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Pide CDHDF respeto a capacidad jurídica de discapacitados

  • La Prensa
  • en México

Por: Patricia Carrasco / GB

Ciudad de México.- En respuesta a la queja interpuesta por 137 personas con discapacidad en 2015, en acompañamiento de la Clínica de Acción Legal del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), contra la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista y la Ley General de Educación.

Y luego que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el Amparo en revisión 714/2017, a partir de un proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se pronunció al respecto de dicha determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Y reiteró que la Capacidad Jurídica de las personas con discapacidad debe ser reconocida plenamente, y que cualquier política que no lo considere, es violatoria de sus derechos humanos.

En un comunicado, detalló que las personas con discapacidad señalan que en ambas Leyes se violan diversos preceptos de la Constitución Mexicana y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Precisó que en el comunicado No. 123/2018 de la SCJN, publicado hoy 3 de octubre, se informa la determinación de la Segunda Sala con respecto al Amparo. Sobre el derecho a la educación inclusiva, determina que “todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario”–sin reglas ni excepciones–, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional”, y sostienen que “en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad”.

Reconoce la determinación de la SCJN para avanzar hacia la Educación Inclusiva y el pronunciamiento que hace sobre la importancia de esto para “combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos”.

Esta determinación es congruente con el Artículo 24 de la CDPD, en la que se reconoce el derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, para lo cual los Estados Partes deben asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida.

Los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), no son opciones de educación regular, sino espacios de Educación Especial que segregan a las personas con discapacidad. La educación inclusiva debe contar con los ajustes razonables para que las personas con discapacidad participen en las escuelas en igualdad de condiciones.

Señala su preocupación por la expedición de leyes por tipo de discapacidad, acción contraria a lo establecido en la CDPD, en la que se establece que los Estados Parte deben garantizar que todas las personas con discapacidad puedan ejercer cada uno de los derechos “en igualdad de condiciones con los demás”.