/ martes 3 de agosto de 2021

Del 2014 a 2019, la impunidad administrativa a nivel federal fue de 80.69%

El informe de la organización de la sociedad civil Impunidad Cero indicó que solo 8 de cada 100 faltas de servidores públicos se sancionan a nivel federal

La organización de la sociedad civil Impunidad Cero afirmó que del 2014 a 2019, la impunidad administrativa a nivel federal fue de 80.69%, por la ineficacia del sistema para sancionar a servidores públicos que no cumple con su trabajo de desincentivar conductas indebidas de las personas que se desempeñan en el servicio público.

En el cuestionamiento de ¿cuáles son las posibilidades de que estas conductas indebidas efectivamente se sancionen? La respuesta que encontró fue deprimente: solo 8 de cada 100 faltas de servidores públicos se sancionan a nivel federal.

LEE TAMBIÉN: Denuncian a 25 jueces y magistrados y solo uno pisa la cárcel

En la presentación virtual del informe “Impunidad administrativa en México”, se afirmó que en México es indudable que la negligencia de la Administración Pública mata, ya sea porque sus fallas provocan socavones en una carretera, o porque no se verifican adecuadamente que las construcciones cumplan con los lineamientos para soportar un sismo.

O bien porque se desarticule el sistema de compra y distribución de medicinas en México, o incluso porque se construya una línea de metro con fallas estructurales.

Estos casos, agregó, tienen en común dos cosas: han provocado la muerte de personas y se encuentran asociados a fallas imputables al gobierno.

Refirió que en México, existen diversas vías con las que se pueden sancionar conductas inadecuadas por parte de los funcionarios públicos. Uno de estos mecanismos es el sistema de responsabilidades administrativas diseñado para investigar y sancionar las irregularidades que puedan cometer las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones.

Esto es porque en el momento en que una persona servidora pública no realiza alguna de sus funciones de forma correcta o se beneficia de ellas indebidamente, comete una falta administrativa que afecta el buen funcionamiento de la administración pública.

Los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, como puede ser el abuso de funciones, generan faltas administrativas sancionables.

El estudio identifica los canales de denuncia, queja y reporte de faltas administrativas; estudia los métodos de los órganos encargados de investigar y sancionar estas conductas; analiza cómo se sistematiza esta información por parte de las instituciones encargadas de hacerlo.

Y evalúa cómo se sanciona cualquier conducta irregular de las personas servidoras públicas, de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y las fiscalías, a nivel estatal y federal

Dentro de los principales hallazgos, Impunidad Cero detectó que el poder Judicial federal es el que mejor sanciona a sus servidores públicos (14.56% de impunidad), mientras que la entidad federal con mayor impunidad administrativa es la FGR (100% de impunidad).

La impunidad administrativa en el poder ejecutivo federal se redujo de 92.25% en 2018 a 84.80% en 2019, aunque en ese mismo periodo bajaron considerablemente también las denuncias.

Analizó cómo y, sobre todo, qué tan eficazmente se investiga y sancionan las conductas irregulares por parte de los funcionarios del poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de Procuración de Justicia a nivel federal y estatal, es un paso fundamental para luchar contra la corrupción y la impunidad en faltas administrativas de las autoridades.

El investigador Darío Ángeles resaltó que en el 2017, a meses de ocurrida la tragedia del socavón del paso exprés, Impunidad Cero se planteó una duda: ¿cómo se debería sancionar a los servidores públicos vinculados a la obra pública fallida?

Ello generó una investigación en la que se plantea cómo sancionar a las personas que, con motivo de sus actos u omisiones, guardaban una relación directa con la muerte de las dos personas en el socavón.

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Citó que cuando suceden tragedias como las indicadas, las personas suelen pensar en que alguien debería de ir a la cárcel (lo que quizá sea cierto), pero rara vez se identifica que existe un sistema que hubiera permitido prevenir y sancionar irregularidades del gobierno de forma previa a que sucedan ese tipo de acontecimientos trágicos.

Al calcular la impunidad administrativa para cada uno de los poderes federales de 2014 a 2019, se encontró que en el Ejecutivo fue de 80.77%,6 en el Legislativo de 52.83%, en el Judicial de 14.56% y en la FGR de 100%.

