La cifra de más de 97 mil personas, contabilizadas oficialmente, como desaparecidas en nuestro país, expresa la crisis humanitaria que vive México, pero no refleja la realidad del fenómeno, porque “siempre hay una cifra negra” que corresponde a aquellos casos que no son denunciados, aseguró Edgar Chávez Hernández.
La búsqueda también está atravesada por una circunstancia de migración forzada que viene de varios países, y aunada a las familias que en México vienen desplazándose de sus territorios de origen, por las diversas desigualdades y la precarización de sus modos de vida “y esto las pone en riesgo en los sitios por donde circulan a nivel nacional”, por lo que hay un panorama bastante amplio de la desaparición que además está acentuado por la presencia de grupos criminales.
El coordinador del diplomado Desaparición forzada en México –que se impartirá en la Unidad Cuajimalpa de la UAM– indicó que “lamentablemente tenemos una recurrencia a nivel nacional” de casos en esta situación, pues suceden en todos los estados de la República Mexicana, y son las familias de las y los desaparecidos quienes buscan todos los días a sus seres queridos y están en permanente vulnerabilidad.
En entrevista el especialista en Antropología visual y Comunicación Política citó que los familiares están buscando de manera sistemática en el campo, lo que es muy importante porque “hacen un papel que le correspondería al Estado”; sin embargo, hay además una búsqueda de presunción de vida en hospitales comunes y psiquiátricos, en las morgues, los penales y en otros lugares donde pudieran estar albergados.
El experto refirió que el aprendizaje de las familias los ha llevado a posicionarse como expertos y expertas en el tema, papel que se les debe reconocer no sólo de manera enunciativa, sino en su capacidad de transmitir dicho conocimiento a otros.
“Esto es muy relevante porque esta comunicación es igualmente para adelantar un poco el proceso de sufrimiento que pueden tener otros sobre algo que ellas ya pasaron en esta búsqueda de acceso a la justicia y a la verdad”, indicó.
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Por ello es esencial el trabajo de apoyo continuado de diversos sectores de la sociedad civil y de instituciones como la Universidad, porque “estamos hablando no sólo de desaparición forzada, sino de todos los crímenes que puedan estarse gestando alrededor de ella” y para las familias ha sido sumamente relevante hacer del conocimiento público la labor que realizan.
El acompañamiento psicosocial y jurídico que se hace desde la Unidad Cuajimalpa con el Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina, ha dado un aliciente para poder incidir en temas legislativos y sobre los marcos jurídicos, y colocarlas en la agenda nacional, que es una de las grandes demandas de los parientes.
El papel que han jugado investigadoras e investigadores formados en ciertas áreas de conocimiento es importante, pero también el de las y los estudiantes desde las licenciaturas y desde sus tesis de investigación. En la Unidad Cuajimalpa, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes en el Laboratorio de Estudios Socioterritoriales que trabajan el tema de mapeo y geolocalización y brindan capacitación a las familias sobre estos asuntos que para ellas son fundamentales.
Las fichas de búsqueda y la actualización de los retratos hablados son muy importantes, pues alguien desaparecido durante diez años no tendrá la misma apariencia ahora, por lo que este tipo de actualización, llamada de progresión de edad es experiencia que se comparte con los familiares.
Esta tesis y otras investigaciones han hecho aportaciones de conocimiento de tipo tecnológico, de acceso a la justicia y de acompañamiento psicosocial, que es fundamental porque de nada sirve tener herramientas tecnológicas o jurídicas, si no “entendemos que las familias son actores centrales en todos estos procesos y deben estar siempre presentes para decir lo que piensan y lo que les parece prudente y relevante”.
La convocatoria para cursar el diplomado, coordinado también por Rodolfo Suárez Molnar, ex rector de la unidad Cuajimalpa, está abierta desde el 15 de marzo y hasta el seis de abril para iniciar el seis de agosto próximo.
Si bien “nos da gusto recibir numerosas solicitudes, no lo podemos normalizar”; es decir “no deberíamos estar ofertando estos diplomados porque no es normal que ocurran estos crímenes; sin embargo mientras tengamos la posibilidad y para las familias sea relevante se seguirán haciendo”.
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