En el presente año en donde muchos países de América Latina, incluyendo México llevarán a cabo elecciones preocupa mucho que las vacunas -en una historia de corrupción e impunidad- sean utilizadas por los gobiernos, partidos y políticos utilicen las vacunas contra Covid-19 para beneficiar a sus simpatizantes.
Así lo manifestó dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, al instar a los gobiernos a realizar amplias consultas a la hora de diseñar sus programas de vacunación y a garantizar que ni los grupos de riesgo —como el personal sanitario y las personas de edad avanzada— ni los grupos discriminados y marginalizados —como la población de pueblos Indígenas, afrodescendiente, migrante y refugiada o las personas privadas de su libertad— se quedan atrás en la recepción de vacunas.
En la presentación virtual del informe “Vacunas en las Américas. Diez imperativos de derechos humanos para asegurar salud para todas las personas”, Guevara Rosas externó que las presiones políticas y la corrupción podrían afectar el acceso a las vacunas y el derecho universal a la salud
Resaltó que quienes ejercen la política no deben utilizar las vacunas para premiar a sus afines, ni para presionar a sectores de la sociedad que critican sus decisiones. La salud es un derecho humano que en ninguna circunstancia debe ser socavado por la política”, expresó Erika Guevara Rosas.
A su vez, Madeleine Penman, investigadora para México del Secretariado de Amnistía Internacional, manifestó que “la vacuna en este momento es un factor de mucha esperanza para muchas personas y es muy importante que los gobiernos usen la vacuna para la salud pública de sus ciudadanos y de toda la población en su país, ya sea migrante, extranjera y nacional”.
Dijo que los periodos de elecciones “son momentos de mucha turbulencia, y hemos visto desafortunadamente que en varias ocasiones los gobiernos pueden usar momentos críticos, o los partidos políticos pueden usar momentos críticos para hacer uso político-electoral de ciertos temas y podría ser el caso concreto de la vacuna”.
El informe de AI advierte que las presiones políticas y la corrupción podrían afectar el acceso a las vacunas y el derecho universal a la salud.
Amnistía Internacional pidió a los Estados que garanticen el acceso a la información y la transparencia, ya que son fundamentales para un programa de vacunación adecuado.
Las empresas farmacéuticas, aunque están suministrando vacunas esenciales, también han socavado la transparencia de las negociaciones con los países de la región, con posibles repercusiones en el acceso universal a las vacunas.
“En el contexto de la escasez mundial de suministros de vacunas, la transparencia y la rendición de cuentas sobre el diseño y la producción, adquisición y distribución de las vacunas son primordiales.
Sólo seis países tienen registros razonablemente actualizados —desglosados por género, profesión, ubicación y otros datos— sobre el número de trabajadores y trabajadoras de la salud que han contraído la Covid-19 durante la pandemia.
Varios países tienen una grave escasez de personal sanitario: el número de personas médicas y enfermeras per cápita es muy inferior al umbral que la OMS considera como mínimo necesario para ofrecer servicios de salud básicos en los países más pobres del mundo.
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“Las escandalosas deficiencias en dotación de personal, registro y protección del sector sanitario en América Latina demuestran una vez más que el crecimiento económico en muchos países no se ha traducido en el fortalecimiento de derechos sociales ni en un sistema de atención de la salud más robusto”.
No puede haber un potente esfuerzo de vacunación si no se protege bien al personal sanitario y los sistemas de salud”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Aunque varios países han incluido a los pueblos indígenas entre los grupos prioritarios de su programa de vacunación, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana no mencionan protocolos específicos para los pueblos indígenas en sus programas.
Los pueblos indígenas, que en varios de estos países representan un alto porcentaje de la población, han sido sistemáticamente marginados y excluidos de las políticas públicas durante siglos.
“Los Estados deben cumplir su deber de garantizar que las vacunas sigan siendo gratuitas en el lugar donde se prestan los servicios de salud. Los gobiernos deben prohibir por ley su compra directa por particulares y considerar la posibilidad de sancionar a individuos y organizaciones que eludan el programa de vacunación nacional u obstruyan las medidas del Estado para garantizar un acceso equitativo a las vacunas, remarcó Guevara Rosas.
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