/ martes 3 de diciembre de 2019

Plan emergente de atención a violencia contra mujeres

Incapacidad del Estado y ausencia de políticas públicas para hacer frente a la violencia hacia ese sector de la población: Lorena Villavicencio

Un plan emergente de prevención y atención a la violencia institucional contra las mujeres, niñas y niños, propuso la coordinadora de la subcomisión de Feminicidios y Violencia Contra las Mujeres de la Cámara de Diputados, Lorena Villavicencio Ayala, ante la incapacidad del Estado y la ausencia de políticas públicas para hacer frente a la violencia hacia ese sector de la población.

Dio cuenta que pretende que la subcomisión ofrezca asesorías y acompañamiento directo a víctimas de violencia institucional donde las mujeres puedan denunciar al policía, Ministerio Público, perito o juez que haya omitido o generado alguna acción que vulnere sus derechos humanos y como víctima.

Asimismo, asesoría y acompañamiento directo a las víctimas de violencia de género cometidas por algún funcionario público; impulsar la construcción de un registro único de agresores contra las mujeres por razones de género y garantizar, mediante solicitudes directas a las unidades de atención a víctimas, la reparación integral del daño.

La legisladora de la bancada de Morena convocó a las barras y colegios de abogados y despachos, a “apoyarnos en la supervisión, acompañamiento y litigio estratégico de los casos en lo particular como un esfuerzo probono en favor de erradicar esta pandemia de violencia contra las mujeres, niñas y niños”.

Villavicencio Ayala, dijo que en el caso de las niñas y niños, el tema es aún más grave, porque las políticas públicas son insuficientes o no existen, se suma a eso, subestimar su palabra y dejarlos en total desprotección, “además, de que se ha convertido en un negocio para los ministerios públicos y jueces el hecho de ser omisos o negligentes obligando a los menores abusados a convivir con su agresor".

Señaló que es preciso eliminar la prescripción de todos los delitos que impliquen algún tipo de violencia sexual y que reformará la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para que las alertas de género puedan ser declaradas de oficio, sin que medie la petición de una organización civil, para evitar aplazar el proceso y la atención de la emergencia.

Conminó al Congreso de la Unión a garantizar la elaboración de un código penal único para sancionar a quienes hayan sido testigos, tenido conocimiento o hayan podido prevenir la comisión de un delito o ejercicio de violencia sexual contra mujeres y menores, y no haya informado, denunciado o colaborado.

“Urge hacer las modificaciones al artículo 73 de la Constitución para que podamos elaborar el código penal único, al no existir ninguna política de prevención, atención y erradicación de estas violencias que se repiten y anuncian, hasta culminar en feminicidios con la complicidad de los gobiernos, fiscalías y jueces por omisión”, señaló.

Dio cuenta que citará con carácter de urgente a los fiscales de los estados y al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y al Consejo de la Judicatura Federal, para conocer las acciones concretas, mecanismos y programas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

“Ante un sistema de justicia colapsado, corrupto y carente de órganos autónomos eficientes que den seguimiento a la actuación de los jueces y magistrados, como es el Consejo de la Judicatura, las fiscalías y ministerios públicos que no están asumiendo su función como representantes de la sociedad al ser omisos y negligentes en la atención a las mujeres víctimas de violencia”, expuso.

Estimó que las autoridades están valorando los feminicidios y violencias desde estereotipos y prejuicios, y no desde un enfoque diferenciado de derechos humanos y perspectiva de género, lo cual “impacta las determinaciones, negando el derecho del acceso a la justicia, un debido proceso y una investigación seria y profunda que derive en sentencias en favor de las mujeres”.

Notificó que diseñará y generará una certificación obligatoria en materia de género y derechos humanos para ministerios públicos, peritos y policías que contenga la validación de no haber sido agresores y para que cuenten con la preparación necesaria para poder atender a las víctimas de violencia por razones de género.

