Para darle efectividad en un país que no confía en sus autoridades

No habrá pacificación, sin antes consolidar la operación de la justicia penal: México Evalúa

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Por: Patricia Carrasco / GB

Ciudad de México.- En junio pasado se cumplieron dos años de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que buscaba reestructurar todo el aparato judicial para darle efectividad en un país que no confía en sus autoridades, recordó la organización México Evalúa al presentar su reporte “Hallazgos 2017”.

Edna Jaime, directora general de la organización civil consideró que la consolidación del SJP no será posible en tanto no se fortalezcan sus instituciones de manera integral; por lo que llamó a contar con evidencia que justifique posibles modificaciones normativas y establezca objetivos claros y alcanzables para ellas.

En la presentación del estudio dijo

que Querétaro y Guanajuato fueron los estados mejor evaluados en el ranking nacional; ningún estado alcanza aún el ideal para una operación adecuada.

El promedio nacional de impunidad directa del sistema acusatorio para 2016 fue de 87.3%; 17 entidades presentaron niveles de impunidad superiores a la media nacional.

“No habrá pacificación sin antes consolidar la operación de la justicia penal”, remarcó.

Asimismo, dejó claro que la ausencia de una estrategia y planeación integral a nivel nacional que se traduzca en una política pública efectiva ha derivado en el estancamiento del sistema de justicia penal (SJP).

En la quinta edición del seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, Edna Jaime, llamó a contar con evidencia que justifique posibles modificaciones normativas y establezca objetivos claros y alcanzables para ellas.

Aunque en 2016 las instituciones dijeron estar listas para su operación, la organización México Evalúa reportó que durante ese primer año de implementación, en todo el país los delitos se cometieron con 87 % de impunidad y en 15 estados ésta superó el 90 %.

Los estados que superaron el 90 % de impunidad en 2016 (la última cifra oficial en materia de impunidad) fueron: Ciudad de México, Durango, Zacatecas, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán, Tlaxcala y Jalisco: los dos últimos superaron el 99 % de delitos cometidos sin castigo. Incluso en la entidad mejor evaluada (Guanajuato), el nivel de impunidad superó la mitad de los delitos cometidos, llegando casi a 60%.

En este sentido, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, coincidió en la importancia de los procesos de evaluación continua, tanto al interior como al exterior de las instituciones, que posibiliten la generación de diagnósticos y de datos relevantes para el ajuste y la mejora.