El informe de los 100 días de la Fiscalía General de la República (FGR) es un reconocimiento sincero de la crisis en el sistema de justicia y cómo los casos emblemáticos de corrupción fueron un monumental tributo a la impunidad, manifestó el Centro Católico Multimedial.
El Fiscal General Alejandro Gertz Manero ha metido las manos en la inmundicia, pero sabe que no sólo es limpiar sino transformar a fondo. Se trata de cambios permanentes e irreversibles de las estructuras básicas de la procuración de justicia, de la reforma del ministerio público, del sistema penal procesal que debe llegar también a las fiscalías y procuradurías estatales donde aún se anida un gran porcentaje de irregularidades y corrupción.
En el editorial titulado “FGR, destapando la cloaca” del CCM resalta que sorprende e indigna el informe a 100 días del inicio en el cargo del Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en una etapa distinta del organismo dotado de autonomía constitucional fuera de la esfera e influencia del Poder Ejecutivo de la Unión. Y destapó la cloaca en la que estaba convertida la antigua Procuraduría General de la República (PGR).
Lo que deja ver el informe de los 100 días es como arriesgarnos a entrar a un edificio al punto del colapso. Cualquier movimiento súbito sería suficiente para su caída, comentó.
A decir del organismo católico, el diagnóstico inicial demostraría por qué los mexicanos tienen razón fundada sobre la falta de confianza en las instituciones de investigación y de procuración de justicia: rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación; ausencia en el control y centralización de las averiguaciones, por demás inverosímil
¡No había un adecuado sistema de oficialía de partes! De la masa de asuntos, sólo un 5% tiene sentencia definitiva; cargas de trabajo inequitativas, un solo agente del ministerio público podía tener bajo se responsabilidad más de mil carpetas de investigación.
Mientras que otra gran parte no tenía siquiera un expediente o carpeta para ser atendida; rezagos de más de un año en la integración de investigaciones y “4 mil elementos policíacos en activo, para todo el país, de los cuales se distraían a 800 elementos para prestar servicios de protección y seguridad a funcionarios, ex funcionarios, políticos y personas diversas”, entre otras irregularidades como la típica conducta de la prepotencia cuando “4 mil vehículos, entre propios y arrendados, que incluye un gran número de unidades blindadas” eran para uso de altos funcionarios y sus allegados.
Tal panorama no podría dilatar las soluciones. La Fiscalía efectúa procedimientos para corregir estas tropelías.
El CCM resaltó que de acuerdo con el informe, “se han presentado 12 mil 700 denuncias por actos de corrupción, que se han atendido de inmediato”. Tales denuncias provienen de Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Al momento, hay 600 detenidos.
No podían quedar de lado esos casos sustanciales que han dolido, lastimando a miles de mexicanos privilegiando a unos pocos: Odebrecht, Ayotzinapa, Estafa Maestra, Tlahuelilpan, Pemex. Todos bajo la promesa de ser encauzados y repuestos para ser desahogados conforme a derecho.
Era un aparato represivo y de control político alejado de sus objetivos: Retraso en las averiguaciones, anarquía administrativa y presupuestaria, mala integración de procedimientos, encubrimientos, compras multimillonarias e inversiones en aeronaves y vehículos blindados, uso faccioso del poder en contra de los derechos de la ciudadanía. Desde tiempos posrevolucionarios, PGR fue instrumento de control político y represivo de movimientos sindicales e individuos, mientras los encumbrados eran protegidos sin temer castigo alguno.
El Fiscal General no vaciló en cuanto a los señalamientos. En otros tiempos, el sistema político y el aparato burocrático estaban hechos para que ninguna clase de información saliera a la luz para descubrir indecencias e ilegalidades en los que estuvieron involucrados no pocos procuradores y funcionarios.
Se trata de devolver la confianza a los mexicanos que han vivido en carne propia el poder del autoritarismo que ha denegado la justicia.
