Poder Judicial resolverá si SEP está obligada a incluir la guerra sucia en programas educativos

Foto: Archivo Gráfico de La Prensa

Poder Judicial resolverá si SEP está obligada a incluir la guerra sucia en programas educativos

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PATRICIA CARRASCO /EM

A 50 años de la masacre de Tlatelolco, cometida en 1968, gran parte de la sociedad mexicana desconoce a plenitud que sucedieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid, señalan organizaciones de la sociedad civil como El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Articulo 19, entre otras.

Destacan que el Poder Judicial resolverá si la Secretaría de Educación Pública está obligada a incluir la guerra sucia en los programas educativos.

Ya que decenas de organizaciones presentaron una demanda de amparo para exigir a la Justicia Federal que subsane esta omisión histórica. El reconocimiento de las atrocidades cometidas por el Estado es fundamental en toda sociedad democrática.

El Estado mexicano, no ha garantizado verdad, justicia y reparación integral del daño a miles de víctimas del periodo histórico conocido como la Guerra Sucia, caracterizado por represión estatal y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Como parte de la dicha omisión encontramos que no hay políticas de memoria para reivindicar a las víctimas y sus familiares. De igual manera, no existen contenidos educativos que permitan vislibilizar las atrocidades cometidas por el Estado mexicano, mismos que debieran formar parte de políticas de reconocimiento, no-repetición, memoria y verdad.

A decir de las organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Educación Pública ha violado el derecho a la verdad de la sociedad mexicana en su conjunto, por no incluir en sus programas educativos la enseñanza de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en México durante la Guerra Sucia de los años 60, 70 y 80.

La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un capítulo que se enmarca en una estrategia de represión estatal y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos a la vida, la libertad e integridad personales que ocurrieron durante la Guerra Sucia. Casos en contextos urbanos (como la Matanza del Jueves de Corpus “El Halconazo”).

Así como en áreas rurales (como la Operación Telaraña y la Operación “Vuelos a Oaxaca”), constituyeron ese período de represión estatal que ha sido reconocido y analizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Oficialmente, se reconocen al menos 771 desapariciones forzadas durante ese contexto.

La crisis de violaciones a derechos humanos que hoy día vive México debe entenderse a la luz de la ausencia de verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Tras la transición electoral en el año 2000, el Estado Mexicano no generó una transición institucional que permita la abolición de prácticas represivas, ni ofreció una justicia transicional a las víctimas.

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado cerró en 2007 sin lograr el acceso a la justicia y sin construir una narrativa sobre qué ocurrió y por qué razones.

En 2016, el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes creado para investigar la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, incluyó entre sus recomendaciones garantizar el derecho a la verdad por los crímenes de la Guerra Sucia.

Las víctimas y sus familiares de la Guerra Sucia no son víctimas del pasado. Son personas agraviadas por el Estado que forma parte de nuestra sociedad y que siguen esperando justicia. Los crímenes no han prescrito legal, moral, ni históricamente. Atender la memoria de este período es el primer paso para formular propuestas para una transición efectiva ante la violencia de la actual guerra contra el narcotráfico y garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de ambos períodos.

El Juzgado Séptimo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo 1014/2018, tiene la oportunidad de emitir una sentencia histórica que reivindique a las víctimas y que permita ir construyendo una nueva relación entre la sociedad en su conjunto y el período de represión estatal y violaciones de derechos humanos conocido como la Guerra Sucia.

Por parte del Poder Judicial de la Federación, como garante de los derechos humanos y el orden constitucional, debe enviarse la señal de que todas las autoridades, incluyendo la SEP, están obligadas a garantizar todos los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, Incluyendo el derecho a la verdad. Confiamos en que el juicio será analizado y resuelto a través de los más altos estándares constitucionales e internacionales en materia de derecho a la verdad y del derecho a la educación, concluyeron las ONG´s.

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