/ domingo 12 de enero de 2020

Piden panistas garantizar acceso a la salud y continuidad del Seguro Popular

La dirigencia nacional dio a conocer que respalda a los gobernadores del PAN que decidan no firmar el convenio con el Insabi

El PAN de la Ciudad de México y el Nacional se pronunciaron porque se garantice el acceso al servicio de salud, ya que con la salud no se juega ni se experimenta; no se puede dejar en la indefensión a quienes menos tienen; no basta pedir paciencia y comprensión, hay que brindar la atención que necesitan miles de personas.

El Gobierno de la Ciudad está obligado a garantizar el derecho universal de las y los capitalinos de acceder a los servicios de salud y medicamentos de manera gratuita, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del PAN en la CDMX.

En tanto, el Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, manifestó que ante el caos en los servicios de salud que pone en peligro a miles de mexicanos, es necesario que continúe el Seguro Popular para brindar atención médica a la gente más necesitada.

El Gobierno federal no puede jugar con la vida de las personas al tratar de imponer un nuevo sistema de salud sin un periodo de transición, sin capacitación y sin una debida planeación.

“Nuevamente estamos padeciendo otro ejercicio de soberbia e improvisación. El gobierno crea el INSABI, pero no sabe que para su implementación primero se requiere informar y capacitar a todo el personal médico. No podemos aceptar que los más pobres paguen los platos rotos de este gobierno inepto. Por eso exigimos que continúen los servicios médicos del Seguro Popular”, resaltó.

La dirigencia nacional, citó Cortés Mendoza, respalda a los gobernadores del PAN que decidan no firmar el convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), pues es inadmisible poner en riesgo a la población por adherirse a un nuevo sistema de salud improvisado, sin reglas de operación claras y sin garantías de universalidad y gratuidad.

Ante las recientes muestras de inconformidad y quejas generadas por el cobro de servicios médicos en diversos hospitales de la capital, el líder del PAN en la ciudad consideró que las fallas por la puesta en operación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) no debe ser pretexto para fallar a quienes menos tienen, destacó Andrés Atayde.

Por lo que pidió no dejar en indefensión a quienes no gozan de seguridad social y actuar de manera inmediata para ofrecer un servicio que permita alcanzar los niveles de bienestar que Morena prometió pero que además, demandan las y los ciudadanos.

Recordó que los servicios de salud públicos afectan a los grupos más vulnerables y que requieren atención especializada como los niños y enfermos de cáncer o personas con discapacidad que por la falta de recursos, carecen de los medios para trasladarse a una clínica u hospital privado para recibir atención.

Recibir en forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados al momento de requerir la atención médica es un derecho establecido en la Constitución que debe ser garantizado por cualquier gobierno, incluido el de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El Presidente de Acción Nacional dijo que, si bien es necesario mejorar el sistema de salud pública en México, cualquier reforma debe considerar un periodo de transición para su adecuada aplicación, cuya prioridad debe ser la atención de las personas más necesitadas, garantizar el abasto de medicamentos y la gratuidad de los servicios médicos.

El gobierno de Morena, concluyó, no quiere entender que para mejorar los servicios de salud no es necesario destruir el Seguro Popular. El desorden que ahora padecimos en salud es similar a lo vivido con la cancelación del programa de Estancias Infantiles en perjuicio de miles de madres trabajadoras y la escasez de gasolinas a principios de 2019, todo ello como resultado de la improvisación, la inexperiencia y la ideologización en la toma de decisiones de este gobierno.

Por su parte, la diputada panista Annia Sarahí Gómez Cárdenas planteó exhortar a la Secretaría de Salud, a fin de que dé celeridad a la publicación de las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el fin de garantizar su pronta y expedita divulgación.

Consideró urgente que el gobierno federal complemente las leyes recientemente aprobadas por el Poder Legislativo a través de las reglas de operación las cuales precisen la forma de trabajar del nuevo instituto, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.

En un punto de acuerdo remitido a la Segunda Comisión de la Permanente para su análisis, precisa que a 15 años de la creación del Seguro Popular este organismo ya extinto logró afiliar a más de 53 millones de afiliados.

Tan sólo el año pasado, las distintas instancias del Seguro Popular entregaron retrovirales a cien mil pacientes con VIH, atendieron a 50 mil personas con distintos cánceres y respaldaron a mujeres embarazadas para que 630 mil niños nacieran en diversos hospitales.

Sin embargo, dijo, “desde el primero de enero de 2020, miles de afiliados han quedado a expensas de la incertidumbre que genera tener un programa sin reglas de operación y sin una estrategia de comunicación clara sobre los nuevos procedimientos y normativas”.

Mientras que el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en proyectos clientelares a costa de la salud de los grupos más vulnerables.

De ahí que lo convocó para que recorra los hospitales del país y se dé cuenta que su Instituto de Salud de Bienestar (INSABI) es un fracaso y pone en riesgo la vida de millones de mexicanos. Urge la salud sin maquillajes.

Resaltó que los diputados federales del PAN, presentaron desde septiembre pasado una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el desvío de 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y ya vislumbraban las consecuencias que hoy se tiene a la vista.

“Demandamos de la ASF determine si el gobierno federal incurre en malversación del FPGC y en caso de que se acredite una violación a la norma, se determinen las sanciones administrativas correspondientes y se dé vista al Ministerio Público Federal respecto de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito”, añadió.

