/ domingo 22 de noviembre de 2020

Acusan telefonistas disidentes de conflicto de interés de la STPS en el sindicato de telefonistas

Externaron su rechazo a la propuesta de la empresa Telmex en comprar parte de la jubilación de los telefonistas por acciones sin garantía

Grupos disidentes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana acusan que el padre de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Arturo alcalde Justiniani, es asesor desde hace muchos años de Francisco Hernández Juárez y ello ha influido en favor del dirigente vitalicio de los telefonistas quien tiene 44 años al frente de ese gremio.

Expusieron que la secretaria alcalde Luján avaló la más reciente reelección, la número 14, de Hernández Juárez, pese a que fue un proceso desaseado, plagado de irregularidades, que de nueva cuenta violó los estatutos del STRM, en los que está prohibida la reelección, y la cual se llevó a cabo sin cumplir con el decreto de emergencia sanitaria, por lo que se puso en riesgo la salud y la vida de los telefonistas.

En una conferencia de prensa, Benito Méndez Castro, de la corriente Telefonistas Construyendo Democracia; Francisco Núñez, de Renovación Democrática Telefonista, José del Refugio Cano y José Montealegre, del Frente Telefonista Alternativo señalaron que, aunque formalmente Arturo Alcalde no aparece como asesor jurídico del STRM, tiene una relación añeja con Hernández Juárez y en los hechos lo asesora en materia sindical, e incluso apareció en la reciente elección.

Argumentaron que el abogado laboral influye en las decisiones de su hija. De otra forma, “se explica que la titular de la STPS actúa de forma distinta en el caso del sindicato telefonista, si se compara con el caso del sindicato petrolero, en el que estableció reglas y condiciones para la elección.

Los inconformes denunciaron las irregularidades y omisiones que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Comisionados y Comisión Nacional Electoral instruidos por Francisco Hernández Juárez; llevaron a cabo un proceso electoral violatorio de los estatutos y de la Ley Federal del Trabajo.

Además de violentar el decreto de emergencia sanitaria impuesto por el gobierno federal el día 27 de marzo, poniendo en riesgo la salud y la vida de compañeras y compañeros miembros de este sindicato.

Refugio Cano y Francisco Núñez aseguran que al líder telefonista sólo le interesa su proyecto familiar, ya que tienen a toda su familia en cargos sindicales como a su hija, hijos, hermanos, hermanas y demás parientes.

El grupo de inconformes manifestaron que continúan los mismos vicios y acuerdos entre dirigentes sindicales, abogados y las autoridades laborales, señalando que dentro de su sindicato, las cuotas sindicales de los Telefonistas han servido para asesorarse y comprar lealtades.

Asimismo, dieron a conocer la represión sindical que han sido sujetos cientos de sindicalizados de todo el país, por manifestar posicionamientos contrarios o disidentes al dirigente nacional. Tal es el caso de la localidad de Mérida; Yucatán, en donde dos agremiados que denunciaron anomalías al interior de su comité local, fueron sancionados por más de 7 años y no se les permitió su jubilación, los cuales fallecieron.

De la misma manera existen casos de BCS, Guadalajara, Edo México, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Monterrey, etc. En esta última localidad a dos compañeras jubiladas de nombre Rosa Verónica Varela Ruiz Y Rosa Elva Trujillo Cantú las sancionaron por defender uno de los derechos más importantes de nuestro CCT que es la jubilación.

También externaron su rechazo a la propuesta de la empresa Telmex en comprar parte de la jubilación de los telefonistas por acciones sin garantía, dejando a un lado la atención y solución de múltiples problemas que aquejan la operación de la empresa.

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Pues aseguran que la pretensión de Telmex, al ofrecer un paquete accionario por una parte de la pensión jubilatoria, para los trabajadores activos y jubilados, cuando la empresa no cotiza en la bolsa de valores. Propuesta ilegal toda vez que los salarios y las pensiones deben pagarse en moneda de curso legal, y no con valores bursátiles.

Por ello, los telefonistas, defendemos a toda costa nuestras jubilaciones, prestaciones logradas desde 1926. La empresa les llama pasivo laboral, concepto de la contaduría empresarial. Telmex tiene la obligación legal de pagar las jubilaciones.

“La empresa aspira a la contratación de personal de nuevo ingreso sin la prestación jubilatoria pactada en el contrato colectivo vigente. La sustracción de materia de trabajo, equipo y herramientas de los nuevos servicios digitales. Todo lo cual ha sido llevado a las empresas Triara, Red Uno, Telcel e Infinitum.

Dijeron que han interpuesto varios recursos contra la toma de nota a Hernández Juárez, la última ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y están en espera del resultado, aunque en la página de la Dirección de Registro de Asociaciones de la STPS se establece ya que va a seguir como secretario general del Sindicato de Telefonistas hasta 2024.

