Insuficientes esfuerzos de autoridades para abatir la alta incidencia de secuestros contra migrantes: CNDH

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Insuficientes esfuerzos de autoridades para abatir la alta incidencia de secuestros contra migrantes: CNDH

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Por: Patricia Carrasco / GB

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos externó su preocupación por que las agresiones contra los migrantes persisten, como sucedió recientemente en Tamaulipas; lo que aqueja no solo a las personas extranjeras en contexto de movilidad, sino a la comunidad en su conjunto, por la inseguridad en esa y otras zonas y los riesgos que al transitar por ahí se presentan, afectando el Estado de Derecho y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

La actuación de las autoridades no corresponde con la gravedad y frecuencia del delito que se ha incrementado como resultado, entre otros factores, de la impunidad, alertó.

Observó que los esfuerzos de autoridades para incidir en las conductas delictivas no han sido eficaces ni hay coordinación entre las dependencias federales y estatales para frenar el elevado número de secuestros de migrantes, ya que faltan mecanismos de seguimiento y análisis de medidas para prevenirlos.

De ahí que el organismo, recordó que el 15 de junio de 2009 la Comisión emitió el “Informe Especial Sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes”, en que analizó el contexto de los delitos contra ese grupo y se propusieron medidas a las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Instituto Nacional de Migración. La CNDH calculó que en un semestre, (de septiembre de 2008 a febrero de 2009), las 9,758 víctimas secuestradas generaron ganancias aproximadas a los 25 millones de dólares.

En febrero de 2011, la CNDH hizo público el diverso “Informe Especial sobre secuestro de Migrantes en México” en el que documentó que para 2010 la cifra se incrementó a 11,333 víctimas en seis meses (de abril a septiembre 2010), registradas en 214 eventos de secuestro masivo, destacando como focos rojos los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.

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Advirtió que las autoridades no implementaron acciones eficaces para combatir y prevenir las causas del delito, ya que en agosto de 2010 fueron encontrados 72 cuerpos sin vida de personas migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, por lo cual, ante ese lamentable hecho y la falta de acción de las autoridades, el 23 de diciembre de 2013 la CNDH emitió la Recomendación 80/2013, por la privación de la vida de esas 72 personas, dirigida a la entonces Procuraduría General de la República y al Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Desde 2009 la Comisión Nacional ha denunciado públicamente los casos de personas migrantes que son víctimas de delitos en su tránsito por territorio nacional, y desde entonces solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno la adopción de medidas de investigación, protección y prevención para atender dicho problema, así como la conformación de políticas públicas que garanticen la no repetición de tales sucesos, en beneficio de la protección integral de los derechos humanos de ese grupo en situación de vulnerabilidad.

Para garantizar la no repetición de esos hechos se propuso la coordinación entre las autoridades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para recabar información respecto de la comisión y combate de la privación ilegal de la libertad de personas migrantes, con el fin de generar un diagnóstico útil para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución de ese delito, e intensificar la vigilancia en las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en las zonas identificadas como de alto riesgo.

El 18 de octubre de 2017 se emitió la Recomendación 8VG/2017, por el caso de 49 personas halladas sin vida en Cadereyta, Nuevo León, dirigida a la entonces Procuraduría General de la República y a los Gobiernos de los estados de Nuevo León y de Tamaulipas, en la cual se reiteró la necesidad de realizar un diagnóstico sobre las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en las zonas identificadas como de alto riesgo para la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de personas migrantes, con la finalidad de que se intensificaran acciones de vigilancia y evitar casos similares.

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