/ jueves 31 de octubre de 2024

Alerta México Evalúa que en México el 93.7% de los delitos investigados quedan impunes

Los estados de Oaxaca, Jalisco y Colima son los que presentan los mayores niveles de impunidad

En el 2023, el 93.6% de los delitos investigados en nuestro país, quedaron impunes a nivel nacional. Oaxaca (99.93%), Jalisco (99.12%) y Colima (97.57%) presentaron los mayores niveles de impunidad; mientras que Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%) y Guanajuato (79.82%) reportaron los menores índices.

Para el fuero federal, este indicador fue de 95.53% en 2022, último año con datos disponibles.

Así lo señala el reporte Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal, de la organización civil, México Evalúa, quien precisa que los delitos con mayor impunidad fueron desaparición forzada (99.5%), extorsión (98.4%), fraude (97.2%) y homicidio doloso (96.8%). En comparación con el año anterior, aumentó la impunidad en secuestro (+4.2%), desaparición (+3%) y homicidio (+1.1%); mientras que disminuyó en narcomenudeo (-2.2%), feminicidio (-1.9%) y violencia familiar (-1.8%).

Y desde el 2012, la proporción de delitos no denunciados se mantiene igual: entre 92% y 93%. Extorsión (97%) y fraude (96.5%) reportan los mayores índices.

Foto: Patricio Carrasco / La Prensa

Falta de capacidades de investigación criminal

Ante este panorama, México Evalúa alertó que, aunque los promotores de la reforma judicial aseguraron que ésta contribuirá a la reducción de la impunidad, en realidad se ignoraron sus causas y condiciones.

En conferencia de prensa, Susana Camacho, Coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, expresó que a la fecha, sólo 3.6% de las carpetas de investigación llegan ante un juez.

“Uno de los factores de este bajo porcentaje es la falta de capacidades de investigación criminal, la cual es responsabilidad de las fiscalías”, apuntó.

La investigadora advirtió sobre los riesgos que la reforma judicial y la militarización representan para la operación de las instituciones de justicia penal.

En la presentación, Mariana Campos, Directora General de 'México Evalúa', recalcó que el 93% de los casos en las fiscalías quedan impunes.

Y dijo que en el marco de la reforma al Poder Judicial, mientras no se atiendan las limitaciones dentro de las fiscalías va a ser complicado que cambie la impartición de justicia en México.

Foto: Patricio Carrasco / La Prensa

Distorsión de la justicia penal

Refirió que involucrar a la Guardia Nacional en la investigación de delitos distorsionará la justicia penal, ya que su formación militar carece del enfoque en seguridad ciudadana y derechos humanos necesario para una investigación efectiva.

De acuerdo con el reporte, las fiscalías, juzgados y defensorías públicas enfrentan importantes sobrecargas de trabajo, lo que podría generar errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas, comprometiendo así el debido proceso. En 2023, cada fiscal o agente del ministerio público atendió en promedio 310 carpetas de investigación, un aumento notable frente a las 181 reportadas en 2022; mientras que cada juez en materia penal atendió en promedio 356 causas.

“Para mejorar la justicia penal, se necesita fortalecer a las instituciones con personal capacitado y suficiente. Para lograrlo, no bastará con invertir más recursos; se debe replantear su distribución con una visión de sostenibilidad, inclusión y orientación a resultados”, comentó Mariana Campos.

Hallazgos 2023 revela que los procesos penales más rápidos fueron los acuerdos reparatorios, con 214 días en promedio, mientras que los juicios orales fueron los más largos, con 553 días, cuestionando así el acceso a una justicia pronta y expedita.

Menciona la disminución en la prisión preventiva: el 50.68% de los imputados en 2023 están en libertad con medidas cautelares, un 7.58% más que en 2022. Sin embargo, al menos 4,742 personas llevan más de 730 días bajo estas medidas a nivel estatal, por lo que estos casos requieren revisión.

Foto: Patricio Carrasco / La Prensa

En conclusión, el análisis sugiere mejorar la justicia penal en México mediante una redistribución estratégica del gasto, más vías de resolución no punitivas, investigaciones sólidas basadas en contexto y una mayor respuesta institucional a las demandas sociales.

Susana Camacho expuso que de 100 homicidios sólo se resuelven 3; de 100 feminicidios se resuelven 13 casos. Y recalcó que el rezago más importante está en las fiscalías.