Así como un amparo ante un Juzgado Administrativo, una demanda de amparo contra la emisión de la toma de nota de la elección; contra la validez del proceso electoral y por no garantizar el pleno uso de los derechos sindicales.

Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem

Grupos disidentes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana acusan que el padre de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Arturo alcalde Justiniani, es asesor desde hace muchos años de Francisco Hernández Juárez y ello ha influido en favor del dirigente vitalicio de los telefonistas quien tiene 44 años al frente de ese gremio.

Expusieron que la secretaria alcalde Luján avaló la más reciente reelección, la número 14, de Hernández Juárez, pese a que fue un proceso desaseado, plagado de irregularidades, que de nueva cuenta violó los estatutos del STRM, en los que está prohibida la reelección, y la cual se llevó a cabo sin cumplir con el decreto de emergencia sanitaria, por lo que se puso en riesgo la salud y la vida de los telefonistas.

En una conferencia de prensa, Benito Méndez Castro, de la corriente Telefonistas Construyendo Democracia; Francisco Núñez, de Renovación Democrática Telefonista, José del Refugio Cano y José Montealegre, del Frente Telefonista Alternativo señalaron que, aunque formalmente Arturo Alcalde no aparece como asesor jurídico del STRM, tiene una relación añeja con Hernández Juárez y en los hechos lo asesora en materia sindical, e incluso apareció en la reciente elección.

Argumentaron que el abogado laboral influye en las decisiones de su hija. De otra forma, “se explica que la titular de la STPS actúa de forma distinta en el caso del sindicato telefonista, si se compara con el caso del sindicato petrolero, en el que estableció reglas y condiciones para la elección.

Los inconformes denunciaron las irregularidades y omisiones que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Comisionados y Comisión Nacional Electoral instruidos por Francisco Hernández Juárez; llevaron a cabo un proceso electoral violatorio de los estatutos y de la Ley Federal del Trabajo.

Además de violentar el decreto de emergencia sanitaria impuesto por el gobierno federal el día 27 de marzo, poniendo en riesgo la salud y la vida de compañeras y compañeros miembros de este sindicato.

Refugio Cano y Francisco Núñez aseguran que al líder telefonista sólo le interesa su proyecto familiar, ya que tienen a toda su familia en cargos sindicales como a su hija, hijos, hermanos, hermanas y demás parientes.

El grupo de inconformes manifestaron que continúan los mismos vicios y acuerdos entre dirigentes sindicales, abogados y las autoridades laborales, señalando que dentro de su sindicato, las cuotas sindicales de los Telefonistas han servido para asesorarse y comprar lealtades.

Asimismo, dieron a conocer la represión sindical que han sido sujetos cientos de sindicalizados de todo el país, por manifestar posicionamientos contrarios o disidentes al dirigente nacional. Tal es el caso de la localidad de Mérida; Yucatán, en donde dos agremiados que denunciaron anomalías al interior de su comité local, fueron sancionados por más de 7 años y no se les permitió su jubilación, los cuales fallecieron.

De la misma manera existen casos de BCS, Guadalajara, Edo México, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Monterrey, etc. En esta última localidad a dos compañeras jubiladas de nombre Rosa Verónica Varela Ruiz Y Rosa Elva Trujillo Cantú las sancionaron por defender uno de los derechos más importantes de nuestro CCT que es la jubilación.

También externaron su rechazo a la propuesta de la empresa Telmex en comprar parte de la jubilación de los telefonistas por acciones sin garantía, dejando a un lado la atención y solución de múltiples problemas que aquejan la operación de la empresa.

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Pues aseguran que la pretensión de Telmex, al ofrecer un paquete accionario por una parte de la pensión jubilatoria, para los trabajadores activos y jubilados, cuando la empresa no cotiza en la bolsa de valores. Propuesta ilegal toda vez que los salarios y las pensiones deben pagarse en moneda de curso legal, y no con valores bursátiles.

Por ello, los telefonistas, defendemos a toda costa nuestras jubilaciones, prestaciones logradas desde 1926. La empresa les llama pasivo laboral, concepto de la contaduría empresarial. Telmex tiene la obligación legal de pagar las jubilaciones.

“La empresa aspira a la contratación de personal de nuevo ingreso sin la prestación jubilatoria pactada en el contrato colectivo vigente. La sustracción de materia de trabajo, equipo y herramientas de los nuevos servicios digitales. Todo lo cual ha sido llevado a las empresas Triara, Red Uno, Telcel e Infinitum.

Dijeron que han interpuesto varios recursos contra la toma de nota a Hernández Juárez, la última ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y están en espera del resultado, aunque en la página de la Dirección de Registro de Asociaciones de la STPS se establece ya que va a seguir como secretario general del Sindicato de Telefonistas hasta 2024.

Así como un amparo ante un Juzgado Administrativo, una demanda de amparo contra la emisión de la toma de nota de la elección; contra la validez del proceso electoral y por no garantizar el pleno uso de los derechos sindicales.

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