/ martes 7 de enero de 2020

Propone Batres integrar extorsión al catálogo de delitos

Debe comprender prisión preventiva oficiosa, una vez que el cobro de piso no se denuncia por temor a represalias

Como la extorsión ocupa el quinto lugar de denuncias con más capetas de investigación con un total de 5 mil 649 iniciadas desde que se tienen cifras oficiales, por lo que el senador Martí Batres, propondrá que el delito se integre al listado del Catálogo de Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Acuso que es de las actividades ilícitas que más afecta a la sociedad del país.

El legislador exhibió que las extorsiones como el cobro de piso no se denuncian por temor a represalias, en el caso de las llamadas telefónicas, la ciudadanía no le da la importancia para presentar el incidente ante los ministerios públicos.

Denunció que en el Senado no están exentos de este delito, ya que durante el mes de diciembre, trabajadores y secretarias de las y los senadores recibieron llamadas de extorsión.

Anunció que presentará, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión ocupa el quinto lugar de denuncias, indicó.

Además, el Observador Nacional Ciudadano estima que la extorsión es el segundo delito más cometido en México. Y según reportes de diversas cámaras empresariales, esta actividad delictiva ha aumentado 23%.

Refirió que en la encuesta de victimización y percepción de la seguridad pública, de 33.6 millones de delitos cometidos durante 2017, 6.6 millones fueron por extorsión (7 mil 719 por cada 100 mil habitantes).

Por todo ello y tras reunir con ciudadanos, empresarios, alcaldes y con la jefa de gobierno de la CDMX, donde le expresaron que reiteradamente han sido víctimas de este acto y le solicitaron que impulsará dicha reforma.

Sobre las llamadas de extorsión provenientes de los centros penitenciarios, agregó que estos tienen herramientas jurídicas y tecnológicas, para inhibir la operación de bandas al interior de las cárceles, pero recalcó que es necesario revisar las medidas que se han tomado hasta ahora por parte de las autoridades correspondientes.

EGS

Como la extorsión ocupa el quinto lugar de denuncias con más capetas de investigación con un total de 5 mil 649 iniciadas desde que se tienen cifras oficiales, por lo que el senador Martí Batres, propondrá que el delito se integre al listado del Catálogo de Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Acuso que es de las actividades ilícitas que más afecta a la sociedad del país.

El legislador exhibió que las extorsiones como el cobro de piso no se denuncian por temor a represalias, en el caso de las llamadas telefónicas, la ciudadanía no le da la importancia para presentar el incidente ante los ministerios públicos.

Denunció que en el Senado no están exentos de este delito, ya que durante el mes de diciembre, trabajadores y secretarias de las y los senadores recibieron llamadas de extorsión.

Anunció que presentará, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión ocupa el quinto lugar de denuncias, indicó.

Además, el Observador Nacional Ciudadano estima que la extorsión es el segundo delito más cometido en México. Y según reportes de diversas cámaras empresariales, esta actividad delictiva ha aumentado 23%.

Refirió que en la encuesta de victimización y percepción de la seguridad pública, de 33.6 millones de delitos cometidos durante 2017, 6.6 millones fueron por extorsión (7 mil 719 por cada 100 mil habitantes).

Por todo ello y tras reunir con ciudadanos, empresarios, alcaldes y con la jefa de gobierno de la CDMX, donde le expresaron que reiteradamente han sido víctimas de este acto y le solicitaron que impulsará dicha reforma.

Sobre las llamadas de extorsión provenientes de los centros penitenciarios, agregó que estos tienen herramientas jurídicas y tecnológicas, para inhibir la operación de bandas al interior de las cárceles, pero recalcó que es necesario revisar las medidas que se han tomado hasta ahora por parte de las autoridades correspondientes.

EGS

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