/ lunes 24 de febrero de 2020

Más altas las condenadas para las mujeres en reclusión: Reinserta

Ello a pesar de que los delitos de mayor incidencia son los mismos como robo y homicidio

Las mujeres en reclusión sufren más altas condenas, pese a mayor inversión de su defensa en comparación con los hombres, señala el "Diagnóstico Sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México", elaborado por Reinserta.

Las condenas para las mujeres son más elevadas que las de los hombres, a pesar de que los delitos de mayor incidencia son los mismos (robo y homicidio).

Las presas cambian de abogado de defensor hasta tres veces, mientras que los hombres lo hacen solo una vez.

La organización de la sociedad civil, explicó que el estudio se realizó en cinco estados del país (Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas), y participaron 3 mil 73 personas privadas de la libertad.

En el museo Memoria y Tolerancia, Saskia Niño de Rivera, Mercedes Castañeda y Fernanda Dorantes, cofundadoras de Reinserta, agradecieron a los despachos de abogados: O' Farrill y Abogados, Katz & Gudiño Abogados, S.C., Bufete Ruíz Durán, S.C., Nassar, Nassar y Asociados, S.C. y Riquelme, Sirazi, Gómez Mont Abogados; en contribuir a este diagnóstico que tiene como finalidad presentar información, desde la voz de las personas privadas de la libertad, acerca de cómo perciben que fue el desempeño de sus abogadas y abogados defensores, tanto públicos como particulares.

En la presentación Ana Laura Magaloni del CIDE, Lisa Sánchez de México Unido Contra la Delincuencia, Netzaí Sandoval, del Instituto Federal de Defensoría Pública, Roberto Hernández del World Justice Project, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno de Segob y Fernando Gómez Mont, socio de Zinser, Esponda y Gómez Mont Abogados; consideraron que el promedio de tiempo de condena para las mujeres es más elevado que el de los hombres, aun cuando los delitos de mayor incidencia son los mismos (robo y homicidio).

La función de los abogados defensores es fundamental en los juicios penales, debido a que tienen la importante labor de verificar que éstos se lleven con apego a la justicia; no obstante, los hallazgos evidencian áreas de oportunidad de importante consideración para mejorar los servicios de defensoría penal.

En este sentido, las mujeres cambian de abogado de defensor hasta tres veces, mientras que los hombres lo hacen solo una vez. Resulta destacable también, que las mujeres contratan más los servicios de defensoría particular y destinan hasta un 50% más de recursos, en comparación con los hombres.

Los ponentes puntualizaron que más del 60% de las personas encuestadas señalaron que no contaron con un defensor que previniera o evitara actos de tortura desde la detención y durante su paso por las fiscalías.

El 65% de los participantes dio una calificación reprobatoria a su abogado defensor, el 40% señaló que lo calificaría con cero.

El 73% de las mujeres indicaron que no contaron con la asistencia de un abogado defensor que las apoyara con la canalización de las hijas e hijos a su cargo.

El 52% de los hombres consideraron que sus abogados defensores no asistían debidamente preparados a las audiencias.

El abogado defensor es el vehículo que permite a las personas acusadas por un delito acceder efectivamente a la justicia y su correcto desempeño puede detonar el mejoramiento del sistema de impartición de justicia penal en México.


Una noticia alentadora es que los abogados defensores que participaron en juicios del sistema penal acusatorio, fueron mejor evaluados que los que no; esto representa que se pueden elevar los estándares de desempeño de todos los operadores del sistema y con ello, lograr su fortalecimiento.

Algunas recomendaciones propuestas consisten en humanizar la función de los defensores, promoviendo la ética y la humanidad para con las personas que defienden.

El fortalecimiento de las defensorías públicas es crucial, se debe ampliar la plantilla de personal para evitar la sobre carga de asuntos y se debe garantizar que en todas las fiscalías del país se presten sus servicios las 24 horas del día y que el abogado defensor sea la primera persona con quien las personas detenidas establezcan contacto al llegar a sede ministerial, a efecto de tutelares derechos humanos.

Con motivo de los resultados obtenidos con relación a las mujeres privadas de la libertad, es de gran importancia la perspectiva de género en la práctica profesional de los defensores, en el sentido de impulsar el dictado de resoluciones judiciales ceñidas a ésta; pero también en su desempeño cotidiano, debiendo considerar sus condiciones específicas en torno a ser mujer.

En un estudio piloto en la Ciudad de México, se tomó una muestra de 367 personas privadas de libertad. Los centros de reclusión visitados fueron tres: los Reclusorios Preventivos Varonil Norte y Oriente, así como el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Hubo mayor participación del reclusorio Norte (47% de la muestra), después del Oriente (32.6%) y por último del de Santa Martha (20%), esto también fue porque la muestra se determinó de forma proporcional con la población total de cada penal.