Finalmente presentó la Plataforma Themis, en la cual se pueden tomar cursos para aprender y aportar mejoras al sistema penal.

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En el 2023, el 93.6% de los delitos investigados en nuestro país, quedaron impunes a nivel nacional. Oaxaca (99.93%), Jalisco (99.12%) y Colima (97.57%) presentaron los mayores niveles de impunidad; mientras que Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%) y Guanajuato (79.82%) reportaron los menores índices.

Para el fuero federal, este indicador fue de 95.53% en 2022, último año con datos disponibles.

Así lo señala el reporte Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal, de la organización civil, México Evalúa, quien precisa que los delitos con mayor impunidad fueron desaparición forzada (99.5%), extorsión (98.4%), fraude (97.2%) y homicidio doloso (96.8%). En comparación con el año anterior, aumentó la impunidad en secuestro (+4.2%), desaparición (+3%) y homicidio (+1.1%); mientras que disminuyó en narcomenudeo (-2.2%), feminicidio (-1.9%) y violencia familiar (-1.8%).

Y desde el 2012, la proporción de delitos no denunciados se mantiene igual: entre 92% y 93%. Extorsión (97%) y fraude (96.5%) reportan los mayores índices.

Foto: Patricio Carrasco / La Prensa

Falta de capacidades de investigación criminal

Ante este panorama, México Evalúa alertó que, aunque los promotores de la reforma judicial aseguraron que ésta contribuirá a la reducción de la impunidad, en realidad se ignoraron sus causas y condiciones.

En conferencia de prensa, Susana Camacho, Coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, expresó que a la fecha, sólo 3.6% de las carpetas de investigación llegan ante un juez.

“Uno de los factores de este bajo porcentaje es la falta de capacidades de investigación criminal, la cual es responsabilidad de las fiscalías”, apuntó.

La investigadora advirtió sobre los riesgos que la reforma judicial y la militarización representan para la operación de las instituciones de justicia penal.

En la presentación, Mariana Campos, Directora General de 'México Evalúa', recalcó que el 93% de los casos en las fiscalías quedan impunes.

Y dijo que en el marco de la reforma al Poder Judicial, mientras no se atiendan las limitaciones dentro de las fiscalías va a ser complicado que cambie la impartición de justicia en México.

Foto: Patricio Carrasco / La Prensa

Distorsión de la justicia penal

Refirió que involucrar a la Guardia Nacional en la investigación de delitos distorsionará la justicia penal, ya que su formación militar carece del enfoque en seguridad ciudadana y derechos humanos necesario para una investigación efectiva.

De acuerdo con el reporte, las fiscalías, juzgados y defensorías públicas enfrentan importantes sobrecargas de trabajo, lo que podría generar errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas, comprometiendo así el debido proceso. En 2023, cada fiscal o agente del ministerio público atendió en promedio 310 carpetas de investigación, un aumento notable frente a las 181 reportadas en 2022; mientras que cada juez en materia penal atendió en promedio 356 causas.

“Para mejorar la justicia penal, se necesita fortalecer a las instituciones con personal capacitado y suficiente. Para lograrlo, no bastará con invertir más recursos; se debe replantear su distribución con una visión de sostenibilidad, inclusión y orientación a resultados”, comentó Mariana Campos.

Hallazgos 2023 revela que los procesos penales más rápidos fueron los acuerdos reparatorios, con 214 días en promedio, mientras que los juicios orales fueron los más largos, con 553 días, cuestionando así el acceso a una justicia pronta y expedita.

Menciona la disminución en la prisión preventiva: el 50.68% de los imputados en 2023 están en libertad con medidas cautelares, un 7.58% más que en 2022. Sin embargo, al menos 4,742 personas llevan más de 730 días bajo estas medidas a nivel estatal, por lo que estos casos requieren revisión.

Foto: Patricio Carrasco / La Prensa

En conclusión, el análisis sugiere mejorar la justicia penal en México mediante una redistribución estratégica del gasto, más vías de resolución no punitivas, investigaciones sólidas basadas en contexto y una mayor respuesta institucional a las demandas sociales.

Susana Camacho expuso que de 100 homicidios sólo se resuelven 3; de 100 feminicidios se resuelven 13 casos. Y recalcó que el rezago más importante está en las fiscalías.

Finalmente presentó la Plataforma Themis, en la cual se pueden tomar cursos para aprender y aportar mejoras al sistema penal.

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