Al asegurar que delincuencia organizada está gobernando al país, el director del Observatorio Nacional Ciudadano ONC, Francisco Rivas, informó que en los últimos tres años los delitos como homicidio y extorsiones aumentaron considerablemente; asimismo, creció la victimización de las mujeres en un 11 por ciento con relación al 2020, pero el 2021 ha sido el año más violento contra las mujeres.
El 2021 concluyó como el peor año de la historia en víctimas de feminicidio, de extorsión, carpetas de investigación de trata de personas, de lesiones dolosas, de violaciones y de violencia familiar; cuarto peor año en homicidio doloso y en homicidio culposo; sexto peor en robo a negocio
Director del Observatorio Nacional Ciudadano ONC, Francisco Rivas
En una conferencia de prensa virtual, el especialista denunció que el año pasado la seguridad pública en el país empeoró, toda vez que se registró un número importante de víctimas de feminicidio y carpetas de investigación y violencia familiar desde que se tiene registro, por lo llamó a mejorar la estrategia, a fin de identificar los casos.
CRECE EXTORSIÓN 11.3 %
La tendencia nacional de la extorsión reportada permanece al alza, creció 11.3% respecto a 2020. La tasa alcanzó su segundo pico más alto en 2021 desde que se tiene registro.
En su presentación del “Análisis de la Incidencia Delictiva en 2021”, Francisco Rivas, lamentó que el gobierno federal haga oídos sordos de las críticas en detrimento de la seguridad de la ciudadanía pese a los múltiples llamados a corregir el rumbo y presuma descenso de todos los delitos con gráficas que muestran comparativas absurdas desde todo punto de vista metodológico, cuando en realidad los datos oficiales cuentan otra historia.
VIOLENCIA FAMILIAR AUMENTÓ 15.3 %
Describió que las víctimas de feminicidio aumentaron 2.7%; las de homicidio culposo 6.5%; las de extorsión 12.3%; las carpetas de investigación por robos transeúnte 10.2%; las de robo en transporte público 15%; las de violación 28.1%; las de trata de personas 12.3%; las de narcomenudeo 7.2%; las de violencia familiar un 15.3%, y las lesiones dolosas 7.8%.
Resaltó que “en el caso en que estos datos no fuesen suficientes para exhibir la manera en la que el gobierno federal emite declaraciones falsas y relativiza el problema de la violencia de nuestro país, puede ser útil comparar las tasas de ocurrencia de estos delitos contra los datos oficiales de 1997 a la fecha para ver el conjunto de récords negativos acumulados el año pasado.
Estos lamentables datos son efecto de una serie de errores que la actual administración federal mantuvo de sus antecesores y, otros tantos, de gran gravedad se derivan de la actual estrategia de seguridad.
Externó que la narrativa de la “transformación” no pasó el examen de la coherencia de políticas públicas.
LAS POLÍTICAS DE PREVENSIÓN NO SON ACTUALIZADAS
Las políticas de prevención y reacción al delito de este gobierno siguen siendo las mismas de sus dos antecesores.
La definición de la política de seguridad sigue siendo deficiente, evidencia de ello es que el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana carece de los elementos que permitan entender con claridad a qué se refiere la política de “abrazos y no balazos” puesto que los 5 programas sectoriales que debían haber sido publicados hace más de dos años, aún no se han publicado.
Lejos de cumplir la promesa de desmilitarizar la seguridad, este gobierno ha dado todos los poderes y recursos al ejército, al tiempo que abandonó las policías civiles de todo el país.
Con la creación de la Guardia Nacional (GN) como una institución que sigue la formación, régimen disciplinario y mando militar, el presidente López privó a los mexicanos de una institución civil federal de seguridad. Pese a ello y a una mayor presencia en el territorio nacional de las fuerzas federales los delitos siguen creciendo y es evidente que la delincuencia organizada controla cada vez más el territorio nacional.
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Los desvíos del presupuesto de seguridad hacia los programas insignia de esta administración -el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas- acentuaron la erosión institucional y mermaron la capacidad de policías y fiscalías locales en prevenir, reaccionar y perseguir delitos como la violencia de género, los robos y las extorsiones.
INCREMENTO EN DELITOS CIBERNÉTICOS
Los fracasos de esta administración incluyen el aumento de los delitos cibernéticos, de delitos electorales y de violaciones graves a derechos humanos; el aumento de comunidades desplazadas por la violencia; la caída en detenciones y sentencias condenatorias; el aumento del 120% de personas desaparecidas, que pasaron de 41 mil a 92 mil en apenas en 3 años.
También advierte que el debilitamiento de la Fiscalía General de la República y el abandono de la consolidación del Sistema de Justicia Penal por parte del SESNSP agravarán la crisis de impunidad por lo que minará la confianza en las instituciones de justicia.
Francisco Rivas afirmó, ya no se puede militarizar más (no hay cómo ni con qué), a menos que el gobierno federal ponga a personal administrativo a patrullar calles, carreteras o vigilar aduanas.
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