“La transformación jurídica más importante en los últimos tiempos, es ya una realidad” Arely Gómez

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Ciudad de México.-La Procuradora General de la República Arely Gómez González dio un mensaje durante la ceremonia de entrada en vigor del NSJP en las entidades de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y el Archipiélago de las Islas Marías, correspondiente a la Séptima Etapa.
En la ceremonia se contó con la presencia de el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
El Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario de Gobernación, el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y el Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Arely Gómez dijo lo siguiente:
Hoy es un día particularmente significativo para nuestro país: la transformación jurídica más importante en los últimos tiempos, es ya una realidad.
El diagnóstico era claro, teníamos un sistema de justicia rebasado, que no cumplía con sus objetivos de brindar una justicia pronta, expedita, imparcial y sobre todo, en la que confiaran las personas. Esta reforma penal responde a esa realidad.
Donde antes había opacidad, hoy tenemos transparencia. Las audiencias son públicas.
Donde antes había procesos lentos y largos, hoy las resoluciones son más rápidas. El Nuevo Sistema facilita a las víctimas el acceso a la justicia y brinda mayor respeto y garantía a sus derechos.
Les comparto los siguientes resultados que acreditan el funcionamiento de este modelo en la Procuraduría General de la República. Tenemos 10 sentencias condenatorias de 12 juicios orales a nivel federal. Además, 718 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados.
Hoy, la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Más de mil medidas cautelares han sido determinadas, evitando que igual número de personas vayan a prisión.
Hay 609 resoluciones mediante la determinación de la suspensión condicional del proceso. Es decir, se propicia que el acusado presente una opción para reparar el daño a la víctima y se resuelva el proceso, comprometiéndose a cumplir con las restricciones impuestas por el juez.
La reforma penal que hace posible esta transformación, nos involucró a todos los sectores sociales: poderes de la Unión, sociedad civil y academia.
Reconozco el enorme esfuerzo y compromiso de los Poderes Legislativo y Judicial. Su participación ha sido clave para lograr este cambio de modelo de justicia y avanzar hacia un sistema acusatorio más moderno y eficiente.

Confiamos en que se seguirá avanzando en la aprobación de la Ley de Justicia para Adolescentes, la ley Nacional de Ejecución de Penas, la miscelánea penal y las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La armonización de los criterios de actuación de las autoridades federales en la implementación del Sistema continúa, al igual que la adopción de mejores prácticas en las entidades federativas donde previamente ya operaba el proceso penal acusatorio.
En la Procuraduría General de la República, se cumplieron a cabalidad los objetivos planteados en los indicadores para medir los avances en la implementación del Sistema.
Esto ha permitido elaborar planes de mejora continua, una vez que se identifican las acciones requeridas para fortalecer la operación.
A partir del 18 de junio inicia la etapa de consolidación, la cual nos obligará a hacer un ejercicio de autocrítica respecto a la actuación de los servidores públicos en el procedimiento penal.
Por ello, se requiere que las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia fomenten la correcta observancia de los protocolos nacionales de actuación, la capacitación y profesionalización permanente de nuestros servidores públicos.
Para garantizar el éxito de este Sistema debemos trabajar en transmitir a la ciudadanía sus beneficios, bondades, y desafíos.
Tenemos el reto de acercar la justicia a la sociedad.*
Señoras y señores:
Nos encontramos reunidos para declarar la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel federal, en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y el resto de los territorios a los que se refieren los artículos 42 y 48 de la Constitución.
Para el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal fue una prioridad nacional, y uno de los ejes rectores que conforman el Plan de Trabajo de la Procuraduría General de la República.
Debemos hacer que este modelo pruebe su éxito y cumpla con el objetivo de alcanzar el México de paz, incluyente, próspero y pleno de derechos y libertades.