Decenas de organizaciones y defensoras de derechos exigen al Gobierno Federal la renuncia de la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), María Candelaria Ochoa Ávalos, ante su evidente falta de compromiso, inacción y sobre todo por la obstaculización que desde su puesto realiza a la garantía de los derechos de las mujeres en México.
En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero comentan estar conscientes de la importancia de las instituciones creadas con el fin de cumplir en la coadyuvancia para una vida libre de violencia para las mujeres mexicanas.
Empero, en este momento histórico, cuando la creciente gravedad de la situación del feminicidio en todo el país nos demanda instituciones fuertes y comprometidas, “vemos con preocupación que quien está a cargo no esté a la altura de la problemática”.
En la misiva exponen que, como organizaciones ubicadas en distintas partes del país, han atestiguado que a más de seis meses de que tomara posesión del cargo, la actual Comisionada no ha impulsado ni realizado acciones contundentes que puedan atender el problema, ya que actualmente acaban con la vida de 10 mujeres diarias en nuestro país.
El ejemplo más reciente es la promoción de un recurso de revisión contra el amparo concedido el pasado 13 de septiembre a las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, por el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa.
Además de que esta acción -en sí misma dilata la necesaria activación de la Declaratoria de AVG y el cumplimiento del amparo concedido por el Poder Judicial de la Federación a las organizaciones peticionarias, víctimas y familiares de víctimas- el recurso interpuesto por la CONAVIM, cuya titular paradójicamente se reivindica como feminista, cuestiona la participación de la sociedad civil, su experiencia y su interés legítimo en actuar en defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres que viven en un contexto de violencia.
Incluso, argumenta que la concesión del amparo y sus efectos no tienen un alcance al que como autoridad responsable pueda dar cumplimiento.
Esto se traduce en manifestar que no depende de ella la designación de recursos ni el deber de transparentar las acciones gubernamentales, particularmente, sobre los informes generados por los grupos encargados para dar seguimiento a las acciones emanadas de la Declaratoria, pues menciona que todo ese trabajo es “información reservada”, lo que propicia también la falta de transparencia de los recursos y acciones que el Estado está obligado a realizar en cualquier tipo de gobierno.
Además de la negativa de la Declaratoria de AVG para la CDMX, la actual Comisionada ha llevado a las organizaciones peticionarias a interponer demandas ante el Poder Judicial de la Federación, quien ha reconocido mediante los diversos juicios de amparo, el actuar ilegal de CONAVIM, como fue el caso también en el estado de Zacatecas.
Ahí el Poder Judicial, determinó que no se había fundado y motivado la negativa de la solicitud, ordenando se volviera a resolver sobre la admisión, tomando en consideración los hechos planteados por las organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte, actualmente está pendiente de resolverse un tercer amparo, en este caso relacionado con la tercera solicitud de AVG para el estado de Veracruz, en donde la CONAVIM nuevamente actuó de manera irregular para impedir el adecuado trámite de dicha solicitud, acumulándola a una previa, invisibilizando la problemática de desaparición de mujeres y niñas, denunciada por las organizaciones.
Es decir, en lugar de dar cumplimiento a sus obligaciones en la implementación del mecanismo de AVG, de diseñar los planes de implementación y la metodología de seguimiento y evaluación de las 19 AVG declaradas y de convocar a los grupos de seguimiento -como se le ha solicitado en diversos estados- la actual Comisionada se ha dedicado a orillar a las organizaciones a judicializar los derechos de las mujeres, en lugar de garantizarlos como lo establece su mandato. Otro ejemplo de actuar indebido por parte de la CONAVIM, que tuvo como fin obstaculizar la participación de la sociedad civil y de las defensoras de los derechos humanos en el mecanismo de AVG, se vivió en el estado de Jalisco el 20 de abril de 2019, cuando la Titular de la CONAVIM quiso impedir la presencia de las organizaciones peticionarias, advirtiendo que sólo estarían presentes si el Gobernador estaba de acuerdo, a lo que él respondió que las organizaciones deben estar no sólo por ser peticionarias sino para dar seguimiento, por lo que finalmente se garantizó su presencia; sin embargo, esta decisión no debería ser una concesión sino una garantía en cumplimiento de la ley.
El pasado 2 de octubre de 2019, en el marco de la Plataforma de Dublín para Personas Defensoras de Derechos Humanos 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet reconoció la labor de las defensoras de los derechos de las mujeres.
En ese momento advirtió la importancia de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, pues a pesar de que el próximo año se cumplen 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y de haber sido aprobada la Plataforma de Acción que fuera adoptada por unanimidad por 189 gobiernos, refirió que: “pareciera que la discusión no es ir hacia adelante sino en cómo no ir hacia atrás, por eso es que las defensoras de derechos humanos son tan necesarias, porque necesitamos hacer retroceder a quienes nos quieren hacer retroceder”.
Por otra parte, el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) en julio de 2018 en sus Observaciones Finales sobre el Noveno Informe de México que se realiza cada cuatro años, recomendó al Estado mexicano: “elaborar un plan de acción nacional, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil de mujeres, para garantizar la participación de las mujeres en el tratamiento de la situación de inseguridad, violencia y delincuencia organizada en el país”, y respecto de las AVG recomendó “evaluar la repercusión del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación de los planos federal, estatal y municipal, y que vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, expertas del mundo académico y defensoras de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia”.
Otra de las demandas de las organizaciones de la sociedad civil es un Plan y acciones reales para el combate y erradicación de la violencia contra las mujeres en México.
Evaluar y medir resultados en las 19 AVG declaradas en el país, para conocer el grado de avance y obstáculos en la implementación de las medidas, con el fin de actualizarlas, direccionarlas, tenerlas por cumplidas o, en su caso, denunciar y sancionar a las autoridades omisas.
HM
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