Presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera Badillo

Mentira que se hayan creado superdelegados con cambios a la ley orgánica de la administración pública

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Por: Arturo R. Pansza / GB

Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera Badillo, aclaró que, con las recientes modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se crearon los “superdelegados” gubernamentales de los que hablan algunos actores políticos.

Destacó que lo que sí se constituyó fue un andamiaje legal y organizacional para que el nuevo gobierno pueda cumplir con los compromisos que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue candidato, al tiempo que acotó que en la referida legislación no existen las figuras de “superdelegados” estatales con facultades extraordinarias; lo que hay son delegados de programas de desarrollo, adscritos a la Secretaría de Bienestar, con funciones específicas.

“No son los superdelegados como se comenta, no traen ese nombre en la ley; tienen funciones respectivas del área al cual están asignados y van a cumplir las funciones que les ordene el responsable de esa área”, declaró la representante popular de Morena, quien expuso que en la iniciativa de ese partido se señalaba que el titular del Ejecutivo federal contaría, en las entidades federativas, con delegaciones de programas para el desarrollo que tendrían a su cargo la coordinación de acciones en materias prioritarias con las autoridades estatales y municipales, y coadyuvaría en la supervisión de los programas prioritarios a cargo de la administración pública federal, lo cual finalmente se modificó.

Resulta que desde el 1° de diciembre entró en vigor la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por la que, entre otras acciones, se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se reconoció y fortaleció la Oficina de la Presidencia, se transformó a la Sedesol en la Secretaría de Bienestar y se establecieron las Delegaciones de Programas de Desarrollo, que estarán en los estados.

El artículo 17 Ter de esta ley estipula que las Delegaciones de Programas de Desarrollo, adscritas a la Secretaría de Bienestar, estarán en las entidades federativas para coordinar e implementar acciones y programas para el desarrollo integral, atender a la ciudadana y supervisar servicios y programas.

Se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por parte del Congreso de la Unión, para actualizar la estructura y funcionamiento de diversas dependencias y secretarías de gobierno, sin embargo, hay actores políticos que han manifestado su desacuerdo con dichas modificaciones.

Por lo que hace a que el coordinador del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró interpondrá un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que se otorgan atribuciones al Ejecutivo que invaden potestades estatales y municipales, Barrera Badillo declaró: “están en su derecho de presentar controversias constitucionales, pero esta reforma fue analizada en la Cámara de Diputados, en el Senado, y creemos que no tendríamos ninguna complicación”.

Abundó que “la ley está bien diseñada y al final de cuentas, cada presidente que llega para gobernar esta gran nación tiene el derecho de solicitar la modificación de su estructura con base en sus programas de trabajo”.

Por otra parte, señaló que un punto que no prosperó fue el relativo a que la Secretaría de Gobernación (Segob) proveería el servicio de radiodifusión púbica digital a nivel nacional. El Senado lo eliminó de la fracción VIII del artículo 27, y posteriormente lo ratificó la Cámara Baja.

Esa modificación se realizó en el Senado y los diputados la aprobaron, por lo que queda esa función en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

La legisladora indicó que otro aspecto que causó polémica es el relativo a la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque en la iniciativa se planteó que este organismo fuera parte del nuevo gobierno federal.

“Se hicieron las modificaciones correspondientes para que se le quedará la autonomía, porque en la Constitución Política está normado que tiene personalidad jurídica, entonces queda como está actualmente”, acotó.

Entre los cambios que se hicieron al dictamen, a propuesta del PRI, está el de la fracción XXI del artículo 33, para estipular que la Secretaría de Energía coordinará con la CRE la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica.

Detalló que, con los cambios a la ley, se facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a planear y conducir la política general de contrataciones públicas consolidadas, así como la de controlar el presupuesto para éstas, a través de su Oficialía Mayor.

Asimismo, se le otorgó la atribución de designar y remover a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas, que sustituyen a las oficialías mayores en las secretarías de Estado, con excepción de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), que seguirán tendiendo sus respectivas oficialías mayores.

Estas unidades se encargarán de ejecutar los servicios de apoyo administrativo para la planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos y materiales, contabilidad y archivos.