México.- El Estado mexicano está en deuda con los pueblos indígenas, pues sus derechos ni siquiera aparecen en la norma más importante del país, que es la Constitución, aseguraron especialistas.
Es por ello que estos pueblos siguen siendo considerados y tratados como “ciudadanos de segunda”, sostiene Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, organización que acompaña a comunidades indígenas y rurales de la montaña de Guerrero.
En 1996, con la firma de los Acuerdos de San Andrés, el gobierno mexicano reconoció por primera vez los derechos colectivos de los pueblos originarios, pero luego los incumplió y se negó a incorporarlos a la Constitución.
Con Vicente Fox Quesada como presidente, hubo un nuevo intento, más la iniciativa de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena tampoco prosperó por no responder al espíritu de los Acuerdos de San Andrés -considerados en la Constitución de los Derechos de los Pueblos Indígenas-, según lo denunció el movimiento de pueblos originarios.
Hoy, en el marco de la 4T, se prepara una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos originarios, lo que para el antropólogo Barrera Hernández representa una nueva “oportunidad histórica de que se logren las aspiraciones de hace dos décadas”.
El gran desafío, sin embargo, es que esta legislación recupere realmente la voz de los pueblos indígenas y que el Ejecutivo federal no incumpla su palabra, como ocurrió con la experiencia de los Acuerdos de San Andrés, señala el activista.
Reconocer a los pueblos indígenas y aprender de ellos
Problemáticas antañas persiguen a los pueblos originarios de México: la pobreza, el rezago educativo, la desnutrición, la falta de asistencia médica y de acceso a otros servicios básicos.
Éstas se intensifican con las actuales políticas de desarrollo basadas en megaproyectos y de la violencia y la desarticulación comunitaria que ha dejado la actividad criminal en los territorios, afirma Barrera Hernández.
Uno de los temas de mayor preocupación actual es la disputa por las tierras, los territorios y los recursos naturales en resguardo de las comunidades indígenas que, de acuerdo con López Bárcenas, tiene su origen en la falta de reconocimiento del derecho que los pueblos originarios tienen sobre estos bienes.
Para Abel Barrera, resulta especialmente preocupante, en el marco de la actual política de despojo, el tema las concesiones mineras y la política extractivista, por lo agresivas que resultan para el territorio y porque su imposición ha desatado la violencia y la criminalización contra quienes se organizan en defensa del territorio.
La relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, ha llamado a las autoridades de México a generar diálogos “en condiciones de igualdad” con los pueblos indígenas sobre el concepto de desarrollo en los territorios indígenas, para la toma de decisiones conjuntas.
Ha señalado, además, que las políticas, leyes y planes de desarrollo “deben tener en cuenta las propuestas, prioridades y preocupaciones de los pueblos indígenas en relación con el desarrollo en sus territorios o alrededor de los mismos antes de que resulten en concesiones, licencias, permisos y otras autorizaciones que pudieran afectar sus derechos y generar conflictos”.
El director del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan asegura que los pueblos originarios están dispuestos a dialogar y a tomar acuerdos, siempre y cuando las iniciativas les garanticen el piso básico de lo que para ellas y ellos significa el desarrollo.
Reconocer explícitamente los derechos territoriales de los pueblos indígenas y hacer una inversión significativa al campo para que las comunidades recuperen su autosuficiencia y soberanía alimentaria son, a decir de Barrera Hernández, dos acciones que el Estado mexicano debe emprender para empezar a saldar su histórico adeudo con este sector de la población.
“Que florezca el México profundo con una inversión grande hacia el campo para que los pueblos indígenas puedan levantarse del fango en el que se les sumió”, dice.
López Bárcenas considera que el reconocimiento a los pueblos indígenas pasa también por reconocer sus saberes y lo mucho que pueden aportar a toda la población: podemos aprender de ellos el respeto y cuidado de la naturaleza, la importancia del principio de solidaridad y la concepción del cargo como un servicio, detalla.
Para los para las comunidades indígenas, el cargo público significa, en esencia, cargar los problemas del pueblo.
Muchas consultas, pero no garantizan el consentimiento libre, previo e informado
De manera inédita, durante el sexenio en curso, se han impulsado diversas consultas a los pueblos y comunidades indígenas para recoger su opinión, por ejemplo, sobre la construcción de megaproyectos, como el Tren Maya, o sobre la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
La reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos originarios también está en proceso de consulta a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Gobernación.
Estas consultas, sin embargo, han sido cuestionadas por no responder a los principios del derecho internacional, como lo advirtió la propia Relatora de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz.
En una comunicación dirigida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la experta advirtió que las consultas emprendidas durante su gestión no garantizan a los pueblos y comunidades indígenas el consentimiento libre, previo e informado.
Precisa, por ejemplo, que el hecho de convocar a la población en general a que se pronuncie “no constituye una garantía efectiva de los derechos de los pueblos indígenas”.
A decir de Francisco López Bárcenas, especialista en derecho indígena, una de las principales fallas de esas consultas es que los pueblos originarios son convocados a manifestar su opinión y no a tomar acuerdos; también destaca que muchas consultas se ponen en marcha cuando la decisión ya está tomada, o sea, como mero acto de legitimación.
Barrera Hernández considera que “hay claroscuros en el esfuerzo de la consulta”, aunque reconoce que es un gran avance que se hagan.
El director de Tlachinollan explica que para que las consultas de López Obrador respondan al derecho internacional y, por tanto, sean aceptadas por la población indígena, deben ser ejercidas por las propias comunidades o al menos tomarlas en cuenta para el diseño de la consulta.
López Bárcenas, autor del libro "Legislación y Derechos Indígenas en México", sostiene que el colonialismo interno, es decir, que sean personas de fuera de los pueblos indígenas quienes decidan sobre los asuntos importantes, es una de las grandes problemáticas vigentes.
Por tanto, sostiene para lograr un cambio sustancial, una verdadera transformación, es imprescindible acabar con esta relación política asimétrica: “Que los pueblos y comunidades indígenas sean tomados en cuenta, pero en serio; no para simular”.
