De 399 casos en instituciones gubernamentales contra 402 víctimas, ocurridos entre enero de 2016 y septiembre de 2018, apenas el 1% de los agresores fueron sancionados, se establece en el Diagnóstico de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la Administración Pública Federal 2015-2018, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Con lo anterior, el diputado del Partido del Trabajo José Luis Montalvo Luna fundamentó un dictamen que reforma la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, que busca erradicar la violencia de género, debido a que se mantiene como uno de los grandes pendientes.
Dejó en claro que, ante esa situación, los representantes populares no pueden ser omisos ni indiferentes, al tiempo que reconoció el trabajo de los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del recinto deliberativo de San Lázaro para coadyuvar enriquecer la iniciativa, que permitirá atender un conflicto.
Señaló que por parte de los legisladores se reconoce que la transparencia es el elemento transversal que hace posible efectiva y real rendición de cuentas de las instituciones del Estado.
Y declaró, “precisamente y reconociendo la gravedad de la violencia de género en las instituciones públicas, es que los integrantes de la Comisión de Transparencia comprendimos que no solo las universidades, sino todas las instituciones están obligadas a transparentar su información pública”.
Montalvo Luna, aprovechó para expresar su solidaridad con la comunidad de la UNAM, por los hechos que actualmente atraviesan en materia de violencia de género e hizo un llamado a que a través del diálogo encuentren una salida y una solución que contribuya a combatir toda forma de violencia al interior de la máxima casa de estudios.
“En ello radica la importancia del dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, en virtud de que busca establecer que los sujetos obligados de transparentar información pública documenten de manera estadística sobre los registros de violencia de género, así como el seguimiento que se le den a estos actos”, expuso.
Mencionó que de esa reforma contará con información que fortalecerá las políticas y protocolos para prevenir y combatir estas conductas. “Lo que es más importante, se sientan las bases institucionales para combatir frontalmente la impunidad que ha hasta ahora han prevalecido”.
EG