JLP

El PAN de la Ciudad de México y el Nacional se pronunciaron porque se garantice el acceso al servicio de salud, ya que con la salud no se juega ni se experimenta; no se puede dejar en la indefensión a quienes menos tienen; no basta pedir paciencia y comprensión, hay que brindar la atención que necesitan miles de personas.

El Gobierno de la Ciudad está obligado a garantizar el derecho universal de las y los capitalinos de acceder a los servicios de salud y medicamentos de manera gratuita, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del PAN en la CDMX.

En tanto, el Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, manifestó que ante el caos en los servicios de salud que pone en peligro a miles de mexicanos, es necesario que continúe el Seguro Popular para brindar atención médica a la gente más necesitada.

El Gobierno federal no puede jugar con la vida de las personas al tratar de imponer un nuevo sistema de salud sin un periodo de transición, sin capacitación y sin una debida planeación.

“Nuevamente estamos padeciendo otro ejercicio de soberbia e improvisación. El gobierno crea el INSABI, pero no sabe que para su implementación primero se requiere informar y capacitar a todo el personal médico. No podemos aceptar que los más pobres paguen los platos rotos de este gobierno inepto. Por eso exigimos que continúen los servicios médicos del Seguro Popular”, resaltó.

La dirigencia nacional, citó Cortés Mendoza, respalda a los gobernadores del PAN que decidan no firmar el convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), pues es inadmisible poner en riesgo a la población por adherirse a un nuevo sistema de salud improvisado, sin reglas de operación claras y sin garantías de universalidad y gratuidad.

Ante las recientes muestras de inconformidad y quejas generadas por el cobro de servicios médicos en diversos hospitales de la capital, el líder del PAN en la ciudad consideró que las fallas por la puesta en operación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) no debe ser pretexto para fallar a quienes menos tienen, destacó Andrés Atayde.

Por lo que pidió no dejar en indefensión a quienes no gozan de seguridad social y actuar de manera inmediata para ofrecer un servicio que permita alcanzar los niveles de bienestar que Morena prometió pero que además, demandan las y los ciudadanos.

Recordó que los servicios de salud públicos afectan a los grupos más vulnerables y que requieren atención especializada como los niños y enfermos de cáncer o personas con discapacidad que por la falta de recursos, carecen de los medios para trasladarse a una clínica u hospital privado para recibir atención.

Recibir en forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados al momento de requerir la atención médica es un derecho establecido en la Constitución que debe ser garantizado por cualquier gobierno, incluido el de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El Presidente de Acción Nacional dijo que, si bien es necesario mejorar el sistema de salud pública en México, cualquier reforma debe considerar un periodo de transición para su adecuada aplicación, cuya prioridad debe ser la atención de las personas más necesitadas, garantizar el abasto de medicamentos y la gratuidad de los servicios médicos.

El gobierno de Morena, concluyó, no quiere entender que para mejorar los servicios de salud no es necesario destruir el Seguro Popular. El desorden que ahora padecimos en salud es similar a lo vivido con la cancelación del programa de Estancias Infantiles en perjuicio de miles de madres trabajadoras y la escasez de gasolinas a principios de 2019, todo ello como resultado de la improvisación, la inexperiencia y la ideologización en la toma de decisiones de este gobierno.

Por su parte, la diputada panista Annia Sarahí Gómez Cárdenas planteó exhortar a la Secretaría de Salud, a fin de que dé celeridad a la publicación de las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con el fin de garantizar su pronta y expedita divulgación.

Consideró urgente que el gobierno federal complemente las leyes recientemente aprobadas por el Poder Legislativo a través de las reglas de operación las cuales precisen la forma de trabajar del nuevo instituto, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.

En un punto de acuerdo remitido a la Segunda Comisión de la Permanente para su análisis, precisa que a 15 años de la creación del Seguro Popular este organismo ya extinto logró afiliar a más de 53 millones de afiliados.

Tan sólo el año pasado, las distintas instancias del Seguro Popular entregaron retrovirales a cien mil pacientes con VIH, atendieron a 50 mil personas con distintos cánceres y respaldaron a mujeres embarazadas para que 630 mil niños nacieran en diversos hospitales.

Sin embargo, dijo, “desde el primero de enero de 2020, miles de afiliados han quedado a expensas de la incertidumbre que genera tener un programa sin reglas de operación y sin una estrategia de comunicación clara sobre los nuevos procedimientos y normativas”.

Mientras que el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en proyectos clientelares a costa de la salud de los grupos más vulnerables.

De ahí que lo convocó para que recorra los hospitales del país y se dé cuenta que su Instituto de Salud de Bienestar (INSABI) es un fracaso y pone en riesgo la vida de millones de mexicanos. Urge la salud sin maquillajes.

Resaltó que los diputados federales del PAN, presentaron desde septiembre pasado una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el desvío de 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y ya vislumbraban las consecuencias que hoy se tiene a la vista.

“Demandamos de la ASF determine si el gobierno federal incurre en malversación del FPGC y en caso de que se acredite una violación a la norma, se determinen las sanciones administrativas correspondientes y se dé vista al Ministerio Público Federal respecto de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito”, añadió.

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