En México la venta de alcohol adulterado representa un importante peligro para la economía y la salud de los mexicanos debido a que es factor de pérdidas para el comercio formal y las consecuencias médicas que pueden causar hasta la muerte.
A pesar de ello, el comercio de alcohol de contrabando y adulterado asciende a más de 27 mil millones de pesos, y se mantiene impune ante la omisión de instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVI), de las más de 18 millones de cajas de bebidas alcohólicas que se consumen al año, alrededor de 45%, son bebidas de contrabando que se venden en el comercio informal como tianguis, ferias, puestos callejeros o en establecimientos impunes en los que no se ejercen verificaciones sanitarias, ni fiscales por parte de Hacienda.
Ante la fuerte carga fiscal que significa para el comercio formal la venta de alcohol, 50% de IEPS + 16% de IVA + ISR + licencia de venta + otros costos relacionados con la comercialización, es decir alrededor de 72 centavos por cada peso, la producción y venta sin control del alcohol de contrabando genera una pérdida fiscal de aproximadamente de 8 mil 542 millones de pesos.
Si al año se consume una importante cantidad de bebidas alcohólicas adulteradas, el potencial daño económico y a la salud de miles de mexicanos resulta es alarmante.
Ante eso, ni la COFEPRIS ni la SHCP, ejercen sus funciones de regulación sanitaria y fiscal, permitiendo que los consumidores mexicanos se expongan al peligro de consumir bebidas adulteradas. Especialmente, en tiempos de fiestas y tradiciones como son la celebración de la Independencia de México o los festejos decembrinos.
