Ciudad de México.- La corrupción es un flagelo que acentúa la pobreza, la desigualdad y limita el crecimiento económico, de ahí la importancia de combatirla y fortalecer la transparencia, en tanto que la coyuntura es favorable para consolidar instituciones sólidas, garantes de la legalidad y la gobernanza democrática.
Funcionarios y diputados están de acuerdo en que resulta fundamental de combatir la corrupción, fortalecer la transparencia, así como consolidar la rendición de cuentas.
Para el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, pugnó que la discusión del tema se traduzca en insumos para el combate a la corrupción, así como dar a la sociedad los resultados que solicita.
El legislador de Movimiento Ciudadano calificó de necesario explicar a la ciudadanía cuáles son los tiempos en el análisis de una Cuenta Pública, el tránsito que se lleva en su revisión e incluso las sanciones, toda vez que es responsabilidad de los servidores públicos otorgar herramientas a la sociedad para que accedan a esta información.
De la participación que tuvo la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en el Foro “Anticorrupción y Fiscalización en México”, se desprende que el combate a la corrupción es la prioridad del Estado. “La rendición de cuentas es la esencia transformadora que estamos construyendo entre todos”.
En el marco de ese ejercicio, se dejó asentado que la corrupción acentúa la pobreza, la desigualdad y limita el crecimiento económico, “fomentando también otras cuestiones muy terribles, como la inseguridad y el crimen organizado”.
Dentro de la Secretaría de la Función Pública, con el apoyo del Poder Legislativo y de la Auditoría Superior de la Federación, se ha hecho una gran alianza para construir un México más íntegro.
Sandoval Ballesteros en su momento afirmó que “México tiene la oportunidad de convertirse en un país donde la ley se cumpla, los derechos de todos se respeten y, evidentemente, la corrupción se erradique”.
Lo anterior va con la reflexión de que “si la mayor enfermedad del país fue la corrupción, la mejor cura es, evidentemente, la cooperación y el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”.
La funcionaria presentó en ese foro la ponencia “Poder, impunidad y participación ciudadana: una visión estructural de la corrupción”. Con base a cifras difundidas a principios de marzo, la Función Pública ha impuesto sanciones por casi mil 500 millones de pesos a licitantes, proveedores y contratistas que, desde el juicio de los auditores, intentaron sacar provecho y medrar con el dinero de los mexicanos.
Por ello, se impusieron 316 sanciones a empresarios, contratistas y proveedores por casi mil 500 millones de pesos.
Se han inscrito en los registros, alrededor de cuatro mil 700 sanciones a servidores públicos, sobre todo de los niveles de mando, e inhabilitado a mil 500 servidores públicos, también con sanciones económicas resarcitorias por casi ocho mil 780 millones de pesos, sin soslayar destituciones.
La impunidad se frena con castigos sustantivos y, “lo más importante es que, además ahora realmente no solamente castigamos lo operativo, sino estamos yendo al fondo de la ética para combatir las negligencias administrativas y, evidentemente, las faltas graves a la ley”.
Recordó la secretaria que México fue expulsado de la Alianza para el Gobierno Abierto, durante el sexenio pasado, pero ahora, ya está otra vez y se han tomado medidas concretas para eliminar el espionaje ilegal y garantizar que existan controles democráticos para la ciudadanía, para frenar la vigilancia estatal.
En lo que va del gobierno federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta marzo, se han presentado 128 denuncias penales ante Fiscalía General de la República. 50, se refieren a enriquecimiento ilícito; 44, con delitos vinculados a la llamada “estafa maestra” y las que tienen que ver con abusos y corrupción en cuestiones de salud.
Se trabaja mucho en terreno, con visitas de inspección, de fiscalización y resultó el universo auditado en más de diez mil 600 observaciones por un monto de 544 mil millones de pesos, de los cuales se han recuperado más de mil millones de pesos, sin descartar obtener más por multas resarcitorias.
A los estados y municipios, se han observado más de 46 mil millones de pesos y, más de 20 mil millones de pesos en obra pública.
De lo último, la mayor parte de lo observado se concentra en lo que sería el aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, en el que se encontraron irregularidades por más de 18 mil 600 millones de pesos.
Están identificados y corregidos desfalcos millonarios que se realizaron durante 2018 y, ahí destaca lo que fue el Seguro Popular por 940 millones de pesos.