El poder Judicial federal es el que mejor sanciona a sus servidores públicos, mientras que la entidad federal con mayor impunidad administrativa es la FGR, al no haber sancionado a ningún servidor público durante el periodo analizado, o al no haber compartido información solicitada vía transparencia que nos dijera que sí sancionó y cómo, resaltó la investigación.

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La organización de la sociedad civil Impunidad Cero afirmó que del 2014 a 2019, la impunidad administrativa a nivel federal fue de 80.69%, por la ineficacia del sistema para sancionar a servidores públicos que no cumple con su trabajo de desincentivar conductas indebidas de las personas que se desempeñan en el servicio público.

En el cuestionamiento de ¿cuáles son las posibilidades de que estas conductas indebidas efectivamente se sancionen? La respuesta que encontró fue deprimente: solo 8 de cada 100 faltas de servidores públicos se sancionan a nivel federal.

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En la presentación virtual del informe “Impunidad administrativa en México”, se afirmó que en México es indudable que la negligencia de la Administración Pública mata, ya sea porque sus fallas provocan socavones en una carretera, o porque no se verifican adecuadamente que las construcciones cumplan con los lineamientos para soportar un sismo.

O bien porque se desarticule el sistema de compra y distribución de medicinas en México, o incluso porque se construya una línea de metro con fallas estructurales.

Estos casos, agregó, tienen en común dos cosas: han provocado la muerte de personas y se encuentran asociados a fallas imputables al gobierno.

Refirió que en México, existen diversas vías con las que se pueden sancionar conductas inadecuadas por parte de los funcionarios públicos. Uno de estos mecanismos es el sistema de responsabilidades administrativas diseñado para investigar y sancionar las irregularidades que puedan cometer las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones.

Esto es porque en el momento en que una persona servidora pública no realiza alguna de sus funciones de forma correcta o se beneficia de ellas indebidamente, comete una falta administrativa que afecta el buen funcionamiento de la administración pública.

Los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, como puede ser el abuso de funciones, generan faltas administrativas sancionables.

El estudio identifica los canales de denuncia, queja y reporte de faltas administrativas; estudia los métodos de los órganos encargados de investigar y sancionar estas conductas; analiza cómo se sistematiza esta información por parte de las instituciones encargadas de hacerlo.

Y evalúa cómo se sanciona cualquier conducta irregular de las personas servidoras públicas, de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y las fiscalías, a nivel estatal y federal

Dentro de los principales hallazgos, Impunidad Cero detectó que el poder Judicial federal es el que mejor sanciona a sus servidores públicos (14.56% de impunidad), mientras que la entidad federal con mayor impunidad administrativa es la FGR (100% de impunidad).

La impunidad administrativa en el poder ejecutivo federal se redujo de 92.25% en 2018 a 84.80% en 2019, aunque en ese mismo periodo bajaron considerablemente también las denuncias.

Analizó cómo y, sobre todo, qué tan eficazmente se investiga y sancionan las conductas irregulares por parte de los funcionarios del poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de Procuración de Justicia a nivel federal y estatal, es un paso fundamental para luchar contra la corrupción y la impunidad en faltas administrativas de las autoridades.

El investigador Darío Ángeles resaltó que en el 2017, a meses de ocurrida la tragedia del socavón del paso exprés, Impunidad Cero se planteó una duda: ¿cómo se debería sancionar a los servidores públicos vinculados a la obra pública fallida?

Ello generó una investigación en la que se plantea cómo sancionar a las personas que, con motivo de sus actos u omisiones, guardaban una relación directa con la muerte de las dos personas en el socavón.

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Citó que cuando suceden tragedias como las indicadas, las personas suelen pensar en que alguien debería de ir a la cárcel (lo que quizá sea cierto), pero rara vez se identifica que existe un sistema que hubiera permitido prevenir y sancionar irregularidades del gobierno de forma previa a que sucedan ese tipo de acontecimientos trágicos.

Al calcular la impunidad administrativa para cada uno de los poderes federales de 2014 a 2019, se encontró que en el Ejecutivo fue de 80.77%,6 en el Legislativo de 52.83%, en el Judicial de 14.56% y en la FGR de 100%.

El poder Judicial federal es el que mejor sanciona a sus servidores públicos, mientras que la entidad federal con mayor impunidad administrativa es la FGR, al no haber sancionado a ningún servidor público durante el periodo analizado, o al no haber compartido información solicitada vía transparencia que nos dijera que sí sancionó y cómo, resaltó la investigación.

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