Los cambios a la Ley General de Salud sientan las bases mínimas para establecer la salud mental y la prevención de adicciones como ejes de carácter prioritario dentro de las políticas de salud, con lo cual salda una deuda histórica en esta materia.
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Así lo reconoció la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) al señalar que la salud mental al no ser considerada una cuestión de atención prioritaria generó un rezago que se agravó con la llegada de la pandemia del Covid-19, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi un tercio de la población mexicana documentó síntomas de estrés postraumático.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares (INEGI 2021) una de cada cuatro personas en el país requiere atención a la salud mental y solo 2 de cada 10 la recibe, por lo que la reforma contribuye con la disponibilidad y accesibilidad del derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental.
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Uno de los aspectos más significativos de la iniciativa que será publicada es que el internamiento para la atención de la salud mental y adicciones debe ser voluntario, previo consentimiento informado y privilegiando opciones comunitarias.
AVANZAR HACIA UN MODELO SOCIAL EFECTIVO
Lo anterior representa la puesta en marcha de las condiciones mínimas necesarias para la garantía del derecho a la capacidad jurídica de las personas, respecto a la cual existe una histórica deuda pendiente. Asimismo, la medida contribuye a avanzar hacia un efectivo modelo social de la discapacidad pues si bien es cierto que la institucionalización va en contra del derecho a la vida independiente de las personas, la obligación de manifestar un consentimiento libre e informado representa el derrocamiento de uno de los principales obstáculos para ejercerlo.
La solicitud del consentimiento previo e informado para acceder a los servicios de salud mental y a un eventual internamiento, ha sido reiterado no solo por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sino también ha sido fijado como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Guachalá Chimbó y otros vs. Ecuador en el mismo sentido que de manera previa fue plasmado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en su Recomendación 02/2020 sobre la vida independiente de las personas con discapacidad.
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Es por lo anterior que la CDHCM hace un llamado a generar los protocolos necesarios para comunicar a las personas de manera accesible, oportuna y en lenguaje comprensible la información veraz y completa sobre el tratamiento, incluyendo objetivos, posibles beneficios y riesgos especiales del tratamiento e internamiento.
Asimismo, la CDHCM se sumó al llamado a detener la estigmatización que existe de las personas consumidoras de drogas y que requieren atención de servicios de salud mental, con el objetivo de generar un tratamiento mucho más integral que permita el reconocimiento y visibilización del tema para dejar atrás el modelo médico y avanzar en el modelo social de la discapacidad como ejemplo.
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