Por su parte, el secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en el recinto de San Lázaro, el morenista Marco Antonio Andrade Zavala, expuso se debe analizar el tema más importante de esta administración: el combate a la corrupción. Conminó a ello a los legisladores locales, autoridades municipales, estatales y federales, auditores superiores de las entidades y secretarios de sistemas estatales anticorrupción.
Dijo que es preciso armonizar los conocimientos de todos los funcionarios en la materia, a fin de hacer un combate frontal y armónico. “Acompañaremos las propuestas que surjan a partir de este foro para que se logre una óptima rendición de cuentas y transparencia en la ejecución de los recursos en todos los ámbitos gubernamentales”.
Por la bancada de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, Jorge Arturo Argüelles Victorero, expuso que la corrupción ha dividido al país en una minoría privilegiada y una mayoría empobrecida, razón inadmisible “para quienes defendemos los intereses del pueblo”. Además, ha sido el principal obstáculo del desarrollo y crecimiento.
“Hoy se deberá dejar atrás a los funcionarios públicos que no hacían más que cubrir las espaldas de otros y desterrar los chantajes, así como dar retorno al dinero de los corruptos y detenidos en el extranjero para distribuirlo de manera conveniente entre quienes más lo necesitan y generar mecanismos preventivos”, acotó.
El secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado Perrilliat, aseguró que la corrupción, impunidad, abuso de poder, arbitrariedad y una ciudad desinteresada son los grandes obstáculos para que se dé el uso efectivo de los recursos públicos.
La lucha contra la corrupción es un reto compartido, porque desde diferentes trincheras donde se combate, se han tenido resultados positivos.
Resulta que la aprobación de los nuevos formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses, permiten tener información homogénea y estandarizada del haber patrimonial de todos los servidores públicos; son una herramienta con la cual puedan realizarse evoluciones patrimoniales de forma automatizada.
Mientras que la política nacional anticorrupción aprobada por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, establece la agenda para todo el Estado mexicano. En ella se alinean todos los esfuerzos de las instituciones federales y locales del país con alguna responsabilidad en la prevención, detección, investigación y sanción de este flagelo.
Salgado Perrilliat, afirmó que la Secretaría tiene el compromiso de avanzar en el combate a la corrupción y “continuaremos trabajando dentro del ámbito de nuestras atribuciones para contribuir a que el gobierno mexicano haga un eficaz y eficiente uso de nuestros recursos públicos”.
A su vez, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, expuso que la coyuntura es favorable hacia consolidar instituciones sólidas, garantes de la legalidad y la gobernanza democrática, así como llegar a un servicio público profesional que actúe conforme a los principios de probidad, legalidad, eficacia, economía y transparencia.
“En la Auditoría hay plena conciencia y compromiso de todos los integrantes sobre este momento para seguir avanzando en esas grandes líneas de acción, asegurándonos de que la Fiscalización Superior cumpla a cabalidad con las facultades que le fueron conferidas por nuestra carta constitucional”, afirmó.
Aludió la buena comunicación y coordinación que la institución tiene con el Congreso, la Comisión de Vigilancia y la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a fin de avanzar hacia la plenitud del estado democrático de derecho. “Estamos combatiendo con mayor eficacia los dos males endémicos que son la corrupción y la impunidad”.
El diputado morenista Marco Antonio Andrade Zavala, detalló la importancia de la fiscalización al interior de las entidades federativas para terminar con la corrupción y hacerle frente a la impunidad en el país.
Es preciso fortalecer las herramientas punitivas contra el mal uso de recursos públicos, en el sentido de que “nos estamos quedando únicamente en la parte de las observaciones y los responsables reinciden cuando no tienen una penalización”.
Para el diputado de Morena, “la fiscalización a nivel de los estados, donde vemos cómo es que los municipios, los entes auditados, realizan los gastos, cómo los ejecutan, es una labor muy importante porque, al final, hay muchísimas observaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación y también, por qué no decirlo, las auditorías locales, que quedan muchas veces en eso, en observaciones, que lo van subsanando y, cuando venimos a ver, ya terminaron y no hubo nadie que esté en la cárcel”.
Andrade Zavala celebró las intervenciones de los ponentes y reiteró la disposición de articular un diálogo directo y transparente con estos y otros expertos para plantear, analizar y aplicar políticas públicas en la materia.
