La NOM 237 implica una sobre regulación para las escuelas particulares que generará costos adicionales, alertó Coparmex al manifestar su preocupación de que forma como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pretende aplicarla, ya que invadiría y duplicaría facultades con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El Estado debe garantizar una educación de calidad a través de normas que promuevan el fortalecimiento de las instituciones educativas, y la creación de la NOM 237 que regula la prestación del servicio educativo por parte de particulares, contraviene ese objetivo.
La Coparmex señaló que esta nueva norma define a las escuelas particulares como establecimientos mercantiles y las obliga a registrar su Contrato de Adhesión con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), cuando en realidad las escuelas son prestadoras de un servicio educativo de índole social.
Resaltó que las escuelas particulares representan una opción de educación, derecho que tienen niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y derecho también que les pertenece a los padres y madres de familia en cuanto a la decisión que pueden o no tomar.
En segundo lugar, dijo que este proyecto de Norma implica una sobre regulación para las escuelas particulares, ya que su entrada en vigor generará costos adicionales relacionados con nuevas inspecciones y verificaciones por parte de Profeco que deberán atender y para las cuales deberán destinar una mayor cantidad de personal.
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“Es especialmente preocupante que la norma, tal como se pretende aplicar, incluye procesos por parte de Profeco que invaden y duplican facultades con la Secretaría de Educación Pública”, apuntó el organismo empresarial.
Agregó que el sector educativo ha sido uno de los más impactados por las consecuencias del COVID-19. A agosto 2021, aún hay 100 mil empleos del sector educativo asegurados en el IMSS menos de los que había previo al inicio de la pandemia (febrero 2020). Esto significa una pérdida del 14% de los empleos asegurados en el IMSS que había en el sector educativo.
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