Millones de jornaleros, más vulnerables de México, con bajos salarios y son explotados: ONGs

Imagen ilustrativa y archivo OEM

Millones de jornaleros, más vulnerables de México, con bajos salarios y son explotados: ONGs

  • La Prensa
  • en México

Por Patricia Carrasco

Las estadísticas oficiales reconocen que en México hay casi 3 millones de jornaleros y jornaleras trabajando directamente en los campos, incluyendo a su familia, con lo que se suman cerca de 9 millones; la mayoría siguen laborando en condiciones de explotación, jornadas de casi 12 horas, bajos salarios, sin seguridad social, ni prestaciones.

En contra de lo que declaran las autoridades de la Secretaría de Bienestar de que casi todos los jornaleros y jornaleras son indígenas, recordaron que cálculos del extinto Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), estiman que hay 2.5 millones de jornaleros/as de los cuales el 40% son indígenas, el resto no lo son.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2018) entre 2005 y 2018 se han agregado a las filas de los asalariados del campo casi 900 mil personas de las cuales el 88% son jornaleros hombres y 12% mujeres.

Aunque la proporción de mujeres jornaleras a nivel nacional escasamente llegan a 300 mil (10% del total), por entidad federativa, en algunas entidades donde se cosechan cultivos de exportación, la proporción de mujeres jornaleras supera el porcentaje nacional: Guanajuato, 17%, Sinaloa, 18%, Sonora, 21%, Baja California, 29%.
Migran por pobreza y marginación.

En una conferencia de prensa, integrantes de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas declararon que ven con preocupación la violatoria realidad encontrada y documentada en su primer informe titulado “Violaciones de las y los jornaleros indígenas en México”.

Isabel Margarita Nemesio, coordinadora de la Red, Antonieta Barrón de la Facultad de Economía de la UNAM; Nancy García, de Oaxaca, Giovana Bitaglia; Mayela Blanco del Centro de Estudios y Cooperación, demandaron la creación y ejecución de un programa que atienda personalmente a las y los jornaleros agrícolas y sus familias.

Pidieron desarrollar una propuesta que incluya el pago de “salarios dignos y decentes”. Garantizar el acceso a la Seguridad Social para todas las personas jornaleras y sus familias.

Que los gobiernos estatales y municipales garanticen la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos laborales de las personas jornaleras agrícolas y sus familias en los estados de origen, tránsito, destino y asentamiento.

Las integrantes de la Red precisaron que en el 2012, 75.4% de la población potencial jornalera se encontraba en condición de pobreza, y el 23.6% en pobreza extrema. Es decir, la incidencia de pobreza extrema entre la población potencial es mayor al doble de la media nacional (9.5%). El 97.2% presenta al menos una carencia social, 55.6% presenta al menos tres.

La carencia social con mayor incidencia es la relacionada con el acceso a la seguridad social (89.1%), seguida de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (57.1%), por acceso a la alimentación (40.0%), por rezago educativo (35.7%), calidad y espacios en la vivienda (29.5%), y acceso a los servicios de salud (21.2%).

Entre las violaciones a derechos en las condiciones de vida en los campos agrícolas de México denunciaron que los niños, niñas y adolescentes que llegan a los campamentos (o campos agrícolas) no tienen garantía de acceso a la educación, mientras el promedio nacional es de 8.1 años, entre los/as jornaleros/as es de 4.5 años.

“El acceso a la Justicia Social que tienen las y los jornaleros agrícolas junto con sus familias, no será vista hasta que su trabajo sea reconocido, equitativo, se defienda y se reconozca desde el respeto integral y justiciabilidad de sus derechos humanos laborales en la movilidad laboral en el sector agrícola de México”.

Los alimentos que se proveen en los campos no siempre son suficientes comparados con la intensidad de la jornada. Existen aún en campos y cuarterías sistemas de endeudamiento y raya, principalmente a través de tiendas de abarrotes y comedores.

La atención a la salud, cuando la hay, es burocratizada, lo cual se vuelve un problema importante para las familias que no están registradas en el seguro social. No cuentan con intérpretes-traductores para llevar a cabo trámites administrativos o el acompañamiento durante su atención.