En este 2018 la corrupción costó al país 7 mdp: INEGI

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En este 2018 la corrupción costó al país 7 mdp: INEGI

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Por Genoveva Ortiz

El INEGI informó que durante 2017, 3.1 millones de personas reportaron que habían otorgado dinero indebidamente para obtener algún trámite o servicio público, cuyo monto total ascendió a 7,218 millones de pesos; esta cantidad fue equivalente al presupuesto federal destinado a tres programas sociales: estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, comedores comunitarios y el programa de coinversión social, que en conjunto contaron con un presupuesto de 7 146 millones de pesos en 2017 .

Por su parte, el Instituto de Estadística y Geografía dio a conocer que se estimó que las empresas desembolsaron por concepto de soborno alrededor de 1 612 millones de pesos en 2016.

Pese a que el gasto total de las empresas en sobornos es menor a lo erogado por la población, la carga económica por cada empresa es significativamente mayor.

Así, el costo promedio de los sobornos por unidad económica se estimó en 12 243 pesos, mientras que cada persona víctima de corrupción pagó por este concepto alrededor de 2 273 pesos.

El Instituto precisó que 14.6% de la población adulta en contacto con algún servidor público en 2017 experimentó algún acto de corrupción. Mientras, 5.4% del total de los establecimientos fueron víctimas de corrupción.

En 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 541 delitos por cada cien mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos) fue incluso mayor que la incidencia delictiva de robo en calle o transporte público (11 081 delitos por cada cien mil habitantes).

Al cierre de 2017, 14 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en sus procesos de trabajo; 15 estados lo habían implementado parcialmente.

La corrupción puede ser definida como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”, detalló INEGI.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el INEGI dio a conocer información sobre las experiencias de corrupción que han padecido personas y unidades económicas al intentar hacer algún trámite gubernamental.

Los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública, y Sistema Penitenciario Estatales y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales.

En el país se percibe que la corrupción es una práctica ampliamente extendida en los espacios de acción gubernamental. En 2017, nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio.

Pese a que la ocurrencia de hechos de corrupción no es tan alta como la percepción de esta, la proporción de personas adultas que fueron víctimas de al menos un acto de corrupción se ha incrementado en los últimos años, al pasar de 12.1% en 2013 (3.6 millones de personas) a 14.6% de la población (5.2 millones) que en 2017 tuvo contacto con algún servidor público.

Esto significó que en 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 541 delitos por cada cien mil habitantes) fuera incluso más alta que la tasa de incidencia delictiva de robo en calle o transporte público.

Respecto a las unidades económicas, 247 267 establecimientos fueron víctimas de corrupción en 2017. La prevalencia de corrupción también aumentó significativamente entre 2013 y 2017, para colocarse en un nivel de 5.4% del total de los establecimientos.