Anunció que en breve realizará una campaña a nivel nacional en favor de los derechos humanos de mujeres, niñas y niños en colaboración con diferentes instancias, órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos internacionales.

EGS

Un plan emergente de prevención y atención a la violencia institucional contra las mujeres, niñas y niños, propuso la coordinadora de la subcomisión de Feminicidios y Violencia Contra las Mujeres de la Cámara de Diputados, Lorena Villavicencio Ayala, ante la incapacidad del Estado y la ausencia de políticas públicas para hacer frente a la violencia hacia ese sector de la población.

Dio cuenta que pretende que la subcomisión ofrezca asesorías y acompañamiento directo a víctimas de violencia institucional donde las mujeres puedan denunciar al policía, Ministerio Público, perito o juez que haya omitido o generado alguna acción que vulnere sus derechos humanos y como víctima.

Asimismo, asesoría y acompañamiento directo a las víctimas de violencia de género cometidas por algún funcionario público; impulsar la construcción de un registro único de agresores contra las mujeres por razones de género y garantizar, mediante solicitudes directas a las unidades de atención a víctimas, la reparación integral del daño.

La legisladora de la bancada de Morena convocó a las barras y colegios de abogados y despachos, a “apoyarnos en la supervisión, acompañamiento y litigio estratégico de los casos en lo particular como un esfuerzo probono en favor de erradicar esta pandemia de violencia contra las mujeres, niñas y niños”.

Villavicencio Ayala, dijo que en el caso de las niñas y niños, el tema es aún más grave, porque las políticas públicas son insuficientes o no existen, se suma a eso, subestimar su palabra y dejarlos en total desprotección, “además, de que se ha convertido en un negocio para los ministerios públicos y jueces el hecho de ser omisos o negligentes obligando a los menores abusados a convivir con su agresor".

Señaló que es preciso eliminar la prescripción de todos los delitos que impliquen algún tipo de violencia sexual y que reformará la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para que las alertas de género puedan ser declaradas de oficio, sin que medie la petición de una organización civil, para evitar aplazar el proceso y la atención de la emergencia.

Conminó al Congreso de la Unión a garantizar la elaboración de un código penal único para sancionar a quienes hayan sido testigos, tenido conocimiento o hayan podido prevenir la comisión de un delito o ejercicio de violencia sexual contra mujeres y menores, y no haya informado, denunciado o colaborado.

“Urge hacer las modificaciones al artículo 73 de la Constitución para que podamos elaborar el código penal único, al no existir ninguna política de prevención, atención y erradicación de estas violencias que se repiten y anuncian, hasta culminar en feminicidios con la complicidad de los gobiernos, fiscalías y jueces por omisión”, señaló.

Dio cuenta que citará con carácter de urgente a los fiscales de los estados y al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y al Consejo de la Judicatura Federal, para conocer las acciones concretas, mecanismos y programas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

“Ante un sistema de justicia colapsado, corrupto y carente de órganos autónomos eficientes que den seguimiento a la actuación de los jueces y magistrados, como es el Consejo de la Judicatura, las fiscalías y ministerios públicos que no están asumiendo su función como representantes de la sociedad al ser omisos y negligentes en la atención a las mujeres víctimas de violencia”, expuso.

Estimó que las autoridades están valorando los feminicidios y violencias desde estereotipos y prejuicios, y no desde un enfoque diferenciado de derechos humanos y perspectiva de género, lo cual “impacta las determinaciones, negando el derecho del acceso a la justicia, un debido proceso y una investigación seria y profunda que derive en sentencias en favor de las mujeres”.

Notificó que diseñará y generará una certificación obligatoria en materia de género y derechos humanos para ministerios públicos, peritos y policías que contenga la validación de no haber sido agresores y para que cuenten con la preparación necesaria para poder atender a las víctimas de violencia por razones de género.

Anunció que en breve realizará una campaña a nivel nacional en favor de los derechos humanos de mujeres, niñas y niños en colaboración con diferentes instancias, órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos internacionales.

EGS

Policiaca

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