A la fecha, las altas incidencias de violencia alcanzan esferas que anteriormente parecían intocables por el poder o autoridad que representan. No hay freno, ni policía, Guardia Nacional o ejército capaces de detener esta vorágine de violencia, aseguró el Centro Católico Multimedial.
Manifestó que aunque se diga que los mismos están ligeramente a la baja, la realidad demuestra que el control de la seguridad parece permanecer en manos que no aciertan a dar el golpe de timón adecuado mientras los delitos crecen agobiando al igual que la pandemia.
En su editorial “quién mató al juez”, expuso que el crimen del juez Villegas lleva a reflexiones ineludibles sobre la descomposición del Estado ¿Hasta qué punto puede decirse “fallido”? No se puede negar que la muerte de un funcionario judicial, tenido por impecable en su trabajo, demuestra cómo existe un poder que quiere rivalizar y ser más fuerte por la intimidación, el crimen, la violencia y el asesinato.
En su opinión, el crimen del juez Uriel Villegas Ortiz lleva a reflexiones ineludibles sobre la descomposición del Estado ¿Hasta qué punto puede decirse “fallido”?
Uriel Villegas y su esposa eran también parte de un pueblo. ¿Quién mató al juez? El presidente de la Suprema Corte de Justicia insistió al apuntar: Este es un crimen de Estado…se cuestionó.
El mensaje es obvio. Cuando esos intereses del crimen se tocan, entonces hay una respuesta peor por ser brutal e inhumana para decir a la autoridad que no hay nadie por encima de ellos, dijo.
El CCM consideró que el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz conmovió al Poder Judicial de la Federación y al sistema político entero el cual no dejó de condenar el crimen del funcionario.
Expuso que se sabe que el juez Villegas Ortiz, era especialista en el sistema penal acusatorio y tenía bajo su jurisdicción casos del crimen organizado destacando los relacionados al narcotráfico, robo de combustibles, lavado de dinero y delincuencia organizada. El juez Villegas examinó asuntos de diversos actores, incluso expedientes de implicados en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Olga Sánchez Cordero conocía al desaparecido funcionario en virtud de su trabajo en el Poder Judicial. La Secretaria de Gobernación y ministra en retiro dijo que el juez “tenía algunos juicios de personajes de la delincuencia organizada y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo bien”, manifestó.
A decir el organismo católico, el asesinato en Colima remite ineludiblemente al hallazgo del cuerpo de la diputada Francis Anel Bueno, desaparecida en abril sin que, al momento, se tengan indagatorias precisas sobre las causas que arrebataron la vida de la joven legisladora.
Sobra decir, este lamentable asunto ya no es mero desafío para el actual gobierno. No debe quedarse en puras palabras de revancha o de populistas promesas para dar con los responsables.
La actuación de la justicia requiere de medidas enérgicas contra lo que no se ha podido erradicar: corrupción e impunidad.
La protección de juzgadores y funcionarios debe pasar por eficaces medidas legislativas que nada tengan que ver con austeridad y, en cambio, se realicen los gastos necesarios para su protección a fin de garantizar la seguridad del cargo y empleo porque se trata de personas, de seres humanos quienes, como el juez Villegas, ahora dejan a una familia en la orfandad si se hubiera dado la efectiva aplicación de la ley.
En el Plan Global de Pastoral-PGP-2031-2033, los obispos de México insisten en señalar: “no podemos estar satisfechos con los avances que se han realizado hasta el momento porque estamos muy lejos de que esta nueva etapa haya traído bienestar, seguridad, paz, justicia y equidad a la mayoría de nuestro pueblo…”.
(EGS)
