Para la protección de las mujeres que han denunciado públicamente haber sufrido violencia sexual en su niñez cuando estudiaban en un colegio en el estado de Quintana Roo, a cargo de la congregación religiosa “Los Legionarios de Cristo”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares, en razón de que manifestaron temor ante las eventuales represalias que pudieran recibir ellas y sus familias por el hecho de levantar la voz en nombre propio y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
Las medidas se dirigieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y tienen por objeto garantizar y salvaguardar la integridad física y seguridad personal de las agraviadas, y prevenir cualquier transgresión a sus derechos que pudiera suscitarse por exponer sus casos ante la opinión pública.
En adición a la solicitud que este Organismo Nacional formuló en días pasados a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para trabajar con las organizaciones religiosas en la prevención y atención de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Se envió una comunicación oficial a la Secretaría de Educación Pública (SEP) exhortándola a que, de forma coordinada con la Secretaría de Gobernación, los gobiernos y Secretarías de Educación de todas las entidades federativas, así como con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, diseñen estrategias para que todas las escuelas públicas y privadas del país adopten medidas para prevenir esa violencia, y establezcan mecanismos para la denuncia oportuna de los casos que se susciten.
En el documento se enfatizó que será especialmente importante trabajar para que esos mecanismos favorezcan la denuncia y eviten acciones o procedimientos que pudieran generar impunidad a favor de las personas presuntas agresoras, y se propuso que los protocolos de prevención y atención a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes deben ser un requisito normativo que se exija para autorizar el funcionamiento de las escuelas privadas, aunado a su constante supervisión.
De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes las autoridades educativas y el personal docente tienen diversas obligaciones para proteger la seguridad e integridad del alumnado, entre las que se encuentra denunciar ante las autoridades competentes todo acto de violencia en su contra, garantizar que las escuelas sean espacios seguros libres de violencia, supervisar la actuación de los agentes privados que prestan servicios educativos, e implementar medidas de prevención y protocolos de respuesta.
Estas acciones ocurren en el marco de diversas iniciativas en el Congreso de la Unión que proponen la imprescriptibilidad del delito de pederastia, con lo cual se busca una mayor protección de las víctimas quienes podrían denunciar los hechos en cualquier momento, incluso aunque hayan transcurrido años de su ocurrencia.
El organismo señaló que continuará las acciones de acompañamiento a las víctimas de violencia sexual y seguirá trabajando para impulsar los cambios normativos y de política pública necesarios para garantizar que la atención que se les brinde sea eficaz y diligente, y estará atenta ante la solicitud de medidas que otras personas víctimas de violencia sexual pudieran realizar.
JLP