EG

Las mujeres en reclusión sufren más altas condenas, pese a mayor inversión de su defensa en comparación con los hombres, señala el "Diagnóstico Sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México", elaborado por Reinserta.

Las condenas para las mujeres son más elevadas que las de los hombres, a pesar de que los delitos de mayor incidencia son los mismos (robo y homicidio).

Las presas cambian de abogado de defensor hasta tres veces, mientras que los hombres lo hacen solo una vez.

La organización de la sociedad civil, explicó que el estudio se realizó en cinco estados del país (Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas), y participaron 3 mil 73 personas privadas de la libertad.

En el museo Memoria y Tolerancia, Saskia Niño de Rivera, Mercedes Castañeda y Fernanda Dorantes, cofundadoras de Reinserta, agradecieron a los despachos de abogados: O' Farrill y Abogados, Katz & Gudiño Abogados, S.C., Bufete Ruíz Durán, S.C., Nassar, Nassar y Asociados, S.C. y Riquelme, Sirazi, Gómez Mont Abogados; en contribuir a este diagnóstico que tiene como finalidad presentar información, desde la voz de las personas privadas de la libertad, acerca de cómo perciben que fue el desempeño de sus abogadas y abogados defensores, tanto públicos como particulares.

En la presentación Ana Laura Magaloni del CIDE, Lisa Sánchez de México Unido Contra la Delincuencia, Netzaí Sandoval, del Instituto Federal de Defensoría Pública, Roberto Hernández del World Justice Project, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno de Segob y Fernando Gómez Mont, socio de Zinser, Esponda y Gómez Mont Abogados; consideraron que el promedio de tiempo de condena para las mujeres es más elevado que el de los hombres, aun cuando los delitos de mayor incidencia son los mismos (robo y homicidio).

La función de los abogados defensores es fundamental en los juicios penales, debido a que tienen la importante labor de verificar que éstos se lleven con apego a la justicia; no obstante, los hallazgos evidencian áreas de oportunidad de importante consideración para mejorar los servicios de defensoría penal.

En este sentido, las mujeres cambian de abogado de defensor hasta tres veces, mientras que los hombres lo hacen solo una vez. Resulta destacable también, que las mujeres contratan más los servicios de defensoría particular y destinan hasta un 50% más de recursos, en comparación con los hombres.

Los ponentes puntualizaron que más del 60% de las personas encuestadas señalaron que no contaron con un defensor que previniera o evitara actos de tortura desde la detención y durante su paso por las fiscalías.

El 65% de los participantes dio una calificación reprobatoria a su abogado defensor, el 40% señaló que lo calificaría con cero.

El 73% de las mujeres indicaron que no contaron con la asistencia de un abogado defensor que las apoyara con la canalización de las hijas e hijos a su cargo.

El 52% de los hombres consideraron que sus abogados defensores no asistían debidamente preparados a las audiencias.

El abogado defensor es el vehículo que permite a las personas acusadas por un delito acceder efectivamente a la justicia y su correcto desempeño puede detonar el mejoramiento del sistema de impartición de justicia penal en México.


Una noticia alentadora es que los abogados defensores que participaron en juicios del sistema penal acusatorio, fueron mejor evaluados que los que no; esto representa que se pueden elevar los estándares de desempeño de todos los operadores del sistema y con ello, lograr su fortalecimiento.

Algunas recomendaciones propuestas consisten en humanizar la función de los defensores, promoviendo la ética y la humanidad para con las personas que defienden.

El fortalecimiento de las defensorías públicas es crucial, se debe ampliar la plantilla de personal para evitar la sobre carga de asuntos y se debe garantizar que en todas las fiscalías del país se presten sus servicios las 24 horas del día y que el abogado defensor sea la primera persona con quien las personas detenidas establezcan contacto al llegar a sede ministerial, a efecto de tutelares derechos humanos.

Con motivo de los resultados obtenidos con relación a las mujeres privadas de la libertad, es de gran importancia la perspectiva de género en la práctica profesional de los defensores, en el sentido de impulsar el dictado de resoluciones judiciales ceñidas a ésta; pero también en su desempeño cotidiano, debiendo considerar sus condiciones específicas en torno a ser mujer.

En un estudio piloto en la Ciudad de México, se tomó una muestra de 367 personas privadas de libertad. Los centros de reclusión visitados fueron tres: los Reclusorios Preventivos Varonil Norte y Oriente, así como el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Hubo mayor participación del reclusorio Norte (47% de la muestra), después del Oriente (32.6%) y por último del de Santa Martha (20%), esto también fue porque la muestra se determinó de forma proporcional con la población total de cada penal.

EG

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