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En nuestro país, cerca de 7 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Una gran cantidad de ellas son violentadas en los hogares y en muchos casos, padecen grandes abusos, delitos que no se denuncian. Son sujetos de abandono por parte de sus familias y cuentan con escasa protección o apoyo del gobierno.
En la presente epidemia por el Covid-19 la violencia en su contra se agudizó, porque las familias están confinadas en sus casas y muchas atraviesan dificultades económicas por la pérdida de puestos de trabajo.
Los discapacitados enfrentan violencia familiar grave, incluido abuso físico, sexual y emocional, así como barreras para acceder a la protección y a la justicia.
Muchas familias tratan muy mal a las personas con discapacidad en sus casas. Por ejemplo, las encierran en cuartos y las esconden. Les pegan o lastiman. Les dicen que les van a pegar o a lastimarlas. Les dicen o les hacen cosas groseras.
Toman decisiones por ellas sin preguntarles antes. Varias familias no les dan a las personas con discapacidad el apoyo que necesitan. No les ayudan a bañarse con frecuencia.
No les compran cosas que necesitan para moverse como sillas de ruedas, muletas, andaderas, rampas. No les ayudan a salir ni a ver a otras personas, destacó José Miguel Vivanco, director de las Américas, Human Rights Watch.
Asimismo, resaltó que el gobierno mexicano no tiene datos disponibles sobre el tipo de violencia contra las personas con discapacidad. Los datos recopilados por el gobierno de México sobre la violencia familiar contra las mujeres no están desglosados en función de las discapacidades.
JUANITO, TIENEN DISCAPACIDAD Y ES OBJETO DE BURLAS
Uno de esos casos es el de Juanito Covarrubias, quien padece deficiencia mental, tiene 38 años, pero parece un niño de 15. No fue a la escuela, porque dice que no aprendía y la escuela especial le quedaba muy lejos de su casa, su mama de plano no lo quiso llevar. No sabe leer ni escribir.
Su mamá de plano no se responsabilizó de él y desde niño comenzó a trabajar en diversas casas, donde siempre ha sido discriminado por su condición. Tienen tantos sobrenombres por ser muy bajito de estatura, que a veces no recuerda que se llama Juan.
Ha trabajado en casas, pero no dura mucho porque se les olvida las cosas. Le prometen un salario y le pagan menos. Tiene que trabajar porque sin o no come y le tiene que llevar dinero a su mamá porque vive en su casa. Sabe que tiene algunos problemas en su cabeza y está consciente que es una persona discriminada.
No hay mucha información sobre la violencia contra las personas con discapacidad. Y nadie habla realmente de ello, subrayó José Miguel Vivanco.
Por lo que consideró que el gobierno debería proteger a las personas con discapacidad de la posibilidad de violencia, y esto incluye generar servicios para que puedan tener una vida independiente.
El documento describe los obstáculos, a veces insuperables, que deben sortear las personas con discapacidad para acceder a la justicia y protegerse de sus agresores.
Las normas internacionales de derechos humanos exigen a los gobiernos que protejan a las personas con discapacidad contra la violencia y el descuido, incluso por parte de familiares, y garantizar que estas personas tengan acceso a la justicia.
México también debe asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de su derecho a vivir de manera independiente, con el apoyo que resulte necesario, gozando de iguales derechos para elegir dónde y con quién vivir.
Esto significa que las personas con discapacidad deberían poder elegir dónde, cómo y con quiénes vivir, y no verse obligadas a aceptar arreglos de vida específicos, como vivir en instituciones o con familias u otros.
Esto también implica el poder brindar a las personas con discapacidad los medios necesarios para que ejerzan la posibilidad de elegir y tener control sobre su vida.
En su informe Human Rights Watch entrevistó a 140 personas, incluidos 38 adultos con discapacidad, en cuatro estados: Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. Entre estas había personas con discapacidad física, personas sordas o ciegas y personas con discapacidades de desarrollo, como el autismo.
Las personas entrevistadas se refirieron a abusos físicos, sexuales y emocionales, desatención y confinamiento en habitaciones o camas.
Algunas personas adultas que viven con sus padres han sufrido abusos desde la infancia.
Olga, una mujer de 45 años con parálisis cerebral que vive con sus padres y dos hermanos en la Ciudad de México, expresó: “Mis padres me insultan y me regañan. Mi padre me golpea, me arroja a un lado de mi silla de ruedas. Eso me entristece y me hace llorar”.
Varias de las personas entrevistadas asisten a escuelas especiales para personas con discapacidad. Sin embargo, con el cierre de las escuelas para evitar que se propague la Covid-19, ya no cuentan con un lugar seguro adónde ir, ni siquiera unas pocas horas.
Las personas con discapacidad también serias dificultades para acceder a la justicia. Muchas de las fiscalías en las que tendrían que presentar sus casos no son accesibles y no prevén asistencia en las comunicaciones durante los procedimientos.
Los fiscales están poco informados sobre los ajustes al procedimiento que deben realizarse para ayudarlas. El acceso a refugios es muy limitado para las mujeres y sus hijos, y no hay albergues de este tipo para hombres.
Guadalupe Huerta Mora, de 55 años, presenta una discapacidad como consecuencia de que, en 2010, las hermanas de su esposo la agredieron a puñetazos y puntapiés. En este hecho, sufrió una grave lesión en la columna que le impide caminar. Por lo cual se fue a vivir a un pueblo de Michoacán con el apoyo de su hijo, que entonces tenía 13 años.
Carlos Ríos Espinosa, investigador y abogado sénior de la División de Derechos de las Personas con Discapacidad, Human Rights Watch resaltó que
Los gobiernos federal y estatales de México deben proteger a las personas con discapacidad de la violencia, cerciorándose de que las leyes y políticas se refieran de manera expresa a las personas con discapacidad y garanticen la accesibilidad y los ajustes al procedimiento a través del sistema de justicia penal.
Los organismos públicos también deberían formular un plan integral y con plazo definido para ampliar el apoyo y los servicios que favorezcan la vida independiente, entre otras cosas, generando más oportunidades de empleo, vivienda y transporte asequibles y accesibles, y la posibilidad de asistentes personales profesionales para las personas que requieren ayuda para tareas cotidianas.
El informe de HWR evidencia las fallas de México en proteger a las personas con discapacidad del abuso severo y la desatención de sus familias. El informe muestra cómo las personas con discapacidades en México enfrentan violencia familiar grave, incluido abuso físico, sexual y emocional, así como negligencia y confinamiento, con poca protección o apoyo del gobierno.
Ríos Espinosa solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que pase de la retórica a la acción. Y denunció que los refugios de emergencia no están hechos para personas con discapacidad.
HRW documentó que algunas personas con discapacidad sí reciben dinero del gobierno. Pero el dinero no es suficiente para que puedan vivir.
Muchas personas no reciben ningún dinero del gobierno en estos momentos. El gobierno no ha hecho mucho para detener la violencia en la familia.
El gobierno puede retirar a las personas con discapacidad de sus familiares. A veces llevan a las personas con discapacidad a vivir a un albergue para personas con discapacidad.
O a vivir con otros miembros de su familia. Muchas personas con discapacidad no reciben buen apoyo cuando alguien es violento contra ellas. Por ejemplo, la policía y los jueces no saben cómo apoyar.
Existe un documento muy importante sobre los derechos de las personas con discapacidad en el mundo. El gobierno de México prometió hacer lo que dice ese documento.
Por eso el gobierno mexicano debe asegurar que las personas con discapacidad no sufran de violencia y que se les trate con justicia. Pueden elegir dónde y con quién vivir y deben recibir el apoyo para hacer eso.
