Tras el allanamiento del domicilio de la periodista Lydia Cacho, en Puerto Morelos, Quintana Roo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la hecho y demandó a las autoridades de procuración de justicia de esa entidad agotar las líneas de investigación correspondientes.
Con especial énfasis en la posible relación de ese hecho con su labor periodística y como defensora de los derechos humanos, al tiempo que se solidariza con quienes ejercen el periodismo y se dedican a la defensa de los derechos fundamentales en ese estado.
Para la Comisión Nacional se trata de un hecho altamente preocupante, ya que del domicilio de la periodista fue sustraído equipo de trabajo y material periodístico, fueron destruidas diversas pertenencias, además de que mataron a una de sus mascotas.
En un comunicado, el organismo resaltó que en julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó al Estado mexicano por violar los derechos de la periodista en 2005, cuando fue detenida en Quintana Roo y trasladada al estado de Puebla acusada del delito de calumnia por la publicación del libro Los Demonios del Edén, al acreditar tortura y violación a los derechos a la igualdad y a la libertad de expresión, entre otros.
Por ello, la CNDH puntualizó que la violencia contra periodistas ha obligado cada vez con mayor frecuencia al desplazamiento forzado de algunos comunicadores, quienes abandonan sus hogares y trabajos para ponerse a salvo junto con sus familias, como lo demuestra el hecho de que al menos diez de ellos estén acogidos por esa causa al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que el Estado mexicano debe generar las condiciones para su retorno o para su integración plena en un nuevo lugar de residencia.
Y recordó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que toda afectación a la libertad de expresión –amedrentamientos, amenazas, medios indirectos como criminalización y uso del derecho penal contra comunicadores, desaparición y el asesinato de periodistas— constituyen acciones condenables que deben prevenirse, investigarse y sancionarse para evitar su repetición.
La CNDH reconoce que si bien se han generado acciones de política pública para proporcionar medidas de protección al gremio periodístico, como el mencionado Mecanismo –creado a partir de la emisión de la Ley correspondiente en 2012, y del cual la CNDH forma parte de su Junta de Gobierno—, lo cierto es que el mismo constituye una medida extraordinaria que obedece también al contexto de violencia que enfrentan tanto periodistas y personas defensoras.
Subrayó que se mantendrá observante de la evolución de los acontecimientos y de las acciones que emprendan las autoridades para dar con quienes allanaron el domicilio de la periodista, llevarlos ante la justicia para que respondan por sus actos y reciban el castigo que en derecho corresponda.
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