Elecciones libres de coacción y violencia, garantizó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mediante el Plan Operativo, sin lugar para la compra del votos, ni para la comisión de actos que alteren la voluntad popular, declaró la titular Alma Elena Sarayth de León Cardona.
“Las amenazas de suspender los beneficios de programas sociales, solicitar u ordenar evidencia en el sentido del voto o viole, de cualquier manera, la secrecía del voto, y votar sabiendo que no se cumple con los requisitos de la ley son algunos de las 16 conductas perseguidas por la Fepade.”
Así lo dio a conocer Alma Elena, como delitos electorales, debido a que ejercen presión o amenaza para votar por determinados candidatos o coaliciones.
“Apoderarse, destruir, alterar, poseer, usar, adquirir, vender o suministrar de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales, votar más de una vez en una misma elección, y ofrecer paga u otra recompensa a cambio del voto, también están considerados delitos.”
Hacerse pasar por funcionario de casilla y realizar proselitismo, presionar a los electores en el interior de la casilla o en el lugar donde estén formados los votantes, también deben tomarse como acciones ilegales, aclaró la fiscal.
Asimismo, incluyó el hecho de obstaculizar o interferir el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y el cómputo, o el adecuado ejercicio de los funcionarios electorales, como aquél que vote o pretenda votar con una credencial para votar que no le pertenezca, aclaró la titular de la Repase.
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También mencionó al aquellos que organicen una reunión o transporte votantes, con la finalidad de influir el sentido del voto, es delito, así como a quien impida, sin causa legalmente justificada, la instalación o clausura de unas casillas.
Intimidar o atentar contra la libertad del sufragio o perturbar el orden, o el libre acceso de los electores a la casilla, son delitos electorales, así como obstaculizar el desarrollo normal en el transcurso de las votaciones.
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