrero de 2022.
El 2020 fue uno de los peores años que la industria tenga memoria, ya que de representar un mercado de 25 mil millones de pesos, se redujo a 10 mil millones de pesos anuales.
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“Hemos sido de las industrias más castigadas, los primeros en cerrar, los últimos en abrir. Cuando si la pandemia aumenta, no tiene que ver con que los casinos estén abiertos. Cerrar los casinos no es arreglar la pandemia, en cambio, abrir los casinos es ayudar a la reactivación de la economía, impulsar el empleo, mejorar las inversiones y recibir más impuestos”, explicó.
De las 384 salas abiertas en marzo del año pasado y que se vieron obligadas a cerrar por tres meses, derivado de la pandemia, al día de hoy hay alrededor de 370 abiertas. 28 de 29 estados (excepto Baja California Sur), que tienen casinos han autorizado la reapertura de establecimientos afiliados a la AIEJA, con hasta 75% de aforo, sin embargo, la media de aforo en el país es del 46 por ciento.
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“Todavía mucha gente no va a los casinos, a pesar de que puede hacerlo, todavía tiene miedo, la gente se está acercando poco a poco. Por ejemplo, un casino que tenga un aforo de 75%, no quiere decir que siempre esté así, a lo mejor hay momentos del día en los que sí, pero en promedio pueden andar por debajo del 50%”, dijo Ochoa.
Asimismo, refirió que en el caso de Baja California es de los estados que tiene peor control de la pandemia y esta situación no es culpa del sector, permanecen cerrados seis casinos sin que a la fecha se tenga noticia de su apertura por parte del gobierno del estado.
La pandemia también refleja grandes pérdidas en materia fiscal para el gobierno federal y estados, ya que en 2019 el sector de casinos, juegos y sorteos, pagó 5 mil millones de pesos al gobierno federal y 2 mil millones a las entidades federativas, montos que caerían significativamente, con una reducción del 60% que tuvo la industria.
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