Organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos remarcan en que la tortura se mantiene en México sin que haya sido eliminada, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirme que la tortura ha sido erradicada; asimismo, condenan asesinatos contra defensores de la tribu Yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y Estado de México.
En una conferencia de prensa virtual, activistas recordaron que en el mes de junio, al menos dos personas defensoras de derechos humanos y tres periodistas fueron asesinados en México.
Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares de la violencia, y exigimos de las autoridades de gobierno garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión.
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Ante este contexto de violencia, es necesario impulsar una política pública integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En un pronunciamiento firmado por cientos de personas y organizaciones se solidarizan con las víctimas y sus familias, y condenan los asesinatos, ataques y amenazas sistemáticas en contra de personas defensoras de derechos humanos, en especial quienes defienden la tierra y el territorio, y contra periodistas y medios independientes en el país.
Los homicidios en Sonora cometidos en contra de los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo, tras días de estar desaparecido y de Luis Urbano Domínguez, ambos pertenecientes a la tribu Yaqui, así como de los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique García en Estado de México y Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
Además, exponen la ausencia de medidas y políticas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas.
La falta de campañas de reconocimiento sobre la defensa de derechos humanos; ausencia de investigaciones y sanciones penales a las agresiones previas; poca coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la labor de personas defensoras y periodistas.
Falta de debida diligencia en la realización de análisis de riesgo e implementación de medidas de protección, en especial con enfoque de género, colectivo y comunitario; y la ausencia de políticas de seguridad dirigidas a la desarticulación de bandas criminales, son algunas de las falencias identificadas que han posibilitado que personas defensoras y periodistas no cuenten con condiciones seguras para poder realizar su labor.
Frente a la continuación de violencia, ataques físicos y homicidios cometidos contra personas defensoras y periodistas, que han evidenciado la profundización de la crisis y violencia en materia de derechos humanos en el actual contexto de Covid-19 y post-electoral, exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales y entes autónomos implementar acciones dirigidas a la creación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como omitir cualquier acción que inhiba el ejercicio de los derechos de estas poblaciones.
Las agrupaciones de la sociedad civil exigen a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a combatir la impunidad investigando diligentemente los asesinatos cometidos contra personas defensoras y periodistas.
Urge que se lleven a cabo las investigaciones conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y con base a buenas prácticas en materia de delitos cometidos en contra de personas defensoras, que partan de la hipótesis de su labor de defensa e información.
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También exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En el 2017 fue aprobada la Ley General contra la Tortura que ordenaba la creación de unidades en cada una de las fiscalías de los estados, las cuales deben asumir las investigaciones para casos de tortura, pero la mayoría de sus disposiciones no se aplican.
México sigue sin contar con un Registro Nacional del Delito de Tortura ni con un Programa Nacional contra la Tortura y la mayoría de los estados siguen sin contar con fiscalías especializadas que investiguen los delitos de tortura.